La faena clandestina de chanchos y el pago de compensaciones por realizar guardias en las cárceles o en las fronteras a personal que no cumplía esas tareas, son solo algunas de las irregularidades constatadas en una investigación administrativa que se llevó adelante en la Armada durante cuatro años a raíz de las denuncias presentadas en 2022 por el capitán de fragata Gabriel Vega.
El expediente, al que El Observador tuvo acceso, no se había hecho público hasta ahora. En abril la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, ordenó presentar denuncia penal por irregularidades constatadas. La Armada lo hizo en mayo, aunque no se sabe contra quién fue presentada la denuncia. De momento, no hay nadie sancionado por estos casos. La funcionaria instructora de la investigación administrativa, la abogada Alicia Fagúndez, sí señaló a varios responsables de los hechos irregulares constatados y concluyó que cometieron faltas graves. Pero la resolución final de la ministra Lazo no dio nombres concretos.
La Fiscalía ya tiene entre sus casos sin resolver la desaparición de 57 toneladas de carne que la Armada compró y pagó entre 2022 y 2024.
La investigación administrativa comprobó, además, que en la Armada se realizó una reunión previa entre todos los implicados en la denuncia para prepararse en conjunto en cuanto a la documentación a presentar cuando fueran interrogados.
Faena clandestina
En la instrucción quedó claro que en predios de la Armada se criaban vacas, cerdos y caballos con fines económicos violando las funciones que por ley debe cumplir la Armada y sin que existiera un marco normativo que lo amparara. El dinero obtenido se manejaba también de modo irregular, sin los controles que deben tener las cuentas del Estado.
“En relación al dinero obtenido con las ventas irregulares de ganado en pie, así como del producido obtenido por la venta de ganado suino faenado y vendido en su mayor parte al supermercado Cofas, conviene puntualizar que se vulneraron los principios de registro y contralor de operaciones preceptuadas en el Tocaf”, dice la instructora en sus conclusiones. “No se respetó ni dio cumplimiento a ninguno de los principios que rigen en materia de manejo de los fondos”.
Los chanchos eran faenados en la propia Armada, sin los controles sanitarios reglamentarios.
Además, un ataque de perros mató varios lechones de la hacienda, dijo el capitán de Navío Sergio Sar, comandante de la Infantería de Marina al momento de declarar.
Además, se comprobó que se había instalado en el Comando de Infantería de Marina un pensionado de perros, otra actividad no comprendida en los cometidos de la fuerza, y por lo tanto prohibida. Los recursos obtenidos eran manejados con la misma falta de contralor.
Según varios de los declarantes, los dineros obtenidos por estas actividades ajenas a los cometidos de la fuerza se gastaban en apoyo al funcionamiento diario.
Cobrar sin ir
Quedó claro también que existieron pagos irregulares de las compensaciones adicionales destinadas a quienes hacen guardias en las cárceles o en la frontera.
“En este punto fue declarado que se abonan las mencionadas partidas o compensaciones a funcionarios que no han cumplido la función específica”, concluye la instrucción.
La partida de cárceles era cobrada por ejemplo por quienes iban a cortar el pasto y se retiraban, no participando de las guardias. También la cobraban quiénes adiestraban –en la Armada y no en las cárceles- al personal que iba a hacer las guardias en las prisiones.
El alférez de Navío Alejandro Raffo declaró: “Hoy en día percibo la compensación por ser jefe del S4 (servicio asesor logístico del mando), esto está dispuesto por una orden del capitán de Navío (Diego) Perona, que se dispone quien puede cobrar guardia cárcel sin ir a la misma”.
La suboficial Beatriz De León, que se dedica a tareas contables y administrativas, declaró haber cobrado esa partida sin haber realizado la tarea específica. “Guardia de cárcel sí, por orden de Perona del año pasado. No hice guardia de cárcel”.
Sar dijo que su idea es que la compensación la deben cobrar los que quedan de “réplica”, personal que queda a la orden por si pasa algo en las cárceles que los requiera, pero que casi nunca terminan yendo allí. También choferes y electricistas “aun cuando no sea necesario usar sus servicios”.
Perona admitió que personal cuya función “no es hacer guardia”, sino participar por ejemplo en tareas de “mantenimiento” en predios carcelarios, también cobraba esas compensaciones.
Lo mismo ocurría con la partida extraordinaria cobrada por hacer guardias en la frontera y participar de la lucha contra el narcotráfico: “También en este caso la Armada ha violentado normas vigentes y principios jurídicos”, se concluye.
“Se ha hecho un uso discrecional de la asignación de dichas partidas o compensaciones, las cuales fueron abonadas a funcionarios que no cumplían los requisitos establecidos legalmente para detentar derecho a la percepción de dichas partidas”.
Dos funcionarios que eran encargados y jefes del área del plantel de perros, por ejemplo, cobraron esa compensación, aunque no participaron en concreto de las tareas. Pero como los perros sí participaban, se entendió que ellos también dbían cobrar.
Sin consecuencias
En abril, y en función de este caso, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó a la Armada que “cese de inmediato” la cría de ganado, el servicio de pensionado de perros, así como “de cualquier actividad que esté por fuera de los cometidos del Comando de Infantería de Marina”.
El caso se inició en marzo de 2022, cuando el capitán Vega presentó tres memorándums al entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, denunciando hechos de corrupción en el Comando de Infantería de Marina: cría de chanchos para beneficio de particulares, irregularidades en el manejo de combustible, fraude en las horas que se pagaban por vigilancia en la frontera y en las guardias perimetrales de las cárceles, etc. Vega denunció que cada mes pagaban 261.466 pesos por horas de guardia perimetral que no habían cumplido. El dinero, en realidad, se usaba para pagos discrecionales a personal de confianza del mando.
Las denuncias le valieron graves sanciones, tal como informó El Observador en diciembre de 2022. Una de ellas fue por 22 días de arresto a rigor. Tras recuperar la libertad, Vega optó por pedir la baja de la Armada y dedicarse a la actividad privada.
García ordenó una investigación administrativa llevada adelante por la propia Armada. Pero en junio de 2024, el propio García encontró serias irregularidades en esa investigación. Resolvió anular la sanción recibida por Vega y ordenó una nueva indagatoria administrativa, esta vez encausada por el propio Ministerio de Defensa.
El expediente del cual da cuenta esta nota es el de la segunda investigación administrativa.
