8 de mayo de 2026 5:00 hs

Sin resolución formal aún del presidente Yamandú Orsi, el gobierno ha mantenido por la vía de los hechos su respaldo político a Alejandra Casablanca como secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

El mandatario recibió este lunes a Madres y Familiares en la Torre Ejecutiva y durante la reunión estuvo acompañado por el prosecretario Jorge Díaz y por la propia Casablanca, quien incluso ya ha tramitado nuevos pases en comisión para su oficina luego de que varios de los que la denunciaron fueron trasladados.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró el jueves pasado a El Observador que se continúa aplicando el protocolo, que se “se trata de dar garantías” a los denunciantes y la denunciada y concluyó que no le “gustan los juicios sumarios”. El caso ya pasó a la Oficina del Servicio Civil para una resolución final en base al informe del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia.

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La polémica comenzó a fines de noviembre del año pasado con dos denuncias contra Casablanca por presunto acoso laboral: una firmada por el abogado Juan Pablo Dos Santos, y otra presentada por cuatro funcionarias de la secretaría que han pedido no ser identificadas en notas periodísticas.

El Observador accedió tanto a los escritos de los denunciantes como a las 53 páginas de descargos presentados por la abogada Marina Morelli en representación de Casablanca, al igual que al informe del Servicio de Prevención de Presidencia tras recabar los testimonios, consignado hace dos semanas.

Chat GPT y “clima de temor”

En un listado de tres carillas, las cuatro funcionarias denunciaron un “clima de temor, desconfianza, amenazas y persecución” en la secretaría, la “exigencia de participación” en actos “partidarios”, restricciones a las licencias, una mala “gestión de conflictos” y “comentarios despectivos”.

Por su parte, el abogado Dos Santos expuso que entre marzo y junio de 2025 fue “sometido de forma constante y reiterada a destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes por parte” de Casablanca.

El funcionario –que había ingresado a la secretaría en pase en comisión en 2021 y que en febrero de 2025 fue “incorporado” a la plantilla permanente de esa oficina– resumió el “clima laboral intimidatorio” que afectó su “salud emocional” y “desempeño profesional”, lo que lo llevó a concurrir a “psicoterapia”.

Dos Santos –que en junio del 2025 fue trasladado a la Junta Nacional de Drogas– sugirió en su denuncia citar como testigos a cinco compañeras que podían “dar testimonio directo de hechos concretos”. Tres de ellas eran las que firmaban la otra denuncia contra Casablanca.

La jerarca, en tanto, arremetió en primera instancia contra la violación de la “reserva” de la información, alegando que la noticia de la denuncia fue anunciada a El País el 20 de noviembre y formalmente comunicada en Presidencia cinco días después.

Casablanca acusó a los denunciantes de poner en práctica una “táctica deliberada” que “es humanamente miserable”, bajo la premisa de que “las verdaderas víctimas de violencia buscan protección y resguardo” y “no exposición pública”.

En varios tramos de su descargo, la jerarca se despachó contra la “campaña de daño y difamación” y contra lo que entiende como un “abuso de los mecanismos de denuncia” que “desemboca en un clima de escepticismo y desconfianza hacia quienes realmente necesitan protección”. “La decisión de acudir a la prensa antes que a la administración busca obtener la condena social de mi persona antes que el pronunciamiento de la administración”, reclamó.

En lo referido a las formas, Casablanca y su abogada también llegaron a insinuar la nulidad del acto administrativo al constatar que las denuncias fueron elaboradas con inteligencia artificial. Acusaron que en el escrito de las cuatro funcionarias “ni siquiera se eliminaron las viñetas identitarias de Chat GPT” y apuntaron contra la “repetición mecánica” de “adjetivos emocionales genéricos” o “sinónimos” como “hostilidad”, “tensión”, “inseguridad” y “desconfianza”.

“La simple lectura de ambas denuncias permite advertir la ausencia absoluta de hechos concretos (...) fechas, lugares (...) o cualquier referencia mínimamente verificable. Ello sumado al uso de fórmulas lingüísticas propias de textos prefabricados, indica que resolvieron no denunciar una experiencia laboral vivida por cada quien, sino copiar-pegar un texto coincidente en un 90% producido por IA”, plantearon.

Chats y compensaciones salariales

El abogado Dos Santos fue el único de los denunciantes que ha hecho declaraciones públicas sobre su caso e incluso anunció que demandará a Casablanca por haberle “quitado” las compensaciones salariales –por “tareas especiales”, por “mayor responsabilidad” y por “tareas en horario variable”– una vez que asumió el cargo.

Se basó para eso en un oficio del 8 de abril de 2025 firmado por Casablanca y dirigido al director general de Presidencia, Diego Pastorín, para solicitarle que “se le otorguen” las tres compensaciones a un funcionario de su confianza y “se retiren” las que tenía Dos Santos.

Sin embargo, Casablanca dio una versión distinta sobre el episodio y hasta denunció una falsificación de firma que se canalizó en una investigación aparte que quedó acordonada al expediente.

En primer lugar, la jerarca aseguró que hay una “enorme brecha” entre el “discurso mediático” del abogado y lo que “efectivamente denunció” en su escrito al Servicio de Prevención, en alusión a declaraciones suyas en Telemundo referidas a varios cruces, como por ejemplo un supuesto insulto de Casablanca luego de que él se tomara licencia por el fallecimiento de una compañera de escuela de su hija: “Vos que sos tan católico, que la resucite el Papa”.

La jerarca y su abogada criticaron que Dos Santos tuvo “un guión bien diseñado” para “presentarse mediáticamente como una víctima épica”, con “victimización moral” al hablar de que es “del Cerro”, que se hizo “con sacrificio” o que no es “hijo de nadie”.

Casablanca citó en sus descargos una serie de mensajes de WhatsApp para asegurar que “no existe un solo insulto, destrato” o “amenaza alguna”.

Por un lado, mostró un chat del 10 de junio de 2025, del día en que Dos Santos fue notificado que pasaría a cumplir funciones en otra oficina.

“Gracias por todo, sos una tipa que tiene mucho ovario se nota, por fuera seríamos re amigos seguro!!! Me caes muy bien quiero que sepas a pesar que quizá podía parecer que no, beso grande!!! Y nos encontramos en la lucha seguro porque esto sigue con nuestra temática”, escribió Dos Santos esa tarde, y tras los deseos de “mucha suerte” por parte de Casablanca, agregó: “Seguí luchando a full!! Porque todos somos familiares. Besos”.

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La abogada de la jerarca argumentó al respecto: “En el mundo no hay persona sometida a meses de violencia (...) que se despida de su agresora con ese cariño (...) deseos de futura amistad y continuar compartiendo espacios de lucha social”.

La defensa citó también un mensaje que Dos Santos le escribió a Casablanca el 13 de setiembre –92 días después de haber sido transferido a otra oficina– para saludarla por su cumpleaños, lo que tomaron como prueba de que ninguna víctima “verdadera” de violencia “extraña el lugar” en que ocurrieron esos hechos: “Feliz cumpleaños , te deseo lo mejor!!! Se los extraña pila por ahí. Que disfrutes mucho tu día, abrazo grande”.

La abogada negó también los supuestos comentarios aludidos en los medios, a los que aludió como una “macabra puesta en escena” que fue “muy efectiva para vulnerar los derechos al honor” de Casablanca.

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9 de abril de 2025

La jerarca aseguró que fue la administración anterior la que, al incorporar a Dos Santos como funcionario de Presidencia el 3 de febrero de 2025, “definió sus retribuciones sin partidas extraordinarias”.

Casablanca narró haber consultado con las áreas competentes y que le explicaron que cualquier incorporación de funcionarios se “hace por el grado y sueldo de su ingreso original a la función pública”, sin las compensaciones otorgadas por la anterior secretaria de DDHH para el Pasado Reciente, Matilde Rodríguez Larreta, junto a quien él trabajó como asesor jurídico.

En un extenso relato, Casablanca dijo que en su momento le indicó a Dos Santos que “si él entendía que existía un error, debía hacer el reclamo ante Gestión Humana”, ya que ella “no había intervenido en la decisión”, a la vez que tampoco pensaba requerir de él tareas especiales que ameritaran las compensaciones a su salario.

En la versión de la jerarca, él le contó luego que Gestión Humana le requería una nota “firmada” por ella “para habilitar su reclamo”. En su relato, se trataba de una “escueta nota” en la que no se leía nada distinto al tema, al tiempo que él le “brindó la seguridad de que no era el pedido de compensaciones sino la autorización para hacer su reclamo salarial”. Ella firmó.

El hilo del descargo continúa hacia el 8 de abril de 2025, cuando el director de Gestión Humana, Adrián Dellepiane, le señaló a Casablanca que “no entendía” por qué si ella pretendía tener otro “asesor legal de su estricta confianza”, al mismo tiempo le pedía compensaciones para Dos Santos. La jerarca aclaró que solo había firmado una nota para avalarle al funcionario su reclamo salarial, pero el director zanjó: “Gestión Humana no exige ninguna nota de esa naturaleza”.

A raíz de eso, “frente a la gravedad de lo ocurrido”, Casablanca citó a “todo el equipo” al día siguiente para “exponer los hechos y manifestar su molestia”.

La versión de la defensa sobre esa reunión continúa así: “En presencia del equipo, Dos Santos reconoce que lo que dijo sobre la exigencia de autorización no era cierto, ofrece excusas, relativiza lo sucedido, pide ayuda a sus compañeras (“chicas, ayúdenme”), se ríe y llega a solicitarle un abrazo a Casablanca”.

La jerarca le respondió que desde ese momento no firmaría "ningún documento sin revisión previa de un abogado de Prosecretaría de Presidencia, por haber perdido confianza en su palabra”.

Según el relato de la defensa, Dos Santos “pide retirarse” a la mitad de la reunión tras enterarse del “fallecimiento de una compañera de estudios de su hija”.

Sobre la tarde, el abogado le escribió un mail a Casablanca en el que manifestó sentirse “expuesto e incómodo con la manera de dirigirse” de ella hacia él, “con tono elevado” y tratándolo de “mala persona”. En ese mensaje refirió además a que la jornada lo “encontró en una situación de vulnerabilidad emocional desbordante”, por lo que acudió a la enfermería de Presidencia y obtuvo una autorización para retirarse.

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“Espero también nos vayamos adaptando en la convivencia diaria también nos vayamos conociendo mejor, y nos permita tener mejor relación en lo laboral”, concluyó Dos Santos.

Casablanca le respondió un rato después que ella tuvo desde que llegó “la mayor consideración frente a los planteos personales y profesionales” que él le había trasladado. “Me gustaría de verdad que no pongas palabras en mi boca que no dije, y frente a posibles tergiversaciones por eso mismo aclaré que me gustaría dejar claro el tema con todo el equipo delante (...). Aclarado el punto que no firmaré documentos que no me corresponden a mí, espero poder volver a encausar el relacionamiento de todas y todos”.

De acuerdo al relato de la jerarca, Dos Santos planteó “semanas más tarde” y “en presencia de todo el equipo” que ya “no firmaría más oficios como abogado” porque su remuneración sin compensaciones correspondía a la de un “administrativo” y no a un “rol profesional”.

Tras la denuncia de noviembre, la defensa consideró como mucho más “grave” un descubrimiento posterior: que la nota de su reclamo salarial a Gestión Humana “no existe en su materialidad”, sino que “en su lugar lo único que encontrado fue un expediente de solicitud de compensaciones”. La abogada planteó que Casablanca “no desea que ninguna persona (...) deba atravesar la experiencia de encontrar su firma ‘estampada’ en un documento que jamás firmó” y auguró que el caso será resuelto “por los carriles pertinentes”.

“Paranoia constante” y denuncias cruzadas

Por su parte, la denuncia firmada por las cuatro funcionarias tiene distintas alusiones a supuestos malos tratos y formas conflictivas de Casablanca.

“Abuso por paranoia constante: La denunciada ejerce presión indebida sobre sus dependientes, acusándolos implícita o explícitamente de mantener conversaciones o acuerdos a sus espaldas, lo cual denota una desconfianza”, escribieron.

En su extenso descargo, la defensa arremetió contra “el uso oportunista de conceptos psiquiátricos” para “desacreditar a una jerarca pública”, y negó que Casablanca padezca enfermedades pisquiátricas.

La denuncia incluye también referencias de que “ante situaciones de conflicto” Casablanca “suele reaccionar de forma intempestiva, expresándose de forma violenta a los gritos posteriormente pasa a decir que ‘no puede más’ a los gritos y concluye llorando en los pasillos del Museo y frente del Edificio”.

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Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad
Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad

La defensa, en cambio, rebate que el de las denunciantes “es un texto saturado de clichés emocionales” e “incompatible con la evidencia real del funcionamiento de la Secretaría” y se explaya sobre las políticas de comunicaciones desarrolladas por su gestión.

Tanto la denuncia como el descargo presentan acusaciones cruzadas sobre un mal clima de trabajo, al punto que Casablanca contó que el 29 de octubre –un mes antes de ser denunciada– ella llegó a hablar del tema con la titular del Servicio de Prevención de Presidencia para, entre otras cosas, expresar “su voluntad de poder protegerse ante lo que consideraba violencias en el ámbito de trabajo”.

Casablanca “recibió asesoramiento de todo lo que implica para una persona transitar un procedimiento donde se investigan estas situaciones, en el entendido que veía cierta fragilidad”, señaló su abogada. Agregó que en esa reunión ella “se quebró” al pensar “en la exposición que podría llegar a tener que ella” como jerarca “denunciara a parte del equipo”.

De acuerdo al relato de la defensa, la titular del Servicio de Prevención “sugirió realizar una intervención institucional” y Casablanca se disponía a formalizarla “al cierre de noviembre”, pero sobre el 20 de ese mismo mes explotaron las denuncias contra ella de los funcionarios.

En el contrapunto entre denunciantes y denunciada que da cuenta de un pésimo clima de trabajo, se detallan otros episodios.

Por ejemplo, Casablanca adujo que el 21 de noviembre –día en que según su versión citó al equipo para brindar “tranquilidad” ante las denuncias publicadas en El País– “se tomó conocimiento de que el 2 de octubre de 2025” Presidencia había comunicado “múltiples bajas de pases de comisión” y que ese mismo día “las hoy denunciantes acorralaron a una compañera afirmando que había que hacer una denuncia masiva”.

Según la defensa, cuando esta funcionaria contestó que no iba a denunciar a su superiora porque “no había motivo”, el resto “lisa y llanamente” le contestó que “sí” lo “había”: “Si la denunciamos, no nos puede sacar”.

Las denunciantes, por otro lado, hablaron de que Casablanca solía “forzar mediante intimidación” a que “el dependiente ‘confiese’ o revele el contenido de conversaciones privadas” con colegas, a lo que la defensa acusó que se pretendía remitir “al universo de la tortura”, lo que era “una falsedad absoluta” y “un acto éticamente inadmisible”.

Las cuatro denunciantes refirieron a su vez a que a veces “se mezcla a quién está ‘representando’”, si a Presidencia o a Madres y Familiares, a lo que la defensa contestó que era una “bajeza” involucrar a la organización.

Casablanca citó en cambio chats paralelos con dos de las funcionarias para demostrar que antes de la denuncia “hubo un conflicto directo entre ambas” y que “solicitaron expresamente no trabajar juntas”, y que “fuera de casos singulares, no existió ningún otro cambio de tareas”.

En el relato aparecen además omisiones a la hora de brindar información a interesados en identidad de origen y hasta una queja de un jerarca de la ANEP por los “comentarios inapropiados” de una de las denunciantes durante una reunión.

20240918 Fachada de Presidencia, Torre Ejecutiva.

El empate

Como informó El Observador, el Servicio de Prevención concluyó que en la oficina había un “clima laboral hostil con naturalización de conductas violentas”.

El informe no vinculante recomendó “renovar integralmente al equipo” al no visualizar “posibilidades de recomposición” y consignó que ya en el período pasado había habido dificultades en las que “se observó la lucha de poder por parte de algunos” en la dinámica diaria, “incrementada por la ausencia” de Rodríguez Larreta “por razones de salud”.

El texto marcó que si bien no hubo acciones “irregulares” de Casablanca, merecían “opinión” su “forma y estilo”, que “podrían ser percibidos como impulsivos y avasallantes” e incluso habló de “conductas reactivas” de su parte que ella no visualiza como parte del problema, “desconociendo que es parte activa de las dificultades de relacionamiento”.

El servicio añadió también que con el cambio de gobierno “el equipo” tuvo que “adaptarse a “lineamientos de trabajo diametralmente diferentes” a los habituales al pasar “de un régimen híbrido a un régimen presencial”, con modificaciones horarias y nuevas asignaciones de roles; alertó a su vez por los “sesgos” en las valoraciones de un equipo que “se encuentra altamente involucrado” en la temática del pasado reciente y por tanto podía haber “distanciamientos” a partir del “compromiso laboral” de cada uno.

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