Una funcionaria agredida en un centro de salud, una maestra golpeada en la salida de la escuela, un chofer de ómnibus o taxi rapiñado. Los ejemplos de violencia en los ámbitos de trabajo abundan, pero el foco rara vez suele estar puesto en las implicancias económicas que tiene el fenómeno.
Sobre esto ahondó un informe elaborado por la Universidad Católica (UCU) que constató que este tipo de eventos —a los que cataloga como violencia ocupacional externa— llevaron a que durante todo el año 2023, se perdieran un total de 199.354 jornadas laborales a causa de 32 conflictos que provocaron una interrupción de las actividades, concretamente un paro.
Los datos reflejan que el año pasado, los casos de violencia laboral externa aumentaron de manera exponencial en comparación con el registro de 2022 cuando se habían perdido 1.584 jornadas por ese motivo.
Desde la UCU advirtieron que este tipo de situaciones de violencia "no necesariamente reflejan la realidad", sino que la problemática podría ser mayor ya que no todas las situaciones de ese tipo derivan en un paro o movilización de los sindicatos respectivos. Es "la punta de un iceberg", alertaron.
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La violencia ocupacional externa refiere a aquellas situaciones de maltrato, agresión, amenaza o asaltos a las personas en contextos que si bien están relacionados con su trabajo, se dan en la interacción del empleado con individuos ajenos a la organización: el delincuente que rapiña al chofer del ómnibus, por ejemplo. Pueden ser clientes y/o usuarios del servicio, o no tener nada que ver con la organización.
Hasta el momento, en Uruguay no hay un registro centralizado de casos de violencia ocupacional externa, ni por sector de ocupación ni en los organismos estatales. La información disponible es dispersa o inexistente.
Al visualizar los datos recogidos por el Índice de Conflictividad Laboral de la UCU, queda en evidencia que durante la pandemia del covid-19 (entre 2020 y 2022), la problemática decreció a niveles mínimos para luego dispararse de manera exponencial en 2023.
En el año 2018 se habían perdido 136.789 jornadas de trabajo por paros a causa de hechos vinculados con la violencia y un año después, la cifra bajó a 36.087 jornadas perdidas. A partir de 2020 la situación cambió debido a la falta de actividad en la mayoría de los sectores, vinculado con el confinamiento por la pandemia, lo que llevó a que no se registraran casos ese año.
En 2021 se registraron 10.106 jornadas laborales perdidas, cifra que bajó a 1.584 un año después y saltó a 199.354 en 2023.
Desde la UCU manifestaron que en lo que va de este 2024, ya son nueve los conflictos que se generaron por situaciones de violencia ocupacional externa y han ocasionado la pérdida de 10.382 jornadas de trabajo.
Conflictividad laboral y dos casos destacados del primer semestre
En términos generales, el Índice de Conflictividad Global elaborado por la UCU, tuvo una disminución en el primer semestre del año en comparación con el año anterior.
En promedio, el primer semestre de 2023 tuvo un índice de conflictividad de 107,8, mientras que, en 2024, fue de 53,07. "Esto se debe en parte a que en el 2023 hubo el doble de paros generales, produciendo mayor cantidad de jornadas perdidas", indicó el informe.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024 se registraron 42 conflictos con interrupción de actividades, incluidos dos paros generales, por los que se perdieron 530.145 jornadas laborables y en los que se involucraron 613.188 trabajadoras y trabajadores.
Dos de los conflictos destacados por la UCU en el primer semestre fueron el del sector de la pesca que terminó con un enfrentamiento entre trabajadores y policías; y el del sindicato de la bebida (FOEB) tras el anuncio del cierre de la planta de FNC en Minas.
Las perspectivas de la conflictividad laboral en un año electoral
Desde la UCU esperan que durante el segundo semestre del año, la conflictividad se mantenga en niveles similares a los actuales. No obstante, señalaron que la coyuntura "irá determinando las estrategias que adopten los actores laborales y los impactos se comenzarán a ver a finales de año y a principios del año entrante".
Dado que este año habrá elecciones nacionales, desde la academia señalaron que potenciales modificaciones en materia laboral dependerán de si existe un cambio de partido en el gobierno o no.
"Un tema central que continúa en la agenda de los actores laborales es la reforma de la seguridad social; en octubre se conocerá y seguramente sea un tema que siga despertando opiniones contrapuestas y generando distancias ya no solo entre empresarios y sindicatos, sino en la interna del propio movimiento sindical", puntualizó el informe.
