El Poder Ejecutivo autorizó el pasado 16 de julio a las tres empresas de TV cable más grandes del país, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, para operar de forma consorciada la prestación de servicio de televisión para abonados y de transmisión de datos en Montevideo, según la resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou.
El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) rechaza la decisión del gobierno y presentó el miércoles 31 de julio un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo contra la habilitación otorgada.
“Primero presentamos el recurso en tiempo y forma. Ahora estamos trabajando en los fundamentos, viendo elementos de la defensa de la competencia, de la ley de medios”, dijo a El Observador el presidente de Sutel, Gabriel Molina. “Consideramos una grave negligencia del directorio de Antel no defender a la empresa”, añadió el dirigente.
Pasados los 180 días si el Ejecutivo no emite una respuesta, el sindicato puede solicitar la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sutel había emitido días atrás un comunicado donde señaló que “más que consorcio, se trata de un monopolio que crea el actual gobierno para darles poder a estas empresas en el marco de una competencia feroz frente a Antel”.
En tanto, Molina había declarado al portal del PIT-CNT que Antel es la única empresa que tiene fibra óptica en el país y la “están obligando a que se la dé a los cableoperadores, sin importar el precio, porque lo que interesa es la decisión de hacerla competir contra un consorcio que usará la propia infraestructura” de la empresa pública.
Por otro lado, el Directorio de Antel resolvió el jueves con los dos votos del oficialismo no recurrir la autorización dada a los cables, según informó La Diaria. El representante del Frente Amplio en el Directorio de la empresa, Daniel Larrosa, había presentado una moción para que se recurriera la resolución bajo el argumento que el consorcio perjudicará económicamente a la estatal.
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Presidencia
Licencias para internet
En poco tiempo, más de 50 empresas de televisión para abonados –cables– recibieron licencias clase B del Poder Ejecutivo para ofrecer servicios de banda ancha e internet en los hogares. Tanto en Montevideo como en el interior hay operadores que ya comenzaron a vender productos y otros que tienen sus redes listas o avanzadas.
El nuevo escenario marca que los cables tienen que contratar con un proveedor de internet el servicio que les permita estar conectados a la red global. Semanas atrás El Observador informó que que Antel tiene avanzado un plan para vender servicios a los cableros.
El consorcio de cables
Además, el Poder Ejecutivo autorizó la fusión de los tres principales cables de la capital en una sola empresa para prestar servicios en Montevideo. Esto tras el aval previo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), tanto en cuestión de defensa de la competencia como de la regulación del mercado de telecomunicaciones.
Para dar su visto bueno, el regulador citó un fallo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel), que entendió que el mercado de la tv paga “ya no existe, dado que el streaming compite con la prestación de servicios de tv paga” y forman parte de un mismo mercado.
“Se puede inferir que las conclusiones arribadas en el mercado de Brasil pueden ser trasladadas al mercado uruguayo; interpretando a este mercado relevante como la sumatoria de la tv paga y el streaming, y concluyendo que con esta nueva definición, los operadores de tv paga dejan de ser considerados operadores con poder de mercado significativo”, decía uno de los informes.
En ese marco, se considera que la operación que involucra a las empresas Monte Cablevideo S.A, Riselco S.A y Tractoral S.A para operar de forma consorciada la prestación del servicio de televisión para abonados y de trasmisión de datos en las zonas para las que fueron oportunamente autorizadas, “no constituye una operación de concentración en el mercado del entretenimiento en los medios de comunicación audiovisual en Uruguay que consagre un poder de mercado significativo al nuevo consorcio”, dice el documento fechado el 31 de mayo pasado.
