Con el apoyo de todos los partidos políticos y luego de más de un año de discusión parlamentaria, el proyecto de ley de operador inmobiliario fue aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, su discusión se estancó en el Senado y desde el sector temen que el proyecto quede encajonado hasta la próxima administración de gobierno.
La iniciativa pretende regular el ejercicio legal de la actividad profesional inmobiliaria en Uruguay, desarrollada por agentes, corredores, brokers, operadores, prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras de servicios inmobiliarios turísticos. Entre otras cosas, el proyecto propone que todos esos actores estén agrupados en un registro de operadores inmobiliarios, establece los requisitos para ejercer, así como sus derechos y obligaciones.
Si en Senadores la propuesta normativa recibe cambios, deberá volver nuevamente a Diputados. Por este motivo, desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) consideran que es una posibilidad que no se apruebe en este gobierno.
En diálogo con El Observador, el vicepresidente de la CIU, Matías Medina dijo que la gremial está “tratando de presionar” para que finalmente el proyecto se apruebe dado que entienden que la normativa es “necesaria para el sector”.
“La discusión parlamentaria llevó más tiempo del que debería, por un lado porque surgieron algunas voces que se manifestaron en contra del proyecto, diciendo muchas cosas que no son ciertas pero los legisladores tienen que escuchar a todas las partes. Eso llevó tiempo porque tuvimos que volver (al Parlamento) a explicar realmente en qué consiste el proyecto, las implicancias que tendría y cuál es la realidad del sector, algo que los legisladores no tienen por qué conocer”, explicó Medina.
A ese intercambio parlamentario se le sumó además la campaña política por las elecciones internas, otro factor que según Medina enlenteció el tratamiento en el Senado.
En este sentido, el vicepresidente de la CIU dijo que desde el sector buscan que el proyecto pueda aprobarse antes del mes de septiembre, ya que si esto no ocurre, temen que influya “el interés político individual de los legisladores” que participarán de la campaña por las elecciones nacionales de octubre.
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En la última comparecencia ante el Senado, las autoridades de la CIU junto con la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, remarcaron que el proyecto “es vital” para lograr reducir la informalidad del sector y la profesionalización de la actividad.
“Seguramente no se puedan resolver todos los desafíos que tenemos en este proyecto de ley, pero de aprobarse sería dar un paso enorme en la dirección correcta. Uruguay dejaría de ser uno de los pocos países de la región que no tiene una regulación que es clave para la economía y para el empleo”, argumentó en el Parlamento la presidenta de la CIU, Beatriz Carámbula.
Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) porque, entre otras cosas, entienden que no se reconoce la figura del operador inmobiliario que trabaja de forma independiente, es decir por fuera de una relación de dependencia.
Los detractores de la iniciativa no se oponen a la regulación del sector en sí, sino a cómo está redactado el proyecto. En este sentido, expresan que la normativa no contempla a las agencias, franquicias o la utilización de marcas y que esto hace que el proyecto no contemple a todos los actores que hoy operan en el mercado inmobiliario.
