¿Qué tiene que ver el dinero que aportan los trabajadores a las AFAP con la obra pública?
El dinero de la cuenta de ahorro individual forma parte del fondo total que administra cada AFAP. Ese es el dinero que se encuentra invertido, parcialmente, en obra pública.
“El trabajo de las AFAP es invertir esos dineros, como forma de rentabilizarlos. Eso está sujeto a un marco regulatorio del Banco Central que define ciertos topes de riesgo, ciertos activos donde pueden invertir y otros donde no se puede invertir”, explicó Alfonso Capurro, economista, socio de CPA Ferrere y presidente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) a El Observador.
El escenario actual
A finales de junio de 2024, las AFAP en Uruguay tenían 1,6 millones de afiliados. Prácticamente la mitad de la población. Y, por esa fecha, el total de fondos administrados era igual a US$ 23 mil millones.
Hasta diciembre de 2023, el promedio de los jubilados afiliados obtenía $ 8.826 mensuales por su aporte a las AFAP, mientras que las jubilaciones pagadas por el Banco de Previsión Social (BPS) promediaban en $ 34.996, en julio de ese año.
El régimen previsional “mixto” que rige actualmente implica eso, que quien esté afiliado a una AFAP reciba ambas jubilaciones, esa y la del BPS.
Lo que quiere cambiar el plebiscito es, a grandes rasgos, bajar la edad de jubilación (pasar de 65 a 60 años), que las jubilaciones mínimas estén empatadas con el salario mínimo y la eliminación del sistema de ahorro individual (hoy administrado por las AFAP).
Las AFAP, entonces, son organizaciones que administran los fondos que ingresan a las cuentas individuales, para generar rentabilidad y engrosar ese ahorro a través del tiempo, hasta que esa persona se jubila.
“En este contexto, siguiendo criterios de análisis y diversificación de riesgos, las AFAP procuran administrar los fondos usando el abanico de oportunidades que permite la norma”, explicó Magdalena Perutti, socia de Asesoramiento Financiero e Infraestructura de KPMG, a El Observador.
De un lado están los trabajadores que aportan y las AFAP. Del otro, están los proyectos de infraestructura (públicos o privados) que necesitan financiamiento, tanto público como privado.
Si se juntan las dos puntas, lo que sucede es esto: se emiten títulos que cotizan en bolsa para financiar infraestructura pública y las AFAP los compran para invertir el dinero de las cuentas individuales, para generar rentabilidad y “engrosar” esas cuentas.
Por eso, el dinero que aporta cada trabajador de forma mensual a una AFAP está parcialmente invertido en obra pública, siempre y cuando esa AFAP efectivamente invierta en obra pública. Es que la inversión en obra pública es opcional. También se invierte, por ejemplo, en deuda del gobierno y en el Banco Central o en bancos de plaza local. Incluso, en organismos multilaterales de crédito y gobiernos extranjeros.
El abanico de inversiones se abre para diversificar riesgos. Para que, si uno falla, no se pierda todo el dinero por estar colocado en un mismo lugar.
“Generan una mayor eficiencia en la gestión del portafolio porque permiten reducir el riesgo total a través de una mayor diversificación”, comentó Perutti.
Capurro acotó que “por eso los fondos de pensiones a nivel global han ido en una estrategia de diversificación de su portafolio, yendo a lo que se llama los activos alternativos, que es colocar una parte de tu portafolio en el sector real de la economía, o en infraestructura, donde vos asumís un poco más de riesgos, pero capturás una rentabilidad un poco más alta”.
Del aporte a la infraestructura
“Es natural encontrar en el mundo que las administradoras de fondos de pensiones inviertan en obras de infraestructura”, aportó Perutti y agregó que esta situación se origina en que existe una gran alineación entre el plazo en que una AFAP administra los aportes en las cuentas individuales y el plazo en el cual se repaga un activo de infraestructura.
Es decir, es importante para una AFAP encontrar formas de colocación de fondos que se alineen con la "vida media" de un aportante.
Pero, además, son convenientes como inversiones porque tienen retornos adecuados, tienen baja sensibilidad a los vaivenes de la economía y los mercados, baja correlación con retornos de otros tipos de activos, son flujos estables y predecibles, son una buena cobertura contra la inflación, tienen bajas tasas de default y son inversiones que aportan a la sociedad local, según explicaron los especialistas.
Todas estas inversiones, por ser obra pública, se han vuelto tangibles. Ejemplos de ellas son la cárcel de Punta Rieles, el alumbrado de UTE, el Ferrocarril Central o parques eólicos como el Pampa, Arias o Valentines.
Según datos de AFAP Itaú, debido a las inversiones de las AFAP, se han construido 44 jardines de infantes, 38 escuelas, 43 centros CAIF, 10 polideportivos, nueve politécnicos, 273 kilómetros de vías férreas y la refacción de 1.000 kilómetros de rutas.
“Las AFAP han estado invirtiendo durante todos los gobiernos, sin importar el de turno”, dijo José Luis Puig, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), organismo del que depende la Corporación Vial del Uruguay (CVU).
La CVU, según Puig, consigue financiamiento para la obra en la malla vial. Tiene una concesión con el Ministerio de Obras Públicas, gracias a la que la mayor parte del mantenimiento y reparación de la malla vial se hace en CVU.
Como se trata de inversiones millonarias, la CVU sale al mercado y ahí es donde entran las AFAP en juego. “Los principales inversores de esto son los institucionales, que son las AFAP y las compañías de seguro, de las cuales las privadas participan muy poco, pero sí es un gran actor, por ejemplo, el Banco de Seguros”, dijo Puig.
Según los datos que brindó el jerarca de la CND a El Observador, de una deuda actual de casi US$ 1.011 millones, el 96% ha sido financiado por actores institucionales (AFAP, bancos o aseguradoras) y el restante 4% por “minoristas”. La CVU es un ejemplo de los tantos generadores de infraestructura en Uruguay. En este caso, del mantenimiento vial. Del otro lado, varios actores institucionales, entre los cuales están las AFAP, salen a invertir en este tipo de proyectos.
“A nosotros lo que nos involucra es la fuente de financiamiento. Lo que vemos es que el mercado de valores es un instrumento muy importante que tienen todos los países para juntar el ahorro con la inversión”, declaró Puig.
Pero no se trata solamente de buscar otros inversores para la obra pública, sino que se trata de buscar inversores que compren en moneda nacional, en pesos uruguayos.
“Una parte importante de esta historia es que las AFAP son los únicos agentes institucionales de volumen que pueden financiar obras en moneda nacional”, aseguró Capurro, porque pagan las jubilaciones de los trabajadores en pesos.
“Las AFAP tienen un rol importante dentro del financiamiento de proyectos en moneda nacional. Yo creo que eso quedaría vacío (en caso de prosperar el plebiscito), no hay un jugador que financie proyectos de infraestructura en moneda nacional”, dijo Capurro y agregó que “si bien organismos internacionales han financiado proyectos de inversión, también todos estos jugadores entran de la mano de las AFAP” porque si “sabés que estás cofinanciándolo con otros agentes, el riesgo que asumís es distinto”.
Toda esa inversión en obra pública desaparecería si se aprueba el plebiscito, porque las AFAP dejarían de existir. Esa es la consecuencia directa, pero también, explicó Perutti, hay indirectas. “La eliminación de las AFAP llevaría a un incremento del déficit fiscal, reduciendo en consecuencia la posibilidad de hacer contrataciones públicas tradicionales”, dijo la economista.
Por eso, concluyó que si se eliminan las AFAP, podría haber un efecto negativo sobre la infraestructura pública por dos motivos. El primero es que el Estado perdería capacidad de hacer obra pública tradicional porque tendría que atender un déficit fiscal creciente.
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Infraestructura vial. Foto archivo
Presidencia
El segundo, el aumento de riesgo país y la posible pérdida de grado inversor desestimularía la realización de infraestructura usando mecanismos de participación público–privada porque algunos actores podrían perder interés en invertir en Uruguay, o si lo hacen exigirían un mayor costo para otorgar créditos.
En caso de aprobado el plebiscito, es fácil concluir que no va a haber más algunos fondos de pensión con capacidad para invertir en esos productos. Pero según explicó Pablo Roselli, socio de Exante, mucho más grave sería el impacto macroeconómico que generaría.
“El punto central es que el deterioro del entorno macroeconómico terminaría propiciando una caída fuerte de la inversión pública en Uruguay y una caída de la inversión en infraestructura. Sería más cara de financiar y habría menos”, dice Roselli.
El razonamiento tiene que ver con que, si se aprueba el plebiscito, el costo del financiamiento del sector público, generaría al Estado una menor capacidad para gastar en áreas prioritarias (educación, salud, vialidad, etc.), todo vinculado a un aumento "muy fuerte" del gasto en pasividades.
En ese sentido, Roselli argumentó que la inversión privada podría verse afectada también por el deterioro del entorno macroeconómico. “Se termina afectando la seguridad jurídica que históricamente ha tenido Uruguay. Ese es un entorno macroeconómico malo, que viene de la mano de mayores tasas de interés, de más riesgo país, de menos inversión pública porque va a haber una restricción presupuestaria y privada, porque habría menos apetito para invertir”.
Se prevén otras consecuencias
En la conferencia que dio Lacalle Pou este martes, el presidente dijo que no tiene dudas de que la reforma jubilatoria implicará un aumento de impuestos y un recorte de prestaciones, aunque señaló que no se aplicaría de forma inmediata.
“No aumentan los impuestos al otro día”, dijo, porque hay recursos para solventar los primeros gastos jubilatorios, pero en el largo plazo “la trayectoria es aumentar impuestos y recortar prestaciones”, enfatizó.
Sin embargo, al día siguiente, el candidato presidencial Yamandú Orsi, le respondió públicamente y dijo que: “quizás el abanico de herramientas que tiene es lo suficientemente limitado como para no imaginarse otra cosa que aumentar impuestos, a tal punto de que el IVA lo subió con el uso de la tarjeta".
Lacalle Pou también comentó al respecto de las consecuencias que podría padecer el salario mínimo. "Contrariamente a lo que se sostiene, que es que van a aumentar las jubilaciones porque va (atado) al salario mínimo, lo que va a hacer es presionar el salario mínimo a la baja", dijo en la conferencia de prensa.
Y, en ese sentido, lo que podría pasar es que a futuro los gobiernos decidan no ajustar el salario mínimo para no incrementar el gasto jubilatorio y las pensiones, señaló.
“Si bien ha habido otros inversores de obra pública como la banca multilateral, la banca comercial local, la banca comercial extranjera y los fondos de infraestructura del exterior, nos tenemos que cuestionar cuál sería el apetito y el precio de dichos créditos en caso de ausencia de las AFAP”, planteó Perutti.
Esa fue otra de las preocupaciones que hizo pública el presidente durante la conferencia de prensa. Si el plebiscito es exitoso, dijo, podría resultar en un "desestímulo de inversiones que generan fuentes de trabajo. Y esto no es asustar, esto es real, Uruguay hoy tiene el riesgo país más bajo de la historia".
“No podemos analizar el fenómeno aislado de estas posibles consecuencias”, explicó Perutti porque “si faltaran las AFAP, todo parece indicar que riesgo país de Uruguay se va a ver afectado, así como la calificación de riesgo”. Entonces, “si Uruguay pierde su grado inversor, algunos de estos actores ya no se interesarán por invertir en el país o si lo hacen puede ser que exijan una rentabilidad mayor", indicó.
Que se apruebe el plebiscito en Uruguay puede tener consecuencias varias, pero la que ya está anunciada es que “en lugar de atender una agenda destinada a las cosas de las que están hablando los candidatos en campaña, va a haber una agenda completamente nueva, distinta de la que debería ser”, aseguró Roselli.
En el mismo sentido, Capurro acotó que, si es exitoso el plebiscito, “las prioridades programáticas van a tener que ser postergadas" y una de ellas "va a ser atender el financiamiento de esta reforma, con lo cual te somete a mucho estrés fiscal”.