El astillero Cardama envió la semana pasada una nota a Presidencia de la República para iniciar una mediación y negociar una solución para la garantía de fiel cumplimiento de casi US$ 5 millones, según pudo confirmar El Observador.
El Ministerio de Defensa había notificado formalmente a la compañía gallega el pasado lunes 27 de octubre por la tarde sobre la decisión del Poder Ejecutivo de llevar el caso a la Justicia, pero hasta ahora no había habido respuesta de parte de Cardama.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había afirmado ese día que “en el contrato está establecida la posibilidad de una mediación” y que será utilizada "porque el Estado uruguayo respeta el Estado de derecho”. "Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en el contrato, que obliga al contratista y el Estado a resolver ese camino", agregó entonces, aunque avisó que solo tratarían el tema mediante "los mecanismos formales" y no "conversando en un café o comiendo un asado".
Días después, una consideración del ministro de Economía, Gabriel Oddone, llevó a que en la oposición comenzaran a hablar de una "reculada" –al decir del diputado colorado Maximiliano Campo– y de un cambio de discurso de parte del gobierno. “Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa", opinó en M24 el economista.
Tanto Sánchez en La Diaria como el prosecretario Jorge Díaz en Fácil Desviarse afirmaron luego que, más allá de agotar las instancias formales necesarias, era la "convicción" y la "voluntad" del gobierno avanzar haca la rescisión del contrato, tal como había anunciado el presidente Yamandú Orsi en la conferencia de prensa del 22 de octubre.
Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz
Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz anuncian la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Con la nueva comunicación de Cardama, se espera activar en los próximos días los intercambios correspondientes. En la Torre Ejecutiva entienden que, como cualquier diferendo de este tipo, todo lo que se discuta dentro de una mediación no puede ser usado luego en el marco de un juicio.
El astillero de Vigo pretende ahora presentar una serie de opciones para renovar la garantía de fiel cumplimiento y que sea el Poder Ejecutivo que seleccione la que más seguridades le da. Tras un sinfín de "desprolijidades" –al decir del estudio jurídico que asesoró al anterior gobierno durante el proceso–, Cardama terminó presentando un aval de EuroCommerce Limited y el Ministerio de Defensa aceptándola al cierre de la anterior administración.
Cuando el actual gobierno decidió ejecutar esa garantía ante su vencimiento el 22 de octubre, constató que la dirección dada por este supuesto banco inglés conducía a una inmobiliaria, que su número de contacto era el del Standard Chartered, que en realidad era propiedad de un ruso y que no había tenido casi actividad desde 2022 y una serie de incongruencias que terminaron, tal como informó Búsqueda, en su disolución final por parte del regulador británico.
Por ese caso el gobierno le presentó una denuncia penal a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Semanas después, el 4 de noviembre, contrató al estudio Arnold & Porter para llevar el caso ante distintas agencias de combate contra el crimen organizado en el Reino Unido. También inició una causa penal en tribunales españoles el notario cuya firma figuraba en el certificado de EuroCommerce presentado por Cardama. Luis Calabuig De Leiva había declarado antes a Búsqueda que le habían falsificado la firma.
Ahora, fuentes de Presidencia adelantaron a El Observador que ampliarán la denuncia en Uruguay y que pondrán en conocimiento de la Justicia nuevos hechos "graves".
Cardama, en tanto, ha dicho que él fue "el estafado" y de hecho está planteada la posibilidad de que el propio astillero denuncie lo ocurrido con EuroCommerce.
Gonzalo Fernández
Mientras tanto, Cardama contrató al abogado Gonzalo Fernández para representarlo en Uruguay, según pudo confirmar El Observador. El penalista fue la mano derecha de Tabaré Vázquez como su secretario de Presidencia durante el primer gobierno. En ese período asumió luego la Cancillería tras la salida de Reinaldo Gargano y finalmente fue ministro de Defensa por menos de un año hasta que Vázquez le pasó la banda a José Mujica el 1° de marzo de 2010.
Juicio Casa de Galicia/Gonzalo Fernández.
Foto: Leonardo Carreño
Fernández ha trabajado en varios casos de alto perfil vinculados incluso a dirigentes del Frente Amplio: hoy es el abogado de Óscar Andrade y de Daniel Diverio en la causa por los desvíos de dinero del Fondo de la Construcción y años antes defendió a la hoy vicepresidenta Carolina Cosse ante la denuncia –finalmente archivada– del directorio de Antel por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena.
El abogado también representa actualmente al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, quien en el pasado ofició de nexo con oficiales de la Armada para visitar al astillero Cardama.
El caso uruguayo también tuvo repercusiones en Galicia: el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió al diputado blanco e integrante de la comisión de Defensa, Gabriel Gianoli, quien viajó para conocer de primera mano el estado de la construcción de las dos patrullas oceánicas.
Tras ese encuentro, Rueda –integrante del centroderechista Partido Popular– conversó por teléfono con Orsi y escribió en sus redes sociales que le puso "de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia". El presidente de la Xunta de Galicia agregó que quedaron "en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión".
Consultado este miércoles a la salida de la Cámara de Industrias, Orsi se limitó a decir que el gallego Rueda "nos preguntó como estaba la cosa" y transmitió su "consideración" de que "conocía a la gente". "Es lo que tiene que pasar. Estuvo muy bien, así como hablé con gente del gobierno español. Quería interiorizarse de cómo estaba la cosa acá y cómo yo la veía", planteó el presidente.
Orsi añadió que no fueron "al caso puntual". "Fue lo suficientemente respetuoso como para no cometer la imprudencia de meterse en el tema, que es de negocios y no diplomático (...). Fuimos a la Justicia y hay que jugar callado porque hay que ser muy respetuoso y prudente".
