El presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato de compra de los buques OPV (Patrulleros Oceánicos) que el gobierno de Luis Lacalle Pou había firmado con el astillero español Cardama. La decisión está basada en sospechas de fraude y malas prácticas en las garantías presentadas por la empresa.
Contexto: la compra de los OPV bajo el gobierno de Lacalle Pou
En diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou, a través del Ministerio de Defensa Nacional, firmó un contrato con Cardama para la adquisición de dos buques OPV. Este acuerdo, valorado en US$ 90 millones, fue considerado la principal adquisición militar de la administración de Lacalle Pou. El contrato incluía un pago inicial de US$ 30 millones, que ya había sido desembolsado.
Irregularidades en las garantías presentadas por Cardama
El contrato estipulaba que Cardama debía presentar dos garantías —una de reembolso y otra de cumplimiento fiel— en un plazo de 45 días. Sin embargo, la empresa solicitó varias prórrogas durante 2024, alegando dificultades financieras para presentar las garantías requeridas.
Entre febrero y abril de 2024, Cardama buscó el respaldo de diversas entidades, pero la documentación presentada generó preocupaciones. En septiembre de 2024, la empresa presentó un borrador de garantía emitido por Eurocommerce, una firma del Reino Unido. Sin embargo, el estudio Delpiazzo, contratado para asesorar al Estado en la compra, advirtió que las garantías no cumplían con las condiciones del contrato, ya que debían renovarse anualmente, pero la construcción del buque podría tardar más de un año.
El entonces Ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, aceptó las garantías el 14 de octubre de 2024, aunque sin verificar con entidades idóneas, como recomendaba el Banco Central del Uruguay (BCU).
El presunto fraude: el caso de Eurocommerce
Las investigaciones comenzaron a tomar un giro serio cuando el gobierno de Yamandú Orsi descubrió irregularidades en la empresa Eurocommerce. En octubre de 2025, se reveló que Eurocommerce no estaba registrada adecuadamente ante las autoridades financieras británicas. Además, su director residía en Rusia, y la firma estaba en proceso de disolución. Un informe del estudio Arnold & Porter confirmó que Eurocommerce no cumplía con los requisitos legales y que su dirección era en realidad ocupada por una inmobiliaria sin relación con la empresa.
La denuncia penal y la reacción del gobierno
El 22 de octubre de 2025, Orsi, junto con funcionarios del gobierno, anunció que presentarían una denuncia penal contra Cardama por presunto fraude al Estado uruguayo. El gobierno también abrió investigaciones administrativas en el Ministerio de Economía y el Banco República para determinar la legalidad de los pagos realizados hasta el momento, que sumaban US$ 30 millones.
La defensa de Cardama: ¿un error o un fraude?
Mario Cardama, dueño del astillero, negó las acusaciones de fraude, asegurando que la garantía de Eurocommerce había sido renovada, pero que el retraso en su presentación fue un "despiste". Además, Cardama sostuvo que la garantía debía ser aceptada a pesar del retraso de unos días, y que el contrato podría "reconducirse" sin necesidad de anularlo.
Cardama también negó conocer a fondo la empresa Eurocommerce y explicó que la dirección registrada de la firma era incorrecta debido a un cambio de ubicación. Sin embargo, reconoció que la garantía no fue renovada a tiempo, pero insistió en que la situación podría resolverse.
Próximos pasos: la investigación judicial
El caso ha sido derivado a la justicia, que ahora deberá investigar si hubo una maniobra fraudulenta por parte de Cardama y determinar si algún funcionario público es responsable por la validación de las garantías cuestionadas. La situación podría tener implicaciones serias para los involucrados en el proceso de compra de los patrulleros OPV.
Conclusión: dudas sobre la transparencia del proceso
La rescisión del contrato con Cardama y la denuncia de fraude han desatado una crisis en torno a la principal compra militar de la administración de Luis Lacalle Pou. El gobierno de Orsi ahora deberá enfrentar un proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades en la adquisición de los patrulleros oceánicos. La situación sigue siendo incierta, y los responsables de las posibles irregularidades podrían enfrentarse a graves consecuencias.
