El banco había iniciado una investigación tras el anuncio de Yamandú Orsi de la rescisión del contrato; Jorge Díaz había planteado irregularidades
La construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada por parte del astillero Cardama continúa en el centro de la polémica tras la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato luego de detectar irregularidades con la garantía.
Este miércoles, el presidente de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Gabriel Gianoli, divulgó un video desde Vigo en el que se observa el avance de la construcción.
“En la visita al astillero de Cardama en Vigo constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España, merecen un buen final”, escribió. Según supo El Observador, Gianoli gestionó el viaje de forma oficial y preveía tener diversas reuniones con varios actores de la industria naval gallega antes de volver a Uruguay.
Otro de los encuentros que tuvo fue con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, quien luego activó un teléfono rojo con Yamandú Orsi. El presidente gallego divulgó que le transmitió el “enorme prestigio de la construcción naval en Galicia” y acordaron tener “un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión”.
El viaje de Gianoli fue celebrado por la oposición, que incluso llegó a hablar de que era el único legislador capaz de poder “valorar la calidad de las soldaduras” dado su oficio.
A su vez, fue cuestionado por el oficialismo. El senador frenteamplista Nicolás Viera dijo que había que ver “qué implicancias tiene esta visita” y la tildó de “rara”.
“A los oficiales de la Armada que llegaron al astillero, en representación del Estado uruguayo, no los dejaron actuar porque Cardama no los reconoció. Resulta que ahora va un diputado opositor e ingresa sin problemas… ¡Raro!”, señaló.
En paralelo a esta discusión, los organismos del Estado que han intervenido en el proceso avanzan en sus investigaciones.
El jueves pasado, en el directorio del Banco República (BROU) se recibieron los informes de los servicios y de la auditoría interna realizada, los cuales señalaron que “toda la actuación del banco estuvo ajustada a derecho”, según confirmó a El Observador el presidente Álvaro García.
Los informes mencionan que se cumplió con lo que establece la carta de crédito irrevocable que se presentó y que ante el cumplimiento de los hitos –y la verificación de Lloyd's Register– se fueron realizando los pagos.
En total se realizaron tres pagos al Deutsche Bank por unos US$ 30 millones. El cuarto está previsto para enero una vez que se verifique la llegada de los motores. El dinero es aportado por Defensa, que puede pedirle al BROU que suspenda los pagos.
Los informes fueron solicitados luego que el presidente Yamandú Orsi anunciara la rescisión del contrato en una conferencia de prensa. En esa instancia, el prosecretario Jorge Díaz mencionó que pedirían investigaciones porque habían ocurrido irregularidades en los pagos.
“El proceso de pago que se estableció no sigue con las reglas del contrato (...) es un procedimiento absolutamente diferente al regular”, dijo. Detalló que en lugar de ser Defensa quien pagaba cada vez que se cumplía con los hitos, era el BROU el que lo hacía. “Los pagos se efectúan una vez que la empresa constructora notifica a un banco en Madrid del cumplimiento del hito. Ese banco de Madrid comunica al BROU y el BROU paga. Eso es básicamente el procedimiento establecido, que no es el procedimiento habitual en la administración pública con el argumento de que Defensa no tenía cuenta en euros”, señaló.
Tras esto, el banco inició investigaciones de urgencia porque había un “riesgo reputacional” detrás de las declaraciones.
Sin embargo, los informes elevados este jueves señalaron que fueron "ajustados a derecho".
El Ministerio de Defensa también tiene una investigación abierta sobre la decisión de compra, mientras que el Ministerio de Economía tiene otra sobre los pagos.