El último reporte semestral del BCU sobre el sistema de pagos minorista confirma que hemos alcanzado un alto nivel de digitalización financiera. Las transferencias instantáneas crecen de forma sostenida, las billeteras electrónicas se consolidan y los pagos mediante códigos QR ya son parte de la vida cotidiana. Solo en el primer semestre de 2025, Uruguay registró 107 millones de transferencias por $10,3 billones, un aumento del 22% respecto a 2024. Además, el uso de dinero electrónico creció un 33%, mostrando que los uruguayos prefieren operar digitalmente. A su vez, los pagos móviles y web crecieron 15% y 24% respectivamente, consolidando la preferencia por canales digitales. Se registraron 22 millones de operaciones instantáneas entre bancos.
Sin embargo, a pesar del fuerte avance de las fintech y de la madurez tecnológica del sistema, seguimos sin contar con un banco 100% digital. A mi modo de ver, tener una licencia regulatoria específica para bancos digitales abriría interesantes oportunidades. Hoy, las entidades que pretenden ofrecer un menú completo de servicios financieros tipo banca universial —tomar depósitos, otorgar préstamos, operar cuentas corrientes, servicios de pago, asesoramiento en inversiones, operaciones cambiarias, o brindar banca privada— deben obtener una licencia de banco universal, con exigencias costosas y diseñadas para una estructura tradicional.
Como alternativa, las empresas fintech deben fragmentar sus operaciones, y aún así no lograrían el modelo universal. Por ejemplo, deben solicitar una licencia de institución emisora de dinero electrónico para actuar como monedero digital, emitir dinero electrónico, por un lado; por otro, registrarse como administradora de crédito para ofrecer tarjetas de crédito; y/o inscribirse como entidad otorgante de crédito para prestar o hacer factoring; y/o tramitar un registro como proveedor de servicios de cobranza y pagos.
Cada permiso impone límites distintos y ninguno permite captar depósitos, prerrogativa exclusiva de las entidades de intermediación financiera. El resultado es un entramado regulatorio complejo, costoso y poco eficiente, que obstaculiza la innovación y dificulta la supervisión.
Un banco digital nativo, con licencia propia, permitiría integrar estos servicios en una sola plataforma, simplificando la experiencia del usuario, reduciendo costos y fortaleciendo la competencia en el sistema financiero con resultados positivos en términos de inclusión financiera y eficiencia operativa.
Con requerimientos proporcionales a la escala y al riesgo de las operaciones, sería una señal clara de apertura e innovación regulatoria. Requisitos diferenciados en términos de capital, solvencia y liquidez. Al haber ausencia de sucursales físicas, el foco estará en la infraestructura tecnológica y de seguridad informática. Promovería la competencia y haría más accesibles los servicios financieros a toda la población, especialmente a los segmentos aún subatendidos o en zonas geográficas aisladas.
Crear una licencia específica no implica desregular, sino modernizar la regulación para acompañar la evolución tecnológica, como incorporar la inteligencia articificial en varias de los servicios que hoy ayudarían a los usuarios. El BCU ya ha recorrido el camino de crear una licencia específica y restringida dentro de la intermediación financiera: la de banca minorista, por lo que existe antecedente en ese senido.
En mi opinión, introducir una licencia de banca 100% digital no reemplaza a la banca existente, sino que complementa el ecosistema. Permite que nuevos actores innoven, ofrece a los ciudadanos más opciones y fortalece la competitividad del sistema financiero.
Sería dar un paso estratégico y convertirse en un referente regional de innovación financiera.
