La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera rechazó el planteo del exsenador frenteamplista Charles Carrera respecto a una posible prescripción de los hechos denunciados en su contra, que se remontan a 2013 por el caso del civil Víctor Hernández que recibió desde ese año atención en el Hospital Policial y tickets de alimentación.
El rechazo fue apelado por la defensa de Carrera y ahora un Tribunal de Apelaciones deberá laudar al respecto, informó en primera instancia El País y confirmó El Observador tras acceder al audio de la audiencia.
La audiencia de este jueves fue de control de acusación previo al juicio oral y público contra el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) que está imputado por fraude y utilización indebida de información privilegiada.
La defensa de Carrera —ejercida por Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández— había planteado la prescripción de los hechos anteriores al responder a la acusación de la fiscal, que pide cuatro años de prisión por los delitos imputados.
Carrera había alegado en el escrito presentado a fines de junio que los delitos que se le imputan tienen penas máximas de 6 y 4 años, por lo que, según el Código Penal, prescriben a los diez años. “La prescripción de los hechos ocurridos con posterioridad al 11de junio de 2015 fue interrumpida por el auto de formalización de la investigación. Los hechos acaecidos con anterioridad al 11 de junio prescribieron, por la razón de haber transcurrido más de 10 años sin que operara ningún acto de interrupción o suspensión”, afirmó.
El caso contra Carrera tiene su origen en 2012, cuando un hombre llamado Víctor Hernández resultó herido por una bala perdida en La Paloma. Presuntamente, los disparos fueron efectuados desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial.
Sin embargo, fue en 2013 que el exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior intervino en el tema. Es que Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia. El caso de Hernández ocurrió en 2012 y la internación se extendió entre 2013 y 2017.
