El presidente Yamandú Orsi anunció en la noche de este miércoles la rescisión del contrato de compra de los buques OPV, la principal adquisición militar del período de Luis Lacalle Pou, que ascendía a US$ 90 millones, de los cuales ya se pagaron US$ 30 millones. La decisión del gobierno se basa en un informe que señala irregularidades en el proceso y en las garantías presentadas por Cardama, lo que ha llevado al Ejecutivo a presentar la documentación ante la Justicia, con sospechas de "estafa o fraude" al Estado.
El caso será derivado a la órbita judicial y el gobierno instruyó, además, la apertura de investigaciones administrativas en el Ministerio de Economía y el Banco República. Este jueves, el Frente Amplio evaluará promover acciones en el Parlamento para indagar responsabilidades políticas.
Las gestiones y las prórrogas
El contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023, durante la gestión del entonces ministro Javier García, establecía que Cardama debía presentar dos garantías —de reembolso y de fiel cumplimiento— en un plazo de 45 días. Sin embargo, la empresa solicitó sucesivas prórrogas a lo largo de 2024, alegando dificultades para conseguir respaldo financiero.
Entre febrero y abril de 2024, Cardama hizo gestiones con el Banco de Seguros del Estado, con la firma española PYMAR, con la uruguaya M y N de Freitas, y con distintos intermediarios. Finalmente, presentó borradores de garantías emitidos por Redbridge Insurance Company (con sede en Barbados) y Euro Exim Bank (de Santa Lucía), ambas entidades sobre las cuales el Banco Central del Uruguay advirtió falta de información financiera y recomendó cautela.
La aparición de Eurocommerce
A medida que las gestiones se prolongaban, Cardama presentó nuevas alternativas. En setiembre de 2024, la empresa entregó un borrador de garantía emitido por Eurocommerce, una compañía radicada en el Reino Unido.
El estudio Delpiazzo -contratado para asistir al Estado en la compra- señaló que las garantías no cumplían con las exigencias establecidas en el contrato (porque eran por un año y debían ser renovadas aunque la construcción duraría más).
Pese a esto, el estudio jurídico señaló que Defensa podía aceptarla “sujeto a la responsabilidad que implica tener la renovación anual 30 días antes del vencimiento, a fin de garantizar que la garantía se encuentre vigente durante el plazo de 42 meses o en su defecto ejecutar dicha garantía”.
Tras esto, el 14 de octubre de 2024, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, comunicó que aceptaban las garantías.
El gobierno de Orsi señala que el Ministerio de Defensa de entonces solo consultó al Banco Central una vez y que no se verificó “asesoramiento de entidades idóneas como corredores de seguros tal como sugirió el BCU”.
La denuncia y la investigación
A raíz de las irregularidades en las garantías, el gobierno decidió instruir al embajador uruguayo en el Reino Unido para que investigue la empresa Eurocommerce, cuyos registros y situación financiera resultaron ser fraudulentos. Un informe de la firma Arnold & Porter reveló que Eurocommerce no estaba registrada correctamente y que su director vivía en Rusia, lo que refuerza las sospechas de fraude.
El 21 de octubre de 2025, el embajador uruguayo en el Reino Unido, Luis Homero Bermúdez Álvarez, constató que Eurocommerce no tenía presencia en la dirección declarada y que en ese lugar funcionaba una inmobiliaria que desconocía la existencia de la empresa. Un informe solicitado al estudio jurídico Arnold & Porter confirmó que Eurocommerce no estaba registrada ante las autoridades financieras británicas, que su director reside en Rusia y que la firma estaba en proceso de disolución desde el 19 de agosto de 2025.
El reporte también indicó que el dominio web de Eurocommerce fue creado recién en 2022 y que el número de contacto publicado correspondía al banco Standard Chartered en Londres.
La respuesta del gobierno
El 22 de octubre de 2025, a las 19:30 horas, el presidente Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí informaron que el gobierno resolvió denunciar penalmente a Cardama por presunta estafa o fraude al Estado uruguayo.
Según Díaz, la supuesta aseguradora “no tiene empleados” y cuando fue presentada como garantía ante el Estado “solo contaba con un trabajador”. El Ejecutivo también instruyó la apertura de investigaciones administrativas en el Ministerio de Economía y el BROU para determinar posibles irregularidades en los pagos realizados hasta el momento, que ascienden a US$ 30 millones de un total comprometido de US$ 100 millones.
La respuesta de Cardama
El dueño del astillero, Mario Cardama, defendió su posición, asegurando que obtuvo el nuevo aval de Eurocommerce en setiembre de 2025, pero que no lo entregó a tiempo debido a un “despiste”. Sin embargo, Cardama también señaló que no fue informado formalmente sobre la ejecución de la garantía por parte del gobierno uruguayo, y se comprometió a presentar toda la documentación necesaria para resolver la situación.
Cardama consideró este jueves que lo ocurrido con la garantía de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) encargadas por el gobierno uruguayo "no es tan grave" y que se puede "reconducir" el contrato. En entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), Cardama anunció que pedirá una reunión con el presidente Yamandú Orsi y la ministra Sandra Lazo para tratar el tema.
Reconoció el error de no haber renovado la garantía a tiempo, ya que debía presentarla el 22 de setiembre, pero fue firmada el 26 de setiembre y comunicada solo el 22 de octubre. A pesar de ello, Cardama sostuvo que "la garantía está renovada desde setiembre" y consideró que el contrato no debería ser anulado por un retraso de apenas unos días, aunque no quiso comentar sobre las “razones ocultas” que, según él, podrían haber influido en la rescisión del contrato.
En cuanto a los cuestionamientos sobre la solvencia de EuroCommerce, Cardama aclaró que “no conoce” la empresa, pero aseguró que su aval había sido aprobado previamente por el Banco República. También explicó que la inmobiliaria en la dirección de la empresa se debía a un cambio de dirección y negó tener información sobre la liquidación de la firma.
Cardama finalizó su intervención afirmando que podría conseguir otra garantía para seguir adelante con el contrato.
El caso se encuentra ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta por parte del astillero español y si hubo responsabilidad de funcionarios públicos en la validación de las garantías.
