Legisladores blancos, colorados e independientes plantean presentarla en las próximas semanas
Poco tiempo después de ser nombrada, la ministra Sandra Lazo presentó al equipo que la acompañaría en Defensa e incluyó entre los destaques a algunos funcionarios que serían asesores.
Tras instalarse en el edificio de 8 de Octubre, la jerarca del MPP confió a dos de ellos –junto a otras autoridades– una tarea importante: relevar información acerca de cómo fue el proceso de decisión que terminó en la elección del astillero Cardama para la construcción de dos buques OPV para la Armada.
Esos trabajos fueron el germen de la rescisión posterior anunciada por Yamandú Orsi con denuncia penal incluida, pero derivaron –a su vez– en cuatro sanciones disciplinarias a militares que fueron entrevistados durante el proceso. Los penados fueron el excomandante Jorge Wilson, los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruíz, y el capitán de navío Marcelo da Silva.
Ahora –a más de un año de ocurridos estos hechos– Lazo y los dos asesores (Daniel Marsiglia y Damián Rojas) están en la mira de la oposición que resolvió denunciarlos penalmente por “pesquisa” y “usurpación de funciones”, señaló el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
Si bien la decisión ya está tomada y el texto está siendo redactado, los legisladores esperarán algunos días más para presentarla porque aspiran a recibir más información que fue solicitada a Defensa, dijo a El Observador el diputado colorado Felipe Schipani. Algunos creen, incluso, que es bueno aguardar hasta que la ministra asista al Parlamento para hacerle nuevas preguntas.
El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, aseguró a El Observador que el origen de la denuncia está en un pedido de informes que realizó tiempo atrás en el que confirmó que ambos asesores ejercieron funciones sin haber sido formalmente designados.
En esa respuesta, Defensa detalló que Marsiglia está como “pase en comisión” desde el Ministerio de Desarrollo Social, una solicitud que fue realizada el 6 de marzo y aprobada el 15 de mayo. Rojas, en tanto, es funcionario de la Udelar y estaba como pase en comisión de un legislador, pero fue contratado como adscripto el 27 de mayo dejando su cargo en reserva.
En el documento, Lazo señaló que las gestiones administrativas para formalizar sus vínculos funcionales comenzaron en marzo pero “como es habitual en este tipo de situaciones”, las firmas se demoraron por la burocracia estatal.
“Ambos funcionarios fueron autorizados verbalmente por quien suscribe a la realización de diferentes tareas desde el mes de marzo, estando en conocimiento de tal extremo todas y cada una de las personas que intercambiaron reuniones con ellos, así como el hecho de que ambos contaban con la debida confianza de esta ministra”, argumentó.
Pese a esto, la oposición considera irregular que hayan tenido reuniones con oficiales de la Armada por la compra a Cardama que luego derivaron en sanciones, que hayan revisado expedientes, y que incluso hayan recibido al titular del astillero junto a otros empresarios cuando no tenían los contratos de trabajo firmados.
El delito de pesquisa está incluido en el artículo 287 del Código Penal y establece que el funcionario público que “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión”.
La “usurpación de funciones”, en tanto, está prevista en el 166 y señala que quien “indebidamente, asumiere o ejercitare funciones públicas, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión”.
En la sesión de la investigadora de este lunes, Gianoli reiteró su pedido de contar con “todas las actuaciones de los asesores de la ministra”, documentación que hasta ahora no había recibido.
“Están nombrados en varios lugares, tenemos alguna documentación por algún pedido de informes, pero, entre otras cosas, queremos el acta de la reunión con la empresa Cardama del mes de abril donde comparecieron Rojas, Marsiglia y Maeso en nombre de la ministra”, dijo y luego señaló que le interesaba la “actuación de estas dos personas, que no hemos logrado tener un solo dato y que para nosotros es fundamental”.
A su vez, Schipani pidió que el Mides y la Universidad de la República les enviaran el “parte de asistencia” de Marsiglia y Rojas durante marzo, abril y mayo, para verificar si estaban yendo a esos trabajos o a Defensa.