Para tomar la decisión, Orsi se basó en un informe confidencial al que accedió El Observador y que detalla las irregularidades de Cardama durante el proceso y que llevaron al presidente a afirmar que enviará la documentación a la Justicia porque hay sospechas firmes de “estafa o fraude” al Estado.
Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz
Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz anuncian la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025
Foto: Gastón Britos / FocoUy
El informe confidencial
El documento hace un racconto de todo el proceso desde el 15 de diciembre de 2023 cuando se firmó el contrato, el cual fue suscripto por Javier García (por entonces ministro de Defensa).
En el contrato se establecieron dos cláusulas (la 11 y la 27) que daban 45 días a Cardama para constituir garantías por el 10% de la compra. Sin embargo, la empresa no logró conseguirlas en ese plazo y comenzó a pedir prórrogas.
"Los 45 días se transformaron en 11 meses", apuntó durante la conferencia Jorge Díaz. "Es relevante porque una de las circunstancias por las cuales se había elegido a esta empresa era, precisamente, que el primer barco iba a estar construido en 18 meses", sostuvo el prosecretario de Presidencia.
El informe detalla que intentó conseguirlas con la española Pymar, el Banco de Seguros del Estado, MYN de Freitas, Som.us, Redbridge, Euro Exim Bank, EEB, Societe Generale y Parcilar (Abitab-financiera ASI) hasta que la obtuvo con EuroCommerce LTD.
Sin embargo, el estudio Delpiazzo -contratado para asistir al Estado en la compra- señaló que el borrador de las garantías no cumplía con las exigencias establecidas en el contrato (porque eran por un año y debían ser renovadas aunque la construcción duraría más).
Pese a esto, el estudio jurídico señaló que Defensa podía aceptarla “sujeto a la responsabilidad que implica tener la renovación anual 30 días antes del vencimiento, a fin de garantizar que la garantía se encuentre vigente durante el plazo de 42 meses o en su defecto ejecutar dicha garantía”.
Tras esto, el 14 de octubre de 2024, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, comunicó que aceptaban las garantías.
El gobierno de Orsi señala que el Ministerio de Defensa de entonces solo consultó al Banco Central una vez y que no se verificó “asesoramiento de entidades idóneas como corredores de seguros tal como sugirió el BCU”.
“La garantía está redactada en inglés, no se apostilló, no se tradujo y la representación no fue controlada debidamente”, dice al respecto. Además, menciona que Defensa aceptó como forma de acreditar la representación el certificado notarial "de un español (Luis Calabuig de Leyva), que simplemente certificó que un tercero (Francisco Sabater Cabanes) se presentó ante él y dijo que el firmante de la garantía (Alex Walsh) tenía facultades suficientes para firmar en representación de Eurocommerce LTD”.
El documento concluye que “todos los elementos mencionados fueron alertados por el estudio Delpiazzo” pero “el MDN siguió adelante y avaló las garantías”. El gobierno actual acusó en este sentido de no atender "las luces rojas que se prendieron".
Cardama
Foto: página web de Cardama
"Con las garantías que se presentaron efectivamente no se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a la situación", apuntó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
El jerarca del MPP añadió que esto "va a requerir una investigación en profundidad" para ver hubo "complicidad de funcionarios públicos que no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario", asunto que por otro lado es objeto de una investigación administrativa resuelta por la ministra Sandra Lazo en Defensa.
La firma de las garantías y la ejecución
Respecto a la firma de las garantías, el gobierno señala que Delpiazzo informó ninguna de las empresas (Rebridge y Eurocommerce) habían logrado acreditar que quien firmaba por cada entidad tuviera la debida representación.
Sobre Eurocommerce y el representante Alex Walsh dice: “también hicimos la búsqueda para ver de poder subsanar estas falencias. Pero de los registros públicos accesibles on line de esa entidad, los representantes que figuran no coinciden con el firmante. Asimismo, el domicilio que figura en el documento de la póliza no es el que surge del registro vigente, sino que es uno anterior".
En octubre de este año, un mes antes de que se venciera el plazo, el gobierno instruyó al embajador en Londres, Luis Bermúdez, que realice las acciones para efectivizar la ejecución de la garantía.
Sin embargo, Bermúdez fue al domicilio y encontró que en el lugar funcionaba una inmobiliaria. El estudio de abogados inglés Arnold & Porter hizo un informe en que no encontró registros de la compañía y halló que el director era un hombre denominado Vladimir Suzdalev, cuyo domicilio estaba en Rusia. Los datos figuran de forma pública en el registro online del gobierno británico.
El informe requerido por el gobierno a Arnold & Porter marcó también que la empresa estaba por ser eliminada y disuelta del registro -noticia que fue consignada por el boletín oficial inglés en agosto de este año-, que los “estados financieros” indicaban que “no desarrolla ninguna actividad económica y que tuvo un solo empleado en 2022, y ninguno entre 2023-2024”.
“A la luz de la situación de Eurocommerce, presentar una demanda contra el astillero es la vía más efectiva. Se sugiere a su vez se presente denuncia ante múltiples agencias responsables de investigar fraudes en el Reino Unido”, sentencia el informe en manos del Poder Ejecutivo.
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Archivo, Mario Cardama en el Ministerio de Defensa.
La visión de Cardama
Consultado por El Observador este jueves, el dueño del astillero, Mario Cardama, aseguró que tiene autorizado el nuevo aval de EuroCommerce desde el pasado 26 de setiembre y que se "despistó" al no haberlo entregado con anticipación al Ministerio de Defensa.
No obstante, reclamó que se enteró "por la prensa" de que el Estado uruguayo había intentado ejecutar la garantía y apuntó que no comprende las razones, dado que a su entender, el plazo regía hasta este miércoles inclusive, fecha en que finalmente envió la nueva garantía de poco más de US$ 4 millones. El gobierno aduce al respecto que el contrato establece que debió haber gestionado el aval con 30 días de antelación.
Cardama también reprocha que nadie le informó ni por escrito ni de forma verbal, a pesar de que mantiene contacto periódico con la ministra Lazo. El dueño del astillero esgrimió que, tras conocerse la noticia, conversó con el agente de EuroCommerce en España y se comprometió a hacer llegar toda la documentación necesaria para acreditar que el banco británico existe y dilucidar cuál fue el problema con la dirección.
Ante la solicitud de El Observador para acceder al nuevo aval, indicó que no podía facilitarlo.
