Un día antes de la tradicional Marcha del Silencio en reclamo por los desaparecidos en la última dictadura, la Cancillería publicó en su página web diez documentos que refieren a "casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del Plan Cóndor".
En una conferencia de prensa realizada este lunes, la canciller interina Valeria Csukasi afirmó que esta documentación es "clave" para "entender parte de lo ocurrido" en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.
"En los últimos 20 años, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido parte de un proceso por el cual se ha avanzado en materia de archivos vinculados a violaciones de derechos humanos", agregó.
Mariela Cornes, archivóloga del Archivo Histórico Diplomático de Cancillería, afirmó que en la dictadura "la conducción del Estado se repartió entre oficiales de las Fuerzas Armadas y el apoyo de civiles", y que los documentos muestran que el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel entonces "no escapó a esa lógica y cumplió durante ese período roles clave en tres niveles".
"El control de los ciudadanos exiliados en el exterior y las personas que habían salido para el extranjero; la defensa de la imagen del régimen ante la comunidad internacional, y la coordinación con las cancillerías de los países de la región", detalló la funcionaria.
¿Qué muestran los documentos del Plan Cóndor publicados por Cancillería?
Cancelación del pasaporte de Wilson, Michelini y Gutiérrez Ruíz
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en el Parlamento
Los documentos muestran actuaciones coordinadas entre Uruguay y distintos países americanos en casos recordados de la pasada dictadura. Por ejemplo, uno de los archivos habla de la cancelación de los pasaportes del líder del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, así como de los políticos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz, ambos asesinados por el régimen militar argentino el 20 de mayo de 1976.
El mensaje fue enviado por la Embajada de Uruguay en Argentina a su sección Consular, tras haber recibido instrucciones desde Cancillería, en noviembre de 1975. La oficina también informó que había notificado sobre la cancelación de estos documentos a la Policía Federal y la Dirección de Migración argentinas.
En otro documento, la Embajada de Uruguay en Washington informó a la Cancillería sobre audiencias solicitadas por Wilson a autoridades del gobierno norteamericano.
El memorándum que trató el caso de María Elena Quinteros
El ministerio también difundió un memorándum de su oficina publicado el 2 de julio de 1976 por el "caso Venezuela", que refiere a la detención de María Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela el 28 de junio, en un intento de escape tras dos días detenida. El documento analizaba las posibles repercusiones de "entregar" o no a la mujer, que al día de hoy continúa desaparecida.
Desde Cancillería indicaron que el no entregar a la mujer podía "evitar cualquier tipo de declaración de la misma en nuestra contra", pero derivaría en "el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela" –como finalmente sucedió–, "deterioraría aún más la imagen del país" y "daría politicamente razón a la campana internacional que soportamos", y llevaría a que los gobernantes uruguayos fueran presentados como "violadores de instrumentos internacionales vigentes".
Si la entregaban, en cambio, desde el ministerio veían como ventajas evitar romper relaciones con Venezuela, ratificaría su postura de "cumplidores fieles" de los compromisos internacionales y "constituirá una posición explotable internacionalmente a nuestro favor".
Sin embargo, entendían que eso mostraría que hacían la entrega "bajo presión de Venezuela", tendrían que reconocer "la comisión de un acto ilícito" con la sanción a sus responsables, y advirtieron que: "La mujer podría hacer declaraciones en nuestra contra".
El reporte sobre noticias del encuentro de Victoria y Anatole Julién Grisonas en Chile
En otro documento de agosto de 1979, la Embajada de Uruguay en Santiago envió un telegrama a Cancillería (mencionado en varios archivos como "Diplomacia") en los que informaba sobre la difusión de una denuncia de un obispo de San Pablo sobre la aparición de los niños uruguayos Victoria y Anatole Julién Grisonas en Valparaiso, Chile, en diciembre de 1976.
Como denunció el obispo en aquel entonces, Victoria y Anatole eran hijos de los uruguayos Mario Roger Julien y Victoria Lucía Grisonas, y fueron secuestrados en un operativo realizado contra sus progenitores en setiembre de 1976. Su padre fue asesinado y su madre fue enviada junto a ellos al centro argentino de detención y tortura Automotores Orletti. A día de hoy continúa desaparecida.
En circunstancias que nunca se esclarecieron, los niños fueron dejados en una plaza de Valparaiso por militares uruguayos en diciembre de ese año. Pasaron por varios orfanatos hasta que fueron adoptados por una familia chilena. Años más tarde encontraron a su familia biológica, con la que mantienen lazos.
Coordinación ante la presencia de exiliados y personas con actividades sediciosas
En tres de los archivos publicados la Cancillería coordinó acciones con países sudamericanos ante la llegada de exiliados uruguayos a embajadas en el extranjero.
Uno de ellos fue enviado por la Embajada de Uruguay en Argentina el 28 de junio de 1973, el día después del comienzo de la dictadura, al entonces canciller Juan Carlos Blanco, en el que se solicitaban instrucciones sobre cómo proceder ante la llegada de ciudadanos uruguayos a la oficina consular con asilo político, así como de personas requeridas por el país.
En otro documento, enviado por Cancillería a esa misma embajada el 2 de junio de 1976, se indica que si un uruguayo requerido en el territorio nacional llegaba a esa oficina se debía coordinar su traslado a Uruguay.
El tercer archivo fue un telegrama enviado antes del comienzo del proceso militar, el 26 de enero de 1972, por la Embajada de Uruguay en Chile, que advertía sobre la necesidad de "designar un Agregado Militar, Naval y Aéreo" ante el gobierno de ese país debido a la llegada de "un número superior al centenar de personas que fueron juzgadas y condenadas por la Justicia uruguaya, como autores de delitos vinculados a la actividad sediciosa".
Tróccoli y Gavazzo
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José Nino Gavazzo. (Foto: archivo, 2019).
Camilo dos Santos
Los restantes archivos refieren a militares que luego fueron condenados por la comisión crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Uno de ellos fue enviado por la Embajada Uruguaya en Argentina a Cancillería el 6 de julio de 1979 para solicitar una prórroga de la visa del teniente Jorge Tróccoli para continuar "sus estudios" en ese país, junto a un certificado de permanencia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de tortura argentino en el que cumplió funciones.
El otro fue remitido por la Embajada Uruguaya en Estados Unidos al ministerio el 21 de enero de 1977: se trata de una carta en la que se informa sobre el retiro de las designaciones para cumplir funciones en Estados Unidos de José Nino Gavazzo y José Fons, debido a que desde el gobierno de ese país entendían que sus "nombramientos podrían tener efectos profundamente negativos".
