En la presentación, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que “Uruguay hoy no está teniendo, y ya desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Aseguró además que esos resultados "deben medirse en formalizaciones y condenas".
El proceso de elaboración de la estrategia se hizo entre 2023 y 2025, contó con el aporte técnico del asesor internacional, Alejandro Montesdeoca, quien fue contratado por el gobierno anterior para trabajar con la Secretaría Antilavado (Senaclaft) en la evaluación primero y luego en la estrategia. Además, tuvo el aporte de sectores públicos y privados.
"Es un diagnóstico del estado de situación del país, un análisis de las principales actividades económicas y sobre cuáles son los riesgos que presentan esas actividades para ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo. La estrategia es un plan de acción de lo que el Estado planifica", dijo Díaz.
Las actividades de mayor riesgo
Entre las actividades detectadas como de mayor riesgo para el lavado de activos se encuentran el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la compraventa de derechos federativos de jugadores de fútbol, la publicidad y televisación vinculadas a este deporte, el fraude fiscal, las estafas y principalmente, las realizadas a través de internet.
"Se ha discutido mucho sobre las SAD (sociedades anónimas deportivas) o los clubes, en realidad lo que podemos decir es que lo que presenta riesgos es la compraventa de los derechos federativos de los jugadores, la publicidad, la televisación, son actividades de riesgo, independientemente de quién las desarrolle, si lo hace una sociedad anónima deportiva o si lo hace un club, es una actividad a controlar", dijo Díaz.
En concreto, la estrategia definió 22 objetivos. Entre ellos, plantea fortalecer las instituciones responsables, como la Senaclaft y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), dotándolas de recursos humanos y materiales adecuados para mejorar la supervisión, análisis e investigación de actividades sospechosas. Propone además dotar a estas entidades de estructuras formales y estables, con personal capacitado y especializado.
Para mejorar la coordinación, se apuntará a formar equipos multidisciplinarios y fomentar convenios entre organismos públicos y privados, además de facilitar el intercambio de información, incluyendo el acceso a bases de datos como el registro de beneficiarios finales y datos de la Dirección General Impositiva (DGI) y Banco de Previsión Social (BPS).
Asimismo, se plantea establecer un sistema único y coordinado de estadísticas que permita un mejor seguimiento de las investigaciones, decomisos y sentencias vinculadas al lavado de activos.
En materia preventiva, la estrategia propone actualizar normativas y guías sectoriales para que los sujetos obligados —que incluyen a entidades financieras, sectores inmobiliarios, comercio de autos de alta gama, sociedades deportivas y organizaciones sin fines de lucro, entre otros— implementen medidas basadas en un enfoque de riesgo para detectar y reportar operaciones sospechosas.
Se prevén acciones concretas para combatir la informalidad en sectores clave y revisar la regulación para ajustar controles a la naturaleza de cada actividad, por ejemplo, la compraventa inmobiliaria o las zonas francas. También se contempla la evaluación continua del riesgo asociado a cada sector y el desarrollo de tipologías específicas de lavado y financiamiento.
Para el financiamiento del terrorismo, el plan enfatiza la detección temprana de procesos de radicalización, el control de remesas y el fortalecimiento de las políticas migratorias y los controles en fronteras, especialmente en los pasos con Brasil, donde existen riesgos por la alta permeabilidad y vínculos con grupos criminales regionales. Se prevén además protocolos específicos para los organismos involucrados, y el robustecimiento del sistema de información con acceso a diversas bases de datos y herramientas tecnológicas.
Asimismo, la estrategia incluye medidas para evaluar y mitigar el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, contempla la aplicación de sanciones financieras dirigidas y sistemas de monitoreo adaptados a esta amenaza.
Plan de acción y seguimiento
El documento establece un plan de acción con metas a corto, mediano y largo plazo, desde junio de 2025 hasta febrero de 2030, con responsabilidades para cada organismo involucrado y mecanismos para monitorear avances. Este seguimiento estará a cargo de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que podrá exigir informes periódicos y ajustar las acciones según los resultados.
Entre los objetivos prioritarios se destacan: la revisión integral del sistema nacional para optimizar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; dotación adecuada de recursos humanos y materiales a los organismos clave, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la UIAF, el fortalecimiento de la investigación financiera y la persecución penal, mejoras en la cooperación internacional para agilizar el intercambio de información y la coordinación con otros países, capacitación continua para policías, jueces, fiscales y operadores privados, con especial énfasis en el enfoque basado en riesgo y la detección de operaciones sospechosas; así como mejorar la transparencia en personas y estructuras jurídicas, así como en sectores económicos susceptibles.
Como había informado El Observador, al texto se le hicieron algunos cambios en comparación con lo hecho en el gobierno anterior, "pero no son de fondo". Sobre ese punto, Díaz volvió a aclarar ayer que la base sigue siendo la evaluación nacional de riesgo y que se actualizaron algunos aspectos dado que ya pasaron dos años.
En ese documento de 2023 la estrategia mencionaba entre las amenazas que enfrenta el país que "no se puede descartar, el uso de territorio nacional como país de tránsito, o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones" de grupos terroristas. Agrega que "la principal amenaza puede provenir de organizaciones regionales y de una eventual conexión con grupos criminales locales, o que operen en el exterior".
Baja percepción del riesgo
La evaluación nacional de riesgos señalaba que los sujetos obligados no financieros tienen una baja percepción del riesgo al que se encuentran expuestos y por eso "no implementan adecuadamente las medidas preventivas que exigen las normas nacionales y los estándares internacionales", motivo que lleva a que no se detecte la ocurrencia de operaciones sospechosas.
En esa línea, Díaz dijo: "en 2019 presentamos 50 condenas y Gafilat nos dijo que eran pocas, hoy tenemos ocho así que imagínense cuál seria el resultado". Al ser consultado sobre los motivos detrás de esto, el prosecretario aludió a que "hubo cambios normativos" pero también señaló que "bajó la percepción del riesgo de los distintos sujetos involucrados, no hay hoy y tenemos que generarla, una percepción compartida del riesgo entre todos los operadores, públicos y privados, de que seamos utilizados como vehículo para el lavado de activos".
