El sector financiero desarrolló un plan de reestructuración que culminó el viernes pasado
Programa para cancelar deudas
Un programa de reestructuración para deudores de bancos e instituciones financieras captó el interés de 204 mil personas que aceptaron regularizar su situación crediticia. De ese total, más de 117 mil lograron cancelar cuentas pendientes.
A principios de julio, la Asociación de Banco Privados (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac) presentaron el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas. El plan apuntó a personas registradas como categoría 5 (deudores incobrables) en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU), que debían estar anotadas al 30 de abril de 2022 y haber permanecido en esa situación hasta mayo de este año.
Los bancos que participaron fueron BBVA, Banco República (BROU), Heritage, HSBC, Banco Itaú, Banco Santander y Scotia.
Las financieras fueron Anda, Cash, Credisol, Creditel, Crédito de la Casa, Crédito Naranja, Crédito Uruguayo, Crédito Valor, Crediton, Fucac Verde, OCA, Pronto, República Microfinanzas, Volvé, Acac, Nativa y En la Mano.
También se sumaron las empresas especializadas en cobranza de carteras de morosos Mercurius, Fabraler y Viemventura y la administradora de créditos Credi Yí.
La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Economía y el BCU.
El programa apuntó a 865.119 habilitados para acceder a la refinanciación o cancelación de préstamos o créditos y fue dirigido a quienes tenían una deuda menor a $ 100.000 por institución financiera, con un ingreso mensual también menor a esa cifra.
Además se incluyó una opción para deudores con un saldo de capital menor a $ 5.000 en cada institución. En este caso, las empresas y bancos aceptaron condonar esos préstamos sin que eso conllevara ningún trámite para el deudor.
El BCU informó este miércoles que según datos aportados por la industria financiera hubo 545.456 personas que ingresaron a la web disponible para acceder a información.
Según los datos brindados se reestructuraron o cancelaron 282.182 deudas correspondientes a 204.326 personas. De ese total hubo 117.617 personas que cancelaron deudas de manera automática, mientras que 95.406 acordaron una reestructura. El BCU aclaró que había personas que además de reestructurar también obtuvieron condonaciones de deudas. En cantidad de operaciones se verificaron 123.863 cancelaciones y 158.319 reestructuraciones.
El programa abarcó operaciones de crédito concedidas por bancos y financieras a personas físicas o adeudos derivados de antiguas relaciones comerciales. Quedaron excluidas operaciones de crédito de financiamiento de automotores, transacciones de crédito con garantía hipotecaria, prendarias o con fianza personal y saldos de garantía de alquiler.
Las deudas por hasta $ 100.000 se pudieron refinanciar hasta en 48 cuotas, sin ninguna actualización de capital, sin intereses, multas ni recargos.
Quedó establecido que el plazo para abonar la primera cuota sea el 31 de diciembre próximo. Con esa posibilidad se buscó que el deudor pueda contar con el pago del aguinaldo para afrontar los primeros pagos.
La secretaria ejecutiva de ABPU, Bárbara Mainzer, dijo a El Observador que el programa superó las expectativas de todo el sistema financiero.
Uno de los problemas que visualizaba el sector es que había deudores sin interés en refinanciar préstamos impagos. Pero desde su visión, en este caso se produjo un “efecto contagio” entre personas que tenían operaciones en bancos o financieras sin saldar.
El presidente del BCU, Washington Ribeiro, explicó que el programa “tuvo como premisa la practicidad y la sencillez del trámite para alcanzar la mayor adhesión posible”.
Añadió que “se logró el objetivo de contemplar la situación de miles de uruguayos que durante años buscaron una solución a su endeudamiento moroso” y que “demostró el interés de los ciudadanos por conocer y verificar su calificación crediticia”.
El BCU se abocará ahora a estudiar el comportamiento de los participantes en el programa de reestructuración con la finalidad de obtener insumos para el diseño de nuevas políticas de mejora del mercado de crédito.
Otro objetivo es ofrecer mayores herramientas de educación financiera. En ese sentido se firmó un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Esto posibilitará tener un mayor alcance y llegar directamente y a temprana edad a los alumnos y colocar a la educación financiera en su currículo”, dijo Ribeiro.
