El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió denunciar penalmente al anterior presidente Leonardo Cipriani así como a los cuatro integrantes del directorio (Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra) y al exgerente general, Eduardo Henderson, luego que una investigación administrativa constatara irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.
A su vez, el directorio resolvió sumariar –por ser funcionarios públicos– al exgerente financiero Juan Behrend, al exdirector del SAME-105, José Antonio Rodríguez, y al director Cabrera. Los sumarios también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera. Respecto a este último punto se abstuvo el representante de los trabajadores en el directorio, Gustavo Gianre.
Antes de la investigación administrativa, ASSE había realizado una auditoría que detalló que las autoridades se apartaron de la normativa durante la gestión.
“La magnitud económica de los montos involucrados, la reiteración sistemática de observaciones por el Tribunal de Cuentas, la eventual afectación del erario público y las conductas descriptas –que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo– ameritan que la superioridad valore la pertinencia de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes en materia penal”, sugirió un informe de Jurídica que fue elevado al directorio.
El documento detalló que en la investigación surgieron extremos que “podrían eventualmente subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente vinculadas al manejo irregular de fondos públicos, abuso o desviación de funciones”.
ITHG: todas las compras observadas
Respecto a ITHG, la empresa privada de traslados constituida en el anterior período y que estuvo en la mira del Frente Amplio desde el comienzo, la investigación administrativa señala que no hubo “procedimiento competitivo” y que recibió el 96,47% del gasto del SAME 105.
La investigación menciona que se gastaron más de $2.000.000 sin que el directorio “procediera a la regularización correspondiente”, dado que todas las compras fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, algo de lo que estaban en conocimiento.
“Imponía a la jerarquía un deber reforzado de control, supervisión y corrección de las prácticas observadas”, dice y considera inadmisible la “la pasividad frente a advertencias expresas y reiteradas cuando los montos eran de significativa entidad y cuestionaban la legalidad del procedimiento”.
En este sentido, destaca que el directorio está dentro de la responsabilidad administrativa en materia financiero-contable prevista por el artículo 137 del Tocaf. A su vez, el artículo 33 de ese texto establece como regla general la licitación, algo que se incumplió.
“En este caso se observa un fraccionamiento ilegítimo del gasto para que la operación encuadre dentro de los límites de las compras directas cuando hubiera correspondido el procedimiento competitivo de la licitación pública”, dice y considera que este incumplimiento configura una “falta grave”.
Los roles de Behrend y Rodríguez
La investigación administrativa también encontró irregularidades en los convenios de complementación firmados con el Casmu y el Círculo Católico por camas de cuidados moderados y CTI.
Se pasó de un sistema de pago por día de cama ocupada para cuidados moderados a una modalidad de contratación de camas fijas mensuales de uso exclusivo de tarifa plana. “El cambio de modalidad implicó un aumento exponencial del gasto”, dice.
En este sentido, menciona que el Behrend le hizo “modificaciones sustantivas” al convenio con el Círculo Católico sobre las camas de CTI y otras consultas. Se arrogó una “facultad propia del directorio que no tenía delegada”, pero además evadió “controles internos y externos” ya que ese cambio requería informe previo favorable del MSP e intervención del TCR.
“Se suma a lo antedicho su responsabilidad consistente en establecer que en los convenios de CTI pediátrico con el Círculo Católico no se realizaran controles médicos al considerarlo innecesario dado que la facturación era por tarifa plana”, dice.
Respecto al exgerente financiero, hoy con un cargo similar en el Hospital Piñeyro del Campo, también plantea que tenía “injerencia” en el SAME 105 estableciendo “pautas de funcionamiento específicas con la empresa ITHG” como por ejemplo que “no se realizaran controles a tercerizados ni órdenes de compras”, directivas que “se oponen directamente a la normativa vigente, colocando a la administración en indefensión frente a posibles reclamos laborales”.
Rodríguez, el exdirector del SAME 105 y actualmente de licencia prejubilatoria, hizo modificaciones al convenio con el Círculo Católico que se apartaron “de la normativa vigente” y evadieron “controles internos y externos”.
La investigación le reprocha haber disuelto y debilitado “áreas de control” respecto al ingreso y seguimiento de pacientes al servicio de CTI y el seguimiento médico mediante auditorías en las historias clínicas de los pacientes que entraban a cuidados moderados con tarifa plana.
Estas decisiones significaron que "el sistema de control de facturación implementado por él fuera débil, ineficiente e ineficaz", agrega.
Sobre su rol con ITHG, dice que reiteró los pagos observados con una “motivación genérica” y “fraccionó artificialmente el gasto para evadir ingresar en un procedimiento competitivo”.
La investigación considera que ambos tuvieron la “intención de flexibilizar las exigencias hacia ITHG”. “Se trata de funcionarios de jerarquía, con larga experiencia laboral y sólidos conocimientos técnicos, respecto de los cuales resulta inexcusable que se hayan verificado los extremos irregulares ya denunciados”, valora.
A modo de resumen, tal como había señalado la auditoría, detalla que hubo facturación de estudios sin respaldo en la asignación efectiva de pacientes; horas adicionales correspondientes a camas de cuidados moderados en condiciones no previstas en el convenio; pago de prestaciones que ya estaban en la tarifa plana, y autorización de pagos por traslados que no consignan datos que identifiquen al proveedor ni los móviles utilizados.
También menciona que hubo pagos por traslados que figuran en el sistema como cancelados o que no pudieron ser debidamente acreditados, facturación de servicios en móviles comunes pero liquidados como especializados, y aprobaciones de pagos sustentadas exclusivamente en información aportada por el propio proveedor sin verificación independiente.
La mira en Treinta y Tres
La investigación administrativa también cuestiona el convenio entre ASSE y el Casmu para el Hospital de Treinta y Tres. Señala que la mutualista tenía un número escaso de usuarios en el departamento y que hubo “debilidades en el sistema de contralor del efectivo cumplimiento de las prestaciones”.
“En determinadas ocasiones se comprobó que si bien en la planilla figuraba un especialista determinado, quien se encontraba era otro profesional de la misma especialidad, situación que puede colocar a la administración en un escenario de vulnerabilidad frente a eventuales hechos de responsabilidad médica”, cuestiona.
También considera que hubo "dificultades" en la correcta categorización de los actos quirúrgicos y errores en la determinación del vínculo funcional del profesional actuante. “No fueron errores formales sino que incidían en la determinación de derechos económicos con potencial afectación patrimonial para la administración”, por lo que se dispusieron ampliar las investigaciones más allá de las responsabilidades de la directora y la gerenta financiera.
