La investigación fue encabezada por la Fiscalía de Bella Unión, desde donde encontraron víctimas de la maniobra en todo el país
La Justicia, a través de un proceso abreviado que llevó adelante la Fiscalía de Bella Unión, condenó a dos empresarios de 34 y 35 años que residían en Montevideo.
La detención y posterior condena se dio tras un operativo policial, denominado Operación Farus, luego de que se comenzaran a detectar casos que tenían el mismo modus operandi delictivo.
La primera pista que tuvieron las autoridades de Bella Unión, en Artigas, fue una denuncia policial que hizo una beneficiaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Allí relató que ella es parte del programa a través del que el ministerio entrega dos garrafas mensuales con un subsidio en el precio de 50%.
Sin embargo, en enero de este año fue a retirar una de las garrafas y le comunicaron que alguien ya había ido a levantarlas. Tras las primeras averiguaciones, la Fiscalía comprobó que las garrafas no fueron recogidas en el departamento de Artigas, sino que en Montevideo.
En un principio, los investigadores llevaron adelante el caso como un hecho aislado pero luego –tras algunas tareas de investigación policial– comprobaron que en redes sociales decenas de personas de todo el país publicaron situaciones similares.
La Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Artigas identificó que desde una empresa representante de la firma Riogas en Montevideo se recibieron cientos de notas de créditos por garrafas entregadas a beneficiarios del Mides.
Las tareas de inteligencia lograron dar con los dos empresarios, quienes desde hace varios años se dedicaban a la distribución y venta de garrafas en Montevideo.
La actividad delictiva de los comerciantes se dio durante todo 2024, según pudo establecer la Fiscalía, aunque en las instancias judiciales celebradas dejaron constancia de que el tiempo en el que transcurrió la maniobra no estaba claro y hay sospechas de que desde mediados de 2022 los condenados hicieron lo mismo.
Al estar en el rubro, los empresarios tenían acceso a las cédulas de identidades de las personas que acceden a este beneficio del Mides. Mes a mes lo que hacían era poner los números de documento en un sistema interno y comprobar si la persona había asistido a la levantar las garrafas.
En caso de que esto no fuera así, lo que hacían era indicar que el beneficio estaba cobrado y luego enviaban notas de crédito a Riogas para cobrar el dinero. Al ser un sistema interno, a las personas no se les notificaba que alguien había levantado las garrafas.
Con esta maniobra, los empresarios se hicieron de una suma de $ 40 millones (US$ 1 millón) solo en 2024. De hecho, las autoridades ahora investigan un presunto delito de lavado de activos por lo que se decomisaron US$ 10.000, una fracción de campo en Canelones y un solar en Montevideo que están a nombre de los condenados. Los bienes están valuados en US$ 215.000.
En enero de este año, el Mides lanzó la aplicación móvil Tuapp, una plataforma que permite dar más seguridad a los beneficiarios a través de un proceso que requiere un PIN para verificar que efectivamente recibieron el subsidio.
Los investigadores detectaron que luego de que se lanzó la aplicación, la operación se dejó de hacer de manera repentina.
Uno de los detenidos fue condenado a 24 meses de prisión de los que seis se cumplirán en la cárcel y los restantes 18 a través de un régimen de libertad a prueba. Los delitos que se acusan son apropiación indebida, estafa, suplantación de identidad y tráfico de armas de fuego.
El otro hombre fue condenado a 20 meses y cuatro los cumplirá en prisión efectiva, mientras que el resto en un régimen de libertad a prueba. En este caso, los delitos fueron los mismos pero no se acusa de tráfico de armas.