Los legisladores analizan si le dan un nuevo acceso al Fondo de Garantía que cuenta con US$ 120 millones
A contrarreloj, el Parlamento aprobó el martes la ley que permite al Poder Ejecutivo extender por dos años más la intervención en la mutualista Casmu, la tercera más grande del país con 150 mil usuarios.
En la votación quedó por el camino un artículo que otorgaba la posibilidad al gobierno de objetar autoridades, y fueron “desglosados” –con el compromiso de discutirlos en los siguientes 15 días– otros dos que dan acceso al Fondo de Garantías de las mutualistas –que cuenta con US$ 120 millones– para que pueda reestructurar sus deudas previa presentación de planes de reestructura.
La intervención se vencía el 29 por lo que el presidente Yamandú Orsi se apresuró para promulgar la ley y –en paralelo– firmar una resolución con la extensión, la cual trajo como novedad que se cambian los interventores y se baja de 3 a 2 su cantidad, ya que deja de haber un contador en el equipo.
Al asistir al Parlamento, las autoridades de Economía y Salud Pública no hicieron mención a estos cambios, por lo que la noticia tomó por sorpresa a algunos legisladores opositores consultados por El Observador. Desde Casmu, en tanto, lo tomaron como un "procedimiento habitual". En el MSP señalaron que prevén integrar alguien con "perfil contable".
Durante las sesiones de aprobación y en la discusión en comisión, varios opositores cuestionaron el rol que estaban teniendo los interventores y la poca información que se había trasladado al Poder Legislativo acerca de la situación financiera en que estaba la mutualista.
“Hoy hay tres interventores que cada uno cobra $ 380 mil mensuales. Queremos saber qué están haciendo allí porque han producido muy poca información”, expresó en sala el diputado nacionalista Federico Casaretto.
El legislador de Maldonado, que además es médico, había cuestionado en la comisión que la última información que tuvieron disponible fue un informe realizado en diciembre de 2025 con anotaciones de Casmu en febrero de 2026.
“¿Dónde está el próximo informe de la comisión interventora, cuando lo último que pasó aquí fue en febrero? ¿No hay nada para informar por los auditores, que ganan más de $ 300 mil cada uno de los tres que están ahí? ¿No hay nada para informar al Estado, al MSP, al Poder Ejecutivo sobre lo que ha pasado desde febrero hasta ahora, máxime cuando el Poder Ejecutivo nos está solicitando una viabilidad para un fondo de garantía de US$ 120 millones? ¿No pasó nada acá? Como creo que pasó, y pasó mucho, es que entendemos que esto no se puede resolver hoy”, había dicho.
En esa línea, el exsubsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, había pedido saber “qué pasó durante todos estos meses” ya que el último informe hablaba de una “situación económica y financiera crítica” y que los “planes de reestructuración no habían tenido el impacto esperado”.
“No sabemos si hay otros informes; no sabemos qué trabajo se hizo; no sabemos cuáles son los planes de reestructura. No conocemos nada”, cuestionó.
A su turno, el senador Sergio Botana había puesto el ojo en el abogado Wilser Briozzo, uno de los interventores. En abril, El Observador informó que Briozzo –que no tiene vínculo familiar con el subsecretario del MSP– brindó servicios jurídicos a emergencias móviles que compiten con Casmu.
“Nos enteramos de que habían trabajado en temas de auditorías, que estaban preocupados por la correlación numérica de esta boletita o de la otra. ¡Bien! ¡Bárbaro! Pero, qué pasó con los planes para equilibrar las cuentas y con la llegada al cero a cero mensual por lo menos y terminar con las pérdidas”, señaló Botana.
El legislador preguntó si la intervención era para hacer “lo que hizo Wilser Briozzo”. “El hombre fue a aprovechar la intervención para pedir informes para su empresa –la otra empresa en que trabajaba–, de modo de tratar de destrozar a la institución Casmu en la competencia con la empresa en la que él trabaja más permanentemente”, lanzó, e ironizó con que suponía que el artículo que luego fue retirado era para que “gente de este tipo” no pudiera participar.
La mutualista está intervenida desde julio de 2024. Esta es la cuarta vez que se cambian los integrantes de la comisión pero la primera en que el equipo pasa a funcionar sin contador.
Inicialmente, la administración de Luis Lacalle Pou designó a Sandra Lorenzo, Gerardo Lorente y Juan Carlos Simonelli, tres personas que eran de confianza de la coalición.
En la transición, Karina Rando y Cristina Lustemberg consensuaron en nombrar a Alarico Rodríguez, Diego Pescadere y Gustavo Fernández Gonella, los cuales estuvieron poco tiempo ya que a fines de julio de 2025 el MSP cambió a los tres y designó a Juan Andrés Barquin, Norma Rodríguez y Wilser Briozzo.
Ahora, con la extensión de la intervención, la nueva comisión estará conformada por el abogado Matías Eirín y el licenciado en enfermería Alberto Barrios. Ambos ganarán $270 mil más IVA, menos que los anteriores.
Eirín trabajó en la Intendencia de Montevideo y el Ejército, mientras que Barrios es adjunto a la dirección de la región sur de ASSE. Previamente fue director del Hospital Español entre 2019 y 2021 y trabajó en Casmu.
En el Parlamento, el subsecretario Leonel Briozzo detalló que los informes de la comisión interventora mostraban que la mutualista ha atravesado la crisis sin afectar la calidad asistencial pero tiene una “situación económica financiera de elevada fragilidad” que se caracteriza por un patrimonio negativo, insuficiencia de capital de trabajo, elevados costos financieros y una fuerte dependencia del refinanciamiento de sus pasivos.
Remarcó que la nueva conducción impulsó un conjunto de medidas de reestructura entre las que destacó la reorganización de la estructura gerencial, la revisión integral de los contratos vigentes, la obtención de líneas de financiamiento con mejores condiciones y la implementación de un plan estratégico hasta 2028.
“Entre los resultados observados en este período, la comisión interventora señala que comenzaron a verificarse resultados positivos en materia de contención del gasto”, contó y consideró que el seguimiento del plan de reestructura mostró ahorros operativos durante los primeros meses de 2026, con mejoras progresivas respecto a la situación inicial.
