7 de abril de 2026 9:33 hs

Llegó el último ciclista y oficialmente comenzó el año. Ahora que la rueda vuelve a girar con fuerza el objetivo del gobierno está claro: crecer.

Para lograrlo la inversión privada es fundamental y la administración de Orsi volvió a apostar por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) como herramienta central para incentivarla con un nuevo decreto (329/025) que entró en vigencia en febrero.

En entrevista con Café y Negocios para esta newsletter la directora nacional de Incentivo a la Inversión, Isabella Antonaccio, explicó los motivos que llevaron a la Comap a actualizar la normativa. Precisó que el decreto 268, válido desde el 2020, estaba ligado a un contexto de pandemia que requería determinadas flexibilidades. En definitiva, fue diseñado para otro escenario que no coincide con la coyuntura actual.

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Para Antonaccio, también había un mal funcionamiento de esta herramienta que propició el cuello de botella con el que se encontró al asumir, cuando había más de 4.000 proyectos pendientes de evaluación.

La actualización que se promovió tocó varios temas entre los que se destaca la democratización de los beneficios- para facilitar su acceso a las mipymes-, el estímulo a la innovación -aunque sea a pequeña escala- y también potenciar la descentralización.

En términos generales, la nueva regulación mira con lupa los objetivos para otorgar los beneficios: las inversiones tienen que estar directamente vinculadas al objetivo del proyecto. Esto tiene como fin evitar abusos y destierra la posibilidad de incluir, por ejemplo, autos de alta gama en proyectos promovidos como llegó a suceder con el decreto anterior.

Grandes titulares de los cambios de la Comap hablan de cambios en las exoneraciones a los mega proyectos (inversiones superiores a US$ 30 millones que podrán acceder a exoneraciones de IRAE de hasta 100% si cumplen con requisitos de empleo e innovación y se ejecutan en el tiempo estipulado por la norma).

Al mismo tiempo hubo cambios en los criterios de descentralización, ¿qué significa esto? Que el gobierno tomó una decisión acerca de dónde incentivar la inversión y dónde desestimularla y esto se refleja en la cantidad de puntaje que otorga invertir en cada lugar. Cabe recordar que a mayor porcentaje, más posibilidades de acceder a las exoneraciones.

Invertir en la capital del país no genera puntos para la Comap. ¿Qué significa esto? Que existe una apuesta del Ministerio de Economía y Finanzas por estimular la inversión fuera de Montevideo que, de hecho, está excluido del indicador.

Si ponemos la lupa en el nuevo mapa de la inversión, podemos ver qué departamentos son los que puntúan más y cuáles menos.

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Recientemente, en un espacio de análisis que el Estudio Bragard abrió sobre los cambios en la ley de promoción de inversiones, los contadores Fabiana Martínez, Cyntia Carballo y Paul Ourthe-Cabalé presentaron un mapa donde se detalla la variación en cada región y destacaron que los únicos tres departamentos en los que se aumentó el puntaje para incentivar la inversión fueron San José, Treinta y Tres y Tacuarembó.

Al mismo tiempo se mantiene alto el puntaje en Artigas (10, el máximo), Cerro Largo (9) y Río Negro (9).

Además de Montevideo —que pasó de cuatro puntos a cero—, los principales desincentivos se ven en Rocha, Soriano, Canelones y Colonia donde el puntaje bajó tres puntos comparado con el régimen anterior. En Salto, Florida, Flores y Maldonado, en tanto, bajó dos puntos.

En cuanto a la diferencia entre la cantidad de inversiones en Montevideo versus el interior, Antonaccio remarcó que si bien las inversiones más importantes como plantas de celulosa o parques eólicos se radicaron en el interior, existe un núcleo duro de muchas empresas que invierten montos menores pero lo hacen indefectiblemente en el Área Metropolitana. Y hay, para el gobierno, oportunidades de mejora para lograr que esta ecuación sea más equitativa.

¿Qué criterios aplica la Comap para definir las zonas a incentivar?

El indicador que determina en qué zonas se fomenta la inversión se trabajó especialmente desde la Comap en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Sobre la decisión de excluir a la capital, la directora Nacional de Incentivo a la Inversión, detalló que el objetivo estuvo puesto en descentralizar y, por tanto, alejarse de la concentración de inversiones en Montevideo.

Antonaccio explicó que para construir este indicador se tomaron en cuenta distintas variables socioeconómicas como la tasa de informalidad laboral, el desempleo e indicadores que están asociados a la pobreza, “tanto a nivel monetario — la línea de pobreza—, como la pobreza multidimensional, que desde hace un tiempo está relevando el INE”.

Por lo tanto, los departamentos que tienen mayor puntaje son los que tienen más problemas de empleo y pobreza: Artigas y Treinta y Tres seguidos por Cerro Largo, Río Negro, Tacuarembó, Salto, Paysandú y Rivera.

Para Antonaccio, el principal logro del nuevo decreto es que en Uruguay “un montón de empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, no podían acceder a Comap” y, ahora, el nuevo diseño las incluye. Esto además se amplificará por medio de los Centros Pyme que ANDE gestiona en todo el país.

Inversiones con más innovación

La actualización del decreto pone en primera plana a la innovación. ¿El motivo? Las estadísticas asociadas a las actividades de ciencia, tecnología e innovación indican que en Uruguay el sector privado tiene tasas de innovación bastante magras.

El principal cambio en este sentido estuvo asociado a bajar las barreras de lo que se computa como innovador.

El decreto anterior consideraba que lo innovador era aquello que se veía por primera vez en el país o en el sector, mientras que el actual ya considera innovador algo que se introduce como novedad en la empresa. “Tenemos en cuenta la adecuación tecnológica”, apuntó Antonaccio y resaltó que las organizaciones lo necesitan para ser más productivas, aunque no signifique una innovación a nivel país.

En ese sentido, la incorporación del Ministerio de Ambiente en la Comap también fortaleció que se valoren los procesos de producción sostenible.

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