La piratería audiovisual se ha convertido en uno de los problemas más graves para la industria en Uruguay y el resto de América Latina. Con prácticas que van desde el acceso ilegal a señales de televisión paga hasta el uso de plataformas de piratería en línea, el impacto económico es devastador.
Un informe de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, una organización sin fines de lucro que busca combatir todas las formas de piratería, pone cifras a este tema según datos de 2023.
Esta Alianza está integrada por los principales actores de la industria audiovisual en América Latina, incluyendo operadores de TV paga como DirecTV y SKY Brasil, programadores y productoras como Warner Bros. Discovery y Disney.
Para estimar el alcance de la piratería en Uruguay, la empresa de opinión pública BB Media encuestó a usuarios residenciales en las principales ciudades del país, incluyendo Montevideo, Paysandú, Salto y Punta del Este.
La investigación se llevó a cabo a través de encuestas telefónicas y, según indicó la organización, se aseguró la representatividad de los distintos niveles socioeconómicos. En total, se asegura un margen de error inferior al 4%.
Piratería en televisión paga: modalidades y cifras
La piratería de televisión paga se refiere al uso no autorizado de servicios de televisión que requieren suscripción.
La piratería de señal de televisión paga abarca varias modalidades ilegales. La más importante es lo que se llama “robo de señal”, que está subdividida en tres subcategorías.
La primera son las conexiones ilegales, donde consumidores usan redes de cable o decodificadores legales para compartir la señal sin pagar. La segunda es la retransmisión, realizada por proveedores piratas que redistribuyen señales de TV mediante decodificadores legales. Y la tercera es la piratería de FTA, donde se utilizan antenas satelitales para desbloquear canales de TV paga de manera ilícita. Hay 52.627 usuarios en Uruguay que roban señal a través de conexiones ilegales.
También existe lo que se llama “subreporte de suscriptores”. Consiste en que los operadores de televisión informan menos suscriptores de los que realmente tienen. Esto les permite evadir impuestos. En este caso, los usuarios finales a menudo no saben que están accediendo a un servicio irregular. En Uruguay, 82.104 usuarios reciben el servicio bajo esta modalidad.
Sumadas el robo de señal y el subreporte, en Uruguay 134.731 usuarios que ven TV paga de manera ilícita. Representa el 18% del mercado total, refleja el estudio.
Esto genera pérdidas para los proveedores de TV de US$ 26.050.151 en Uruguay. Solo en IVA implica una pérdida para el Estado de US$ 14.327.583.
Piratería en línea: crecimiento alarmante
El avance de la piratería en línea ha exacerbado la problemática. Más de 516.348 hogares en Uruguay consumen contenido pirata a través de internet, lo que representa el 45,3% de los hogares con banda ancha.
Este tipo de consumo acarrea problemas informáticos. En el informe se revela que los delincuentes pueden espiar al consumidor, robando datos como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información personal. Además, pueden potencialmente obtener el control de los dispositivos del usuario y amenazar con eliminar su información pidiendo a cambio un pago de rescate. Adicionalmente generan publicidad no deseada como pornografía y juegos de azar entre otras que también pueden resultar un canal de infección por virus, malware u otros softwares maliciosos.
¿Cómo acceden los usuarios a estos conteniods? Una de las formas más utilizadas es a través de plataformas de streaming ilegales. El caso más famoso es RojaDirecta o Cuevana. Estas páginas ofrecen acceso a películas, series y eventos deportivos en vivo de forma gratuita o por un costo menor al de los servicios legales.
Los métodos de piratería en línea incluyen diversas formas de acceder ilegalmente a contenido audiovisual. Entre los más comunes están el streaming ilegal, que permite ver películas, series y eventos en vivo directamente desde el navegador; la descarga directa, a través de páginas que permiten bajar contenido ilícito; los torrents públicos y privados, que funcionan con intercambio P2P; y los stream rippers, que descargan archivos de plataformas como YouTube. Además, las fuentes sociales facilitan el acceso a contenido pirata mediante enlaces compartidos en redes sociales.
En Uruguay, hubo 516.348 hogares que consumieron piratería online. Esto representa el 45,3% de los hogares del país.
Impacto económico y fiscal
El robo de señal y el subreporte generan un impacto económico significativo en Uruguay. Según estimaciones, la piratería en televisión paga, que incluye tanto conexiones ilegales como subreporte de suscriptores, provoca pérdidas anuales de 26 millones de dólares para la industria. Estas prácticas afectan directamente a los proveedores de televisión paga, que no solo pierden ingresos por suscriptores legítimos, sino que también enfrentan una competencia desleal por parte de quienes ofrecen servicios piratas, aseguran en el informe.
En cuanto a los ingresos potenciales que pierden las empresas que producen contenido por culpa de la piratería online, se trata de US$ 112,4 millones. El Estado, en este caso, pierde de recaudar 24,7 millones por el IVA.
Sobre robo de señales de TV, el Estado pierde US$ 14 millones por concepto de IVA.
Este importe “se incrementaría drásticamente” si se incluyeran todos los impuestos federales/municipales, impuestos a las ganancias, tarifas regulatorias y costos de licencias (ej.: tarifas de licencias, tarifas de espectro, derechos de aterrizaje de señales.
Pérdida de trabajo por culpa de la piratería
La piratería por robo de señal y subreporte en la televisión paga en Uruguay provoca una considerable pérdida de empleos. Se estima que el mercado ilegal en este sector impide la creación de 269 puestos de trabajo formales. Estos empleos incluyen tanto labores directas dentro de las empresas de televisión paga como servicios indirectos, lo que afecta el dinamismo de la industria y limita la creación de oportunidades laborales en el país.
Por otro lado, la piratería en línea también tiene un impacto en el empleo. En Uruguay, el estudio calcula que 516 puestos de trabajo se perdieron en 2023 debido al consumo ilegal de contenido a través de plataformas digitales. La falta de regulación y la evasión de impuestos en este sector ilegal afecta la capacidad de las empresas para invertir en innovación y en la contratación de personal, concluye la investigación
