La Cámara Uruguaya de Franquicias (Caufran) avanza en la redacción de un proyecto de ley que brinde mayor seguridad jurídica y reglas claras al sector. En Uruguay, no existe una normativa específica que regule el contrato de franquicias, un modelo de negocio en el que una empresa (franquiciante) otorga a otra (franquiciado) el derecho a utilizar su marca, know-how y sistema operativo, a cambio de pagos o regalías, para comercializar productos o servicios bajo un formato previamente probado.
En ese contexto, la Caufran trabaja en la redacción de un proyecto que establezca los derechos y obligaciones de cada parte y que permita posicionar a Uruguay en el radar de inversores internacionales.
“Brasil, Argentina, México y países de Europa han tomado esta iniciativa y tienen sus propias regulaciones, lo que hace que empresarios de estos países sean reticentes a llegar a Uruguay, porque es un ecosistema al que no están acostumbrados y en que el que están atados a los principios generales del derecho”, explicó a El Observador el escribano Juan Martínez, de la consultora KPMG e integrante de la comisión encargada de redactar la propuesta legislativa.
Según detalló el especialista, el objetivo de la regulación es establecer normas mínimas que otorguen garantías tanto al franquiciante como al franquiciado, así como también al consumidor.
En este sentido, uno de los puntos clave es delimitar claramente el rol de cada parte; además, se busca que los contratos sean de carácter colaborativo y no asociativo.
Otra de las disposiciones incluidas —presente en la mayoría de las leyes de la región— es la obligación de brindar información previa antes de firmar un contrato de franquicia, así como establecer mecanismos para evitar malos usos de esta figura comercial.
"Se busca tomar las soluciones que han tenido mayores efectos positivos tanto en franquiciantes como en franquiciados en otros países de la región. La idea no es encorsetar mucho la operativa y que se termine regulando más de lo que es necesario", detalló Martínez. De esta manera, las regulaciones de Argentina y Brasil son algunas de las que más se están tomando como referencia, indicó.
La comisión prevé culminar la redacción del articulado en los próximos dos meses. El proyecto será presentado ante la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y actores del ecosistema para su análisis y debate previo a su envío al Parlamento.
Desde grandes cadenas internacionales de comida rápida, hasta marcas nacionales que se expanden regionalmente, en Uruguay, actualmente hay más de 500 franquicias activas, según los datos que maneja la Caufran. El 70% de estas es de origen local y solo entre los socios de la cámara se estima una facturación anual de US$ 129 millones. Además, se estima que 800 empleos directos y 5.500 indirectos nacen de este modelo de negocio.
En los últimos meses, marcas internacionales como KFC y Cinnabon anunciaron su desembarco en Uruguay a través de este modelo de negocio.
