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15 de enero 2026 - 5:00hs

El Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) divulgó en las últimas horas la primera edición de su Barómetro Energético, que pone el foco en el mercado de combustibles y en lo sucedido durante 2025 tras el cambio de gobierno.

El reporte al que accedió El Observador da cuenta de que, entre marzo y diciembre, los consumidores uruguayos pagaron US$ 88 millones por encima del precio de importación de la nafta Súper 95 y del gasoil 50S.

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Según el informe, con este cambio de criterio, “la sociedad volvió a pagar un sobreprecio que llegó a US$ 39 millones en nafta Súper 95 y alrededor de US$ 50 millones en gasoil 50S —con IVA incluido—”.

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En contraste, según el CEPP, con la metodología aprobada en 2021, hasta febrero de 2025 “la sociedad ahorró alrededor de US$ 450 millones y aun así Ancap arrojó resultados positivos —salvo cuando la refinería, su principal actividad, estuvo sin producir por mantenimiento y conflictos gremiales—”.

Si también se considera el supergás y se elimina el efecto del IVA (en supergás y gasoil), la renta monopólica neta para Ancap se ubicó en alrededor de US$ 35 millones. Esto se origina en un sobreprecio de US$ 39 millones para la gasolina, un sobreprecio de US$ 40,5 millones en el gasoil y un subsidio implícito al supergás de US$ 35 millones, según se explica en el informe.

La captura de la renta monopólica en gasolina y gasoil representa más de 0,1% del PBI del Uruguay.

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Precios locales vs Precio Paridad de Importación

El informe advierte que, en los hechos, el PPI funcionó más como una referencia informativa que como un ancla efectiva para la fijación de precios, reflejando el uso de los combustibles como "una herramienta de financiamiento fiscal".

En los principales combustibles líquidos, los precios locales fijados por el Poder Ejecutivo nunca estuvieron por debajo de la paridad de importación en 2025, a diferencia del período anterior, “en el que siempre fue más barato refinar que importar”, dice el informe.

En ese sentido, el sobreprecio entre el valor definido por el Poder Ejecutivo para que Ancap venda a los distribuidores para su comercialización en Uruguay y el valor de referencia para el gasoil 50S fue de $ 2,16 por litro en promedio, con un máximo de $ 3,52 en setiembre y un mínimo apenas por encima de la paridad en agosto.

Para la nafta Súper 95, el sobreprecio fue de $ 2,40 por litro en promedio, alcanzando un máximo de $ 3,08 en julio y un mínimo de $ 1,47 en mayo.

“En términos económicos, esta brecha refleja la utilización de los precios de los combustibles como un instrumento de financiamiento fiscal, con impactos sobre el costo de vida y la competitividad”, señala el texto.

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Los costos ajenos a Ancap

A diciembre, y en lo que refiere al gasoil, el 42% del PVP máx. corresponde a impuestos y costos de la cadena de distribución (fletes, distribuidores y estaciones de servicio), componentes que son ajenos a Ancap.

En la gasolina, la participación de los impuestos y los costos y márgenes de la cadena de distribución fuera de Ancap asciende al 61%.

Los combustibles líquidos incluyen dentro del rubro impuestos un componente destinado a financiar el Fideicomiso del Transporte, que recibió US$ 67 millones de los consumidores entre marzo y diciembre. Este fideicomiso tiene por objetivo financiar y sostener a las empresas de transporte de pasajeros.

Por otro lado, el reporte recuerda que el Poder Ejecutivo determina el precio máximo de venta al público (PVP máx.) para todos los combustibles, pero el precio en el surtidor es determinado libremente por la estación de servicio hasta ese máximo. “No se observan estaciones con precios diferentes a ese máximo, lo que constituye una evidente falla en el sistema regulado, que no alienta una competencia libre”, afirma el documento.

Supergás subsidiado: “financiamiento presenta bajos niveles de transparencia”

Ancap comercializa el supergás a los envasadores y distribuidores a un precio $ 5,72 por kilogramo inferior al precio de referencia (Precio Ex Planta, PEP), lo que configura un subsidio explícito en la cadena de comercialización, según el CEPP.

Este mecanismo tiene como objetivo mantener un precio final más accesible para los hogares, particularmente en los segmentos de menores ingresos.

Y en la estructura del precio final del supergás, los costos de envasado y de distribución secundaria, realizados por privados bajo un régimen de precios administrados, representan aproximadamente el 45% del costo total, mientras que la carga impositiva explica cerca del 18%.

“El subsidio no solo llega al consumidor, sino que claramente beneficia a la cadena de distribución y envasado”, señala el informe.

El documento subraya que la comercialización de supergás a un precio inferior al de referencia definido por la Ursea generó, en el período analizado, pérdidas estimadas en US$ 44 millones.

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Dicho resultado fue compensado mediante un esquema de subsidios cruzados, que implica que los consumidores de naftas y gasoil absorban parte del costo de la política de contención del precio del supergás.

El CEPP remarca además que este mecanismo, que implicó pérdidas estimadas en torno a los US$ 44 millones en el período analizado, no fue aprobado explícitamente por el Parlamento ni reflejado de forma directa en el presupuesto público.

“Este mecanismo de financiamiento presenta bajos niveles de transparencia, al no estar explícitamente aprobado por el Parlamento ni reflejarse de forma directa en el presupuesto público. Asimismo, no se alinea con buenas prácticas internacionales, ya que distorsiona los precios relativos y difumina las responsabilidades en el diseño y financiamiento de las políticas sociales”, concluye el informe.

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