Menos de un año después de que Spotify amenazara con irse de Uruguay tras un cambio en la legislación de derechos de autor, un grupo de representantes de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) se reunió con el Ministerio de Industria (Miem) en el marco de las negociaciones por la reglamentación del decreto.
Según publicó El País y confirmó El Observador, este martes los representantes de Sudei presentaron un informe en el marco de la comisión que estableció el decreto para dar seguimiento al tema.
Actualmente los intérpretes señalan que no están cobrando por las reproducciones en plataformas, a pesar de que así lo establecía la ley generada luego del conflicto con Spotify.
"Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento de la ley, garantizando que los artistas intérpretes y ejecutantes reciban los derechos correspondientes por el uso de sus interpretaciones y ejecuciones en plataformas digitales", dijo a El Observador la abogada de la asociación, Martha Caviglia.
Según dijeron desde el Ministerio de Industria a El Observador, el reparto que se venía realizando era 60% para los autores, 40% para las productoras y nada para los intérpretes.
El planteo de Sudei es que, como sucedía con los discos analógicos, del 40% que actualmente transfieren las plataformas digitales a los productores un porcentaje se destine a los intérpretes.
Desde el Ministerio señalaron que recibieron el planteo y "se va a estudiar jurídicamente". Por su parte, Sudei circula entre sus integrantes un documento para recolectar firmas exigiendo que se aplique el decreto aprobado en diciembre de 2023. Hasta ahora, según El País, lo han firmado artistas como Rubén Rada, y los miembros de las bandas La Triple Nelson y La Vela Puerca, entre otros.
El conflicto entre Spotify y Uruguay, y las protestas previas de los intérpretes
El origen de este conflicto se remonta a un planteo de Sudei al gobierno en 2023. La Sociedad de Intérpretes planteó que la legislación vigente estaba obsoleta, y que los músicos no estaban recibiendo dinero por las reproducciones en plataformas de streaming.
El reclamo establecía que con la ley actual, cobraban tanto Agadu (que nuclea a compositores) como la Cámara del Disco (sellos y productoras), pero no los ejecutantes de la música, algo que perjudicaba sobre todo a artistas que tocan versiones de otros compositores, algo muy habitual, por ejemplo, en la música tropical.
El gobierno contempló el pedido, y en la Rendición de Cuentas de 2023 incluyó la modificación de dos artículos de la Ley de Derechos de Autor. Ese cambio generó que Spotify amenazara con cesar sus operaciones en Uruguay, señalando que este cambio generaría que "tuvieran que pagar dos veces" y alteraría su modelo de negocio.
Finalmente, en diciembre, el gobierno aprobó un decreto reglamentario que dejó conforme a la plataforma y revirtió su decisión de dejar de funcionar en el país. El texto del decreto estipula que los intérpretes deben ser contemplados en el pago y refería a la creación de la comisión que funcionará dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería en la que se discutirán los porcentajes de cobro para los intérpretes.
En aquel momento, Sudei protestó que habían sido dejados por fuera del proceso de redacción del decreto, y observó que el decreto establecía un sistema "frágil" para determinar cuanto les correspondía en el reparto.
