El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo en rueda de prensa que la negativa del astillero Cardama de participar presencialmente en la comisión investigadora del Parlamento "confirma que, efectivamente, no tienen la más mínima intención de colaborar con el Estado uruguayo".
Es la segunda vez que el astillero español declina la invitación de comparecer ante la comisión investigadora de forma presencial. La primera respuesta negativa de la empresa había llegado vía correo el pasado 1° de junio: en el documento, al que accedió El Observador, Cardama argüía que resultaba "muy complejo armonizar" el "genuino y sincero interés" en colaborar con la comisión.
Ante una nueva negativa, el senador Brenta argumentó que ha sido una "actitud persistente de Cardama" de "no aportar ninguna información" y que esto "confirma" la negativa a colaborar con el trabajo de investigación al respecto del caso.
"Si bien correspondía invitarlo, esto nos parece que confirma que, efectivamente, no tienen la más mínima intención de colaborar con el Estado uruguayo en dilucidar las responsabilidades que hay respecto a este proceso fraudulento que se desarrolló durante todo este período", afirmó el senador del Frente Amplio.
Sobre la posibilidad de enviar las preguntas por escrito, Brenta mencionó que "ya no hay tiempo" porque la comisión finalizará la semana próxima: "La bancada del Frente Amplio va a analizar esta situación (obviamente, finalizado el procedimiento) y tomará las acciones que correspondan a nivel parlamentario. Evaluaremos si hay posibilidades de llevar adelante algún tipo de acciones que colaboren con la Justicia en dilucidar las eventuales responsabilidades en un proceso que se ha caracterizado por la desprolijidad y la falta de transparencia", afirmó.
Además, el senador dijo que aunque "no pueden afirmar" que haya existido un fraude, sí pueden decir que se "comprobaron situaciones" que "no tienen una explicación racional".
"Por ejemplo, no advertir que el Banco Central del Uruguay recomendó contratar un corredor de seguros para ver la fiabilidad de las garantías; eso no se tomó en cuenta. No se tomó en cuenta tampoco que los servicios jurídicos del Banco de Seguros dijeron que no se otorgara la garantía, y el Banco de Seguros no la otorgó. Se argumentó, en el caso de la solicitud que se le hizo a Abitab, que había presiones políticas. Terminó aceptando el Estado de Uruguay una garantía trucha, falsa, de una empresa inexistente y una segunda garantía, también, sin responsabilidades", concluyó.
