La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, logró comprobar la salida de dinero desde Wenance Uruguay hacia Wenance Argentina, con lo cual se configuraría el delito de apropiación indebida que los abogados que patrocinaron a los 300 uruguayos afectados denunciaron, dijeron fuentes del caso a El Observador.
Las fuentes señalaron que el fiscal entiende que también existió una estafa, ya que los inversores fueron captados para invertir en base a determinadas condiciones que no eran las reales, sino que se “maquillaban” datos como, por ejemplo, la real tasa de morosidad. Por último, el fiscal Rodríguez evalúa también imputar un delito de lavado de activos, que se entiende se cometió desde el momento en que se apropiaron del dinero invertido y se lo invirtió en otras empresas.
Como consecuencia de haber obtenido las pruebas de esos delitos es que el fiscal se apresta a pedir la extradición de Alejandro Muszak, CEO de Wenance, a Uruguay, así como seguramente también la de alguno de sus colaboradores, según les comunicó el fiscal Rodríguez a los abogados denunciantes en una reunión que se realizó este martes, dijeron las fuentes.
Quedó demostrado, según les informó Rodríguez, que los trabajadores locales "no tenían control ni dirección de la empresa, sino que todo el poder de decisión estaba en Argentina". Por eso se apuntará a que los titulares de la empresa comparezcan ante la justicia uruguaya.
Las denuncias que afectaron a más de 600 uruguayos
En Uruguay, las denuncias abarcan a más de 600 uruguayos por alrededor de US$ 20 millones y fueron presentada por los abogados Andrés Ojeda, Fernando Posada, Bernardino Real, Luciano Real, Juan Antonio Rodríguez y Diego Lattanzio.
El abogado Jorge Barrera, que defendía a Muszack, renunció al patrocionio legal del argentino.
En paralelo, el juzgado concursal decretó la participación de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como interventor de Wenance en Uruguay. Esta medida se tomó luego del pedido de uno de los acreedores de la empresa en el país.
Muszack y otros altos mandos de Wenance están privados de libertad en Argentina, por lo que recién podrían ser trasladados a Uruguay una vez que cumplieran las penas allá.
Los denunciantes señalaron que constataron que dos días antes de presentada la denuncia la empresa vació las cuentas en pesos y dólares del banco BBVA. "Esto no fue un hecho casual ni accidental, sino claramente deliberado. En base a ello, existen fuertes indicios que permiten vislumbrar que, levantada la medida, Wenance podrá volver a desviar y ocultar tales fondos los que son, en definitiva, el único respaldo de las aproximadamente 600 víctimas".
Los damnificados afirmaron en su denuncia que la conducta de Wenance implicó "una verdadera puesta en escena que se logró a través de circulación de información falsa sobre una tasa de mora “ficticia”, la realización de videos explicativos y la propagación de gráficos y PPTs con datos deliberadamente falsos.
Según indican, la base del negocio estaba en la tasa de morosidad informada por Wenance en comparación con la morosidad real, y ahí radica la estafa. La tasa de mora comunicada por Wenance para venderles el negocio era del 10% pero al solicitar el concurso señala que “actualmente el porcentaje de morosidad asciende al 27%, cuando según lo proyectado, debería ascender al 13%”, según surge del expediente en el que presentaron el concurso.
Los damnificados pidieron también la extradición de Romina Marisa, señalada por los asesores comerciales que declararon, como "canal de transmisión de decisiones sustanciales en materia económica y financiera de la empresa" con "poder de decisión y resolución en las mismas".
Asimismo solicitan que Gastón Clavel, encargado de evaluar la morosidad de los préstamos otorgados por WELP y analizar el comportamiento de esa cartera, sea imputado por su participación en la estafa.
