En Uruguay, estas alternativas sin humo están prohibidas y el cigarrillo se vende con una importante carga tributaria producto del Programa Nacional para el Control del Tabaco, creado por el gobierno de Tabaré Vázquez en 2005.
Según el artículo “El control del tabaco en el Uruguay: evolución de los últimos 20 años”, publicado en 2024 por el Sindicato Médico del Uruguay, entre 2001 y 2021, los impuestos reales crecieron un 123% y el precio real de la cajilla de cigarrillos un 84%. Un 65% de ese precio corresponde a impuestos.
La publicación señala que esta política tuvo como resultado una caída del 72% de caída de consumo en los jóvenes y un aumento en la edad en la que empezaron a fumar. En tanto, en adultos, el consumo de cigarrillos disminuyó un 33% en ese período.
Ese programa fue el origen de la demanda que Philip Morris inició contra el Estado uruguayo por US$ 25 millones en 2010. Seis años después el fallo fue favorable a Uruguay.
En 2021, en plena expansión de la compañía con su nuevo portafolio de productos sin humo, la tabacalera vio una ventana de oportunidad para avanzar en el país cuando el expresidente Luis Lacalle Pou modificó la regulación y autorizó dispositivos electrónicos de tabaco calentado, al tiempo que también flexibilizaba el empaquetado neutro de las cajillas de cigarrillos.
En este contexto, Matías O’Farrell, VP de Philip Morris International, reconoce, en entrevista con El Observador, que la compañía analizó el desembarco de esos productos en Uruguay, aunque finalmente decidió desistir.
“Tuvimos una charla muy interesante dentro de la compañía. La decisión fue no lanzar porque todo lo que rodeaba la liberación de ese producto, las otras condiciones, no estaban dadas”, indica O’Farrell y apunta al “tema impositivo”, al “empaquetado neutro” y a otras limitaciones de la normativa que seguía enmarcando a los dispositivos con las mismas reglas que los cigarrillos.
“Una única variante por marca, sin color, sin nada. Sin poder hacer publicidad y explicarle al consumidor qué es este producto”. “Llega un momento que las barreras son tan altas que no hay manera de que se lance un producto así”, explica O’Farrell, que define al entorno de Uruguay como “muy hostil” para avanzar con un lanzamiento de estas características.
El ejecutivo espera de Uruguay “una regulación un poco más amable para este tipo de productos” y apunta que la empresa no tuvo contacto con el gobierno actual ni antes ni después de que la administración liderada por Orsi definiera cerrar por completo esa ventana y dejar sin efecto lo dispuesto por Lacalle Pou, manteniendo la prohibición de los dispositivos electrónicos de tabaco calentado.
“Nos tomó un poco por sorpresa”, dice el ejecutivo sobre la definición del gobierno de Orsi. “Se venía trabajando todo lo contrario, para crear un ambiente más hospitalario para empezar a mover ciertas regulaciones para que estos productos sean exitosos”.
El ejecutivo da cuenta de que en aquellos países donde las alternativas al cigarrillo se implementaron exitosamente, como Japón y Suecia, la compañía cuenta incluso con beneficios fiscales para introducir estas opciones a un costo accesible y favorecer el pasaje de los fumadores a alternativas de riesgo sanitario menor.
“La evidencia empieza a acumularse de tal manera que no hay como negarla”, sostiene O’Farrell, que toma como punto de referencia a Argentina, país que eliminó la prohibición que caía sobre estos dispositivos luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) hiciera más flexible su postura a propósito de los vapeadores y admitiera nuevas variedades.
“Seguramente ya tenés consumidores de estos productos en Uruguay. Te guste o no te guste”, señala O’Farrell y agrega: “Tengo la esperanza de que en Uruguay la racionalidad prime y que se empiecen a discutir nuevamente alternativas al cigarro y que avancemos con una agenda en común”.
En este punto, el VP de Philip Morris International, remarca: “Me cuesta entender cómo se mantiene el cigarrillo y no se dejan estos productos que claramente son mejores”.
Pero, ¿por qué la compañía sigue vendiendo cigarrillos si tiene plena conciencia de su daño? Su respuesta va en línea con un proceso de reconversión. “Si yo lo dejo de vender el resto (la competencia) lo va a seguir vendiendo, no es que se acabó Marlboro, y yo qué hago con todo ese dinero que estaba usando para reinvertir en estos productos (alternativos)”. Sin embargo, el ejecutivo está convencido de que “en algún momento se va a vender esa parte del negocio” y el foco de la compañía es que sea lo antes posible.
Estos dispositivos que se ofrecen como alternativas al cigarrillo tradicional se venden en 109 países, y para eso la firma invirtió, de 2008 a esta parte, US$ 16.0000 millones en innovación, desarrollo y comercialización. Esta inversión la toma, en gran medida, de la venta de cigarrillos.
Conscientes del daño a la salud que de todos modos causan sus productos, la firma saca del foco a la nicotina y se centra en la combustión. Según sus estudios científicos, este factor es el principal desencadenante de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, que constituyen la primera causa de muerte evitable en Uruguay. El momento de la quema de la nicotina es, en efecto, cuando se liberan altos niveles de sustancias químicas nocivas presentes en el humo que se inhala.
“Nuestros productos están dirigidos a usuarios de nicotina y a fumadores adultos. Lo mejor es no fumar. Si fumás, te invitamos a dejarlo y, si no, queremos que tengas información basada en ciencia y tecnología para poder tomar la mejor decisión y cambiar a mejores alternativas que el cigarro convencional”, resume la gerente de Sustentabilidad y Asuntos Regulatorios de Philip Morris International, Paulina Villegas.
Reducción de daños
El concepto de reducción de daños con el que busca reconvertirse Philip Morris se traduce en productos diferenciados. Su caballito de batalla, IQOS, un dispositivo basado en el calentamiento del tabaco, cuyas ventas recientemente superaron a las de su competidor Marlboro, según informaron desde la compañía.
También pouches o bolsitas de nicotina o de tabaco que se absorben oralmente y dispositivos vaporizadores que calientan líquido con nicotina.
En todos los casos los dispositivos presentan riesgos para la salud, aunque desde la tabacalera remarcan que su perjuicio es menor al del cigarrillo y por eso se presentan como alternativa para los ya fumadores. En este sentido, O’Farrell destaca, a partir de los estudios realizados en su principal mercado, Japón, que la iniciación del consumo con este tipo de dispositivos comercializados por Philip Morris "es prácticamente cero". En el caso de los jóvenes la principal barrera es el precio (rondan los US$ 100).
El rol del comercio ilícito
El comercio ilícito es otra de las aristas del problema que estuvo en debate en Technovation. Alejo Campos, director regional de la organización Crime Stopper, dejó de hablar de crimen organizado para hablar de una convergencia criminal que ya se estructura como una corporación.
“El cigarrillo de contrabando es un producto más de la economía ilícita que ellos operan. Lo mismo que el narcotráfico o una persona que es explotada, es un producto. El cigarrillo es uno más y depende de la oferta y la demanda criminal del mundo, como cualquier corporación, qué producto van a poner en su ruta. Mientras el cigarrillo sea una oportunidad criminal, lo van a poner”, sostiene.
En este sentido, Carlos Matienzo, fundador y director de DataInt, resalta que en los mercados sobrerregulados es donde el crimen organizado “puede tener una ventaja competitiva da de precio y de mercado sobre actores formales”, lo que se refleja en el tabaco pero también en otros productos legales, como el alcohol, e ilegales, como la mayoría de las drogas.
“Gran parte de la economía criminal ya forma parte del producto bruto interno de los países”, dice Campos y resalta que representa casi el 15% del PBI a nivel global, sobre todo, mediante ecosistemas de activos digitales que al estar faltos de regulación en muchos países de la región se prestan para este tipo de usos, aunque no hayan sido creados con este fin. “Así como hay una convergencia criminal, tiene que haber una convergencia regulatoria y legislativa”, concluye el exviceministro del Interior chileno, Juan Francisco Galli.
