30 de agosto 2024 - 14:54hs

En diciembre de 2021, Montecon (que opera contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo) promovió una acción de nulidad contra los decretos reglamentarios que ampliaron la concesión de TCP (propiedad de la multinacional belga con participación estatal) y le otorgaron prioridad de atraque para buques portacontenedores.

Meses antes el gobierno y Katoen Natie habían acordado la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta 2081.

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La solicitud planteó que los decretos generaban graves perjuicios a Montecon y sus trabajadores. La defensa de Katoen Natie argumentó que los decretos “no adolecen de ilegitimidad” y que el resultado de los daños eventualmente sufridos por Montecon “no superan el alcance y entidad a los que la suspensión pudiese aparejar a la administración”.

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Terminal Cuenca del Plata en el puerto
Terminal Cuenca del Plata en el puerto

La resolución del TCA señala que “no se advierte que los actos en causa sean manifiestamente ilegítimos lo que, está claro, no importa prejuzgamiento alguno sobre las cuestiones de fondo planteadas, que serán materia de la decisión definitiva”.

Aclara que Montecon no logró acreditar de forma clara y contundente que los graves perjuicios que “supuestamente le acarrease la ejecución de los actos encausados tengan alcance y entidad superiores a los eventuales perjuicios que la suspensión pudiese ocasionar”.

Además expone que TCP instauró con los decretos en causa una reorganización en lo que refiere a la explotación de la terminal especializada en el puerto de Montevideo, ejerciendo la potestad reglamentaria que le confiere la ley de puertos.

Con esos y otros argumentos, el TCA desestimó la solicitud de suspensión de los decretos reglamentarios y falló a favor de Katoen Natie.

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