La defensa del condenado argumentó que el hombre tiene 71 años, pero un Tribunal de Apelaciones entendió que no se habían valorado los agravantes del caso
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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno aumentó la pena de un anciano de 71 años que abusó sexualmente de sobrino nieto de 13 durante el Año Nuevo del 2023 en Rivera.
El abusador había sido condenado en primera instancia a la pena de cinco años, pero la Fiscalía que lo investigaba apeló el fallo y finalmente el Tribunal aumentó la pena a siete años de cumplimiento efectivo. La apelación fue interpuesta por la Fiscalía Departamental de Rivera de 1º Turno, representado por Santiago Arévalo.
Los hechos ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2022 y el 1º de enero de 2023, cuando el condenado aprovechó la relación de cercanía y confianza con el niño para abusar de él.
El menor de edad contó los hechos por primera vez a su abuela materna, se recogieron pruebas declaración en Cámara Gesell y en informes psicológicos y psiquiátricos de técnicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y de Salud Pública. También se recabaron testimonios de familiares.
El fiscal Arévalo argumentó que la pena de cinco años no reflejaba ni la gravedad de los hechos ni el impacto emocional y psicológico en el niño siendo de “inadecuada benevolencia”.
La defensa del condenado sostuvo que la pena impuesta en primera instancia se encontraba dentro de los márgenes legales y que debía considerarse su edad avanzada y que no tenía antecedentes penales.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones —integrado por los ministros Daniel Tapie Santarelli, Beatriz Larrieu de las Carreras y Ricardo Míguez Isbarbo— entendió que la jueza de primera instancia no había valorado adecuadamente las circunstancias agravantes, en particular la edad de la víctima y la reiteración de los delitos.
También se ratificó una reparación económica a favor de la víctima equivalente a doce salarios mínimos, se inhabilitó al condenado por diez años para desempeñarse en áreas vinculadas a menores de edad o personas en situación de dependencia en el ámbito público y privado, y se suspendió su patria potestad.