"Las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal, razón por la cual se dispone el archivo de las presentes actuaciones", sentenció el fiscal.
Fuentes de Fiscalía indicaron que Machado no archivó la parte de la investigación que indaga sobre la posible destrucción de documentos vinculados a la entrega del pasaporte.
¿Cómo analizó Fiscalía la actuación del Estado en la entrega del pasaporte a Marset?
La detención y la asistencia de Cancillería
Según indicó el fiscal Machado en su exposición de motivos para el archivo de la investigación, Marset fue detenido en Emiratos Árabes Unidos el 10 de setiembre de 2021 luego de que funcionarios del aeropuerto de Dubai descubrieran que quería viajar a Atenas, Grecia, con un pasaporte paraguayo falso, luego de que el narco perdiera su vuelo.
Este pasaporte, que según Marset fue entregado por "una red de falsificadores de documentos paraguayos", fue utilizado por el uruguayo para realizar varios viajes desde y hacia Dubai desde abril de 2021 hasta el día de su detención.
La captura de Marset fue comunicada a la Sección Consular de Uruguay en Abu Dhabi por el encargado de Negocios de la Embajada de Paraguay en Qatar con concurrencia en Emiratos Árabes, Diego Estigarribia. El 14 de setiembre la cónsul uruguaya Fiorella Prado comunicó la detención a Cancillería, y consultó sobre "posibles causas abiertas" del narco en Uruguay.
Según Machado, tras enviar la comunicación a Uruguay Prado comenzó su "asistencia" a Marset: "Dicha asistencia consistió en visitarlo a la cárcel a efectos de velar que la detención del mismo se llevara adelante en condiciones adecuadas, que tuviera acceso a comunicaciones telefónicas, obtención de huellas digitales para constatar fehacientemente su identidad, redacción de la nota en la cual se manifieste que una vez liberado podría acceder a tramitar un pasaporte, comienzo de la tramitación del pasaporte propiamente dicho, entre otras".
El fiscal aclaró que todas las actuaciones de la cónsul fueron comunicadas al embajador Álvaro Ceriani y a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de Cancillería. Incluso, detalló que en varios mensajes Prado "solicitaba instrucciones acerca de cómo proceder en cada una de las instancias de asistencia".
En una de las notas que cita Machado, Prado comunicó a Asuntos Consulares que el abogado Alejandro Balbi representaba a Marset y pedía que "se expida una Nota en la que se asegure que el Sr. Marset podrá tramitar su Pasaporte uruguayo en Abu Dhabi", por lo que solicitaba "instrucciones" a la dirección.
El 18 de noviembre la oficina consular comunicó que "se dispuso a emitir la nota solicitada" y que se emitiría el pasaporte del narco "una vez la persona se encuentre en libertad, siendo la autoridad decisoria en última instancia el Ministerio del Interior".
Además, marcó que un día antes Balbi solicitó que "se inicie trámite de Pasaporte de forma urgente", pero la cónsul opinó que por su detención "resultaría prudente aguardar a que el proceso judicial finalice para oportunamente tramitar el documento de viaje".
En una de las comunicaciones citadas, se lee que Balbi argumentó que la expedición del pasaporte era "vital para el proceso" ya que así "la justicia emiratí se asegura que el ciudadano uruguayo tenga un documento válido de identidad y puedan tomarse las medidas que se entiendan pertinentes por la justicia".
Machado detalló que Prado mantuvo conversaciones con distintos familiares de Marset, como su hermano Diego y su esposa Gianina García Troche, y en distintas charlas con autoridades de Cancillería demostró que "se encontraba realmente preocupada por dar cabal cumplimiento a sus funciones consulares sin incurrir en ningún tipo de extralimitación".
Para el fiscal estas actuaciones y conversaciones "dan cuenta que la Cónsul Fiorella Prado actuó siempre dentro de sus funciones consulares de asistencia a un compatriota detenido en el extranjero, sin apartamiento alguno de sus competencias".
Machado remarcó que la actuación de Prado y el embajador Ceriani "se enmarcó dentro de las funciones habituales de asistencia consular a un compatriota detenido en el exterior" y por lo tanto "no merecen reproche penal alguno".
La entrega del pasaporte a Marset fue legal y no fue exprés
Machado afirmó que "Sebastián Marset tenía derecho a la tramitación y expedición de un pasaporte uruguayo, conforme la normativa vigente en ese momento".
En ese momento, a todas las personas mayores de 18 años que querían obtener un pasaporte se les pedía "información de Antecedentes Judiciales en el Uruguay", o una "consulta a la filial Interpol" del país donde se pedía el documento, o una "prueba testimonial en la que deberá constar declaración de por lo menos dos personas de conocimiento del Funcionario Consular y a satisfacción de éste". El decreto no hacía una alusión específica a las personas privadas de libertad.
"De la carpeta investigativa de la Fiscalía surge que Sebastián Marset cumplía con todas las exigencias que establecía el decreto en cuestión", sentenció el fiscal del caso.
Marset contaba con antecedentes penales en Uruguay, pero no tenía ninguna causa abierta y solo había una orden de averiguación de paradero en su contra. Además, Interpol comunicó en aquel momento que el narco tampoco tenía ninguna requisitoria internacional. La alerta roja en su contra fue emitida luego de salir de Emiratos Árabes tras ser liberado en 2022.
El fiscal agregó que, además de estar habilitado para completar la tramitación de su pasaporte, Marset "tenía derecho a su identificación ante las autoridades extranjeras".
Sobre la posibilidad de que las autoridades le entregaran un documento por un solo viaje con destino a Uruguay, Machado aclaró que este documento es entregado si las personas solicitantes "manifiestan su deseo de regresar a la República", pero desde el inicio de las comunicaciones con Cancillería la pareja de Marset "había dejado en claro que no tenían ninguna intención de retornar a Uruguay".
"Por supuesto que a posteriori, al conocerse que Sebastián Marset era un narcotraficante peligroso y que a su vez se había dado a la fuga, desde la perspectiva de la ciudadanía resulta razonable que se cuestione la emisión de la mencionada nota pero dicho cuestionamiento es irrelevante en el ámbito jurídico penal", agregó.
Machado también desacreditó que la entrega del pasaporte haya sido "exprés". El trámite, según el fiscal, comenzó efectivamente a tramitarse el día 18 de noviembre de 2021 y se entregó en Cancillería el día 25 de noviembre de 2021", plazo que "no resulta distinto al de otros trámites iniciados en el exterior".
Con respecto a la fecha de emisión que se puede ver en su pasaporte, el 28 de octubre de 2021, Fiscalía aclaró que esa fue la fecha en la que la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) reconoció las huellas que habían obtenido de Marset en prisión días atrás.
Además, también enfatizó que la entrega del pasaporte de Marset en Cancillería al hermano de Alejandro Balbi, Carlos, como representante del narco autorizado por una carta poder, no tuvo "ningún impedimento legal", a pesar de que "resulta excepcional".
Fiscalía marcó que el pasaporte de Marset no fue determinante para que lo liberaran en Emiratos Árabes
Marset fue liberado el 28 de diciembre de 2021. La principal justificación de su defensa fue que el narco "desconocía la falsificación del pasaporte paraguayo que portaba", y en que los delitos de "falsificar y usar un documento falso" tienen que estar basados "en el conocimiento del acusado de que está haciendo algo prohibido", argumentación que el propio Machado calificó como insólita.
El fiscal indicó que el tribunal emiratí "entendió que eran veraces las declaraciones del acusado, especialmente por no existir ningún motivo para que el imputado utilizara un pasaporte falsificado", y marcó que la decisión de las autoridades uruguayas de otorgar el pasaporte "no fue considerada como una circunstancia determinante".
"La justicia de Emiratos Árabes Unidos no absolvió a Sebastián Marset debido a la entrega del pasaporte que en definitiva acreditaba su identidad -derecho a la identificación y a la nacionalidad- ni tampoco lo hizo fundándose en la nota confeccionada por la Sección Consular de Uruguay en Abu Dhabi sino que su absolución se basó en la falta de prueba admisible", remarcó.
Incluso, Machado afirmó que "la expedición del pasaporte uruguayo ni siquiera fue mencionada en la sentencia en cuestión".
Archivo no admite reexamen
El archivo dictaminado por Machado, no admite pedido de reexamen, puesto que se trató de un caso que fue iniciado de oficio por la Fiscalía General de la Nación, como expone el propio fiscal en su dictamen.
Según explicó a El Observador el penalista Jorge Barrera, quien además actuó en este caso como defensor de la exdirectora de Asuntos Consulares, Pauline Davies, el Código del Proceso Penal (CPP) establece que sólo pueden pedir la revisión del archivo, los denunciantes y las víctimas. En este caso el hecho de que hayan comparecido posteriormente no les otorga la calidad de denunciantes.
"Habiendo accedido a la versión taquigráfica de dicha sesión, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación (S): Dr. Juan Bautista Gómez Duarte actuando de oficio estableció -por memorando Nº 1070/2022 de fecha 31 de agosto de 2022- que en cumplimiento de los principios que rigen la actividad del Ministerio Público y “la tarea de persecución penal de los crímenes, delitos y faltas”, como titular de la acción penal", dice Machado en el dictamen. El 2 de setiembre la oficina de Depuración y Asignación de causas, le asignó la investigación a la Fiscalía a cargo de Machado.
Agrega luego que el 6 de setiembre se presentaron los senadores del Frente Amplio a aportar nueva información pero no son los denunciantes de la causa.
