La inversión supera los US$ 90 millones, de los cuales el Ministerio de Defensa ya pagó un tercio, pero fue cancelada por el gobierno tras detectar irregularidades en las garantías presentadas por la empresa, algo que llevará al Ejecutivo a denunciar ante la Justicia por sospechas de "estafa o fraude" al Estado.
Con el exministro Javier García a la cabeza, dirigentes blancos cuestionaron la decisión, señalaron que obedecía a razones políticas y no a fundamentos jurídicos, y enfatizaron –a partir de lo que ha dicho Mario Cardama, el dueño del astillero– en que el primero de los buques está construido en un 60%.
Fue anunciada por el entonces presidente en diciembre de 2021. El gobierno elaboró dos pliegos: uno para ofrecer por buques nuevos y otro para ofrecer usados. Tenían unas 90 páginas cada uno e incluían especificaciones técnicas muy detalladas.
Para la de usados no se presentó ningún astillero.
Se crearon tres comisiones para analizar la compra: una técnica (con oficiales de la Armada), una asesora (integrada por Defensa, la Armada y Economía) y una de seguimiento (donde los partidos políticos debían designar representantes).
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Buscando evitar la incidencia de lobbys, la convocatoria se realizó a través de 25 embajadas. Cinco empresas compraron el pliego aunque luego Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) no se presentó y Fincantieri entregó un sobre fuera de hora por lo que quedó descalificada.
En julio de 2022, El Observador dio cuenta que los informes reservados (de la comisión técnica y la asesora) concluían que la propuesta de la china CSTC era la única que cumplía con todos los requisitos. Había cotizado los dos barcos en US$ 199,5 millones. Damen y Kership –las otras dos que se presentaron– quedaban por fuera.
Tras la difusión, la holandesa Damen denunció irregularidades, cuestionó las conclusiones e interpuso recursos administrativos.
A su vez, Estados Unidos movió sus fichas y transmitió –a través de un alto funcionario de la embajada– al senador Carlos Daniel Camy su rechazo a que el gobierno comprara las OPV chinas. El diplomático estadounidense le hizo saber al presidente de la Comisión de Defensa del Senado que era una mala señal la compra de insumos militares a China en un momento de alta sensibilidad a nivel geopolítico y, específicamente, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Beijing por Taiwán, tal como informó El Observador en ese entonces.
Después de la movida diplomática hubo varios meses de silencio por parte del gobierno hasta que el 31 de enero de 2023, el Poder Ejecutivo comunicó que declaraba desierto el llamado. García aseguró que obedecía a los altos precios ya que las ofertas superaban “significativamente” los montos previstos (unos US$ 100 millones).
El astillero chino que había sido mejor puntuado reaccionó pidiéndole a Defensa negociar para bajar el precio de su oferta (algo previsto en una cláusula del pliego) y la embajada activó canales diplomáticos para transmitir su “descontento” por cómo se había realizado el procedimiento de compra.
¿Buques noruegos?
Pero en ese entonces –marzo de 2023– el gobierno ya había optado por otro camino: había comenzado a explorar buques noruegos usados de la clase Nordkapp, de 3200 toneladas y 105 metros de eslora cuyo costo era más bajo.
De hecho, una delegación oficial llegó a viajar a Noruega para inspeccionar los buques, pero la compra fue descartada tras un informe técnico que señaló –entre otras cosas– que el calado superaba la profundidad de los muelles de la Armada en el puerto de Montevideo.
Desierta la primera licitación y descartados los buques usados, en abril de 2023 la Armada se lanzó a un tercer proceso de compra, cuya formalidad distó mucho del inicial.
Cardama entra en escena
El capitán de navío Marcelo da Silva –uno de los ayudantes del comandante en jefe Jorge Wilson– se comunicó telefónicamente con los representantes de los distintos astilleros para pedirles que presenten ofertas a partir de algunas directivas.
El Observador narró en esos días que la informalidad del planteo sorprendió a algunos de los representantes, que pidieron recibir por escrito las pautas del nuevo procedimiento para poder discutir con la casa matriz el alcance de las ofertas.
Tras los contactos iniciales se estableció que las propuestas debían ser entregadas al comando antes que terminara la tercera semana de mayo.
Con ese plazo sin vencerse, una visita encendió las alarmas entre los interesados. El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, junto a Da Silva –el jefe de gabinete de Wilson– aprovecharon un viaje a España para visitar al astillero Cardama en Galicia, uno de los participantes.
La información causó desconcierto porque algunos representantes habían cursado otras invitaciones similares sin obtener respuestas por lo que sintieron que se estaba manifestando preferencia por uno de los participantes.
En total se presentaron siete astilleros: los españoles Cardama y Gondán, el coreano Hyundai, el colombiano Cotecmar, el chino CSTC, el holandés Damen y el francés Kership.
Las ofertas fueron distribuidas el 19 de mayo a los almirantes. El viernes 26 se realizó una reunión en la que todos votaron. Cardama fue la elegida. A su favor votaron Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo (hoy comandante). Quien era el jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, hizo un informe escrito que la ubicó última. Tras esto, pidió su pase a retiro.
Después de la decisión de los almirantes, Defensa designó una comisión asesora integrada por dos de los que habían ido a ver Cardama (Elgue y Da Silva), el director general de Defensa, Fabián Martínez, el director de Recursos Financieros, Damián Galó, y el director de Material Naval, el contraalmirante Héctor Magliocca, que ya había votado a favor de la empresa española.
El 17 de julio García anunció en rueda de prensa que Cardama había sido la seleccionada.
Poco después se supo que no tenía experiencia en el rubro, que enfrentaba una situación económica frágil y que otros oficiales de la Armada la habían inspeccionado en 2016. El almirante Jorge Jaunsolo declaró que lo recordaba como un astillero de menor porte que el Dique Nacional, sin dique seco y destinado a barcos de pesca. “Lo único que vi ahí fueron pesqueros”, dijo.
El contrato se firmó el 15 de diciembre de 2023. Cardama tenía 45 días para constituir las garantías, pero no pudo hacerlo y comenzó a pedir prórrogas.
Dos empresas nacionales: el Banco de Seguros del Estado (BSE) y Abitab rechazaron otorgársela pese a que era un negocio con el Estado uruguayo.
Finalmente, tras 11 meses de búsqueda y a pocos días de las elecciones, el ministro Armando Castaingdebat (Defensa) informó que un “banco inglés” había aportado la garantía y que el gobierno la había aceptado.
A partir de entonces comenzó el plazo de construcción de los buques.
Mario Cardama señaló este miércoles que el primero llevaba un 60%, un porcentaje que el gobierno de Yamandú Orsi desconfía, entre otras cosas porque fue identificando que el plano de los buques no estaban aprobados, que el astillero no tenía permisión y que una prueba que se hizo fue con otro buque.
