Los abogados de damnificados de Conexión Ganadera solicitaron a la fiscalía de Lavado que investigue al sacerdote colombiano radicado en Florida desde hace años, César Buitriago, por “su posible participación en un delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia, partiendo de que se habrían constituido como beneficiarios de inmuebles adquiridos con fondos de origen ilícito”.
Según surge de la denuncia a la que accedió El Observador, los abogados Graciana Abelenda, Santiago Alonso y Leonardo Costa, pidieron también que se indague a la escribana Mariana Della Ventura y al contador José Carlos Santeugini, quien había declarado en Fiscalía que el dinero de los inversores de Conexión Ganadera no ingresaba a la contabilidad de la empresa.
Los denunciantes reseñaron que el 2 de junio de 2020, el presbítero Buitrago adquirió la propiedad de cuatro apartamentos (las unidades 019, 020, 021 y 022) en Minas por US$ 260.000. Basaron la denuncia en un informe que la Secretaría Antilavado entregó a la fiscalía en el que advierte esa operación como sospechosa de lavado y señala que el precio "se pagó con cheque cruzado diferido no a la orden del Banco Scotiabank emitido el 1/06/2020 por Conexión Ganadera".
"Se advierte que el comprador es el Vicario General de la Diócesis de Florida. Según notas de prensa es además damnificado por haber invertido U$S 127.000 en Conexión Ganadera y haber perdido sus ahorros personales”, aclara el informe de la Senaclaft.
El mismo informe señala que esas viviendas fueron construidas por Lerosur S.A. (razón social correspondiente a Basso), con domicilio en la calle Rodó de Florida, que funcionaba desde julio de 2015, con el giro de “propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales” y que desde enero de 2016 pasó a registrarse en el rubro “construcción de obras de arquitectura”, actividad que se mantiene vigente hasta la fecha. Desde 2017 los titulares son Basso y su esposa Daniela Cabral quienes registraron en BPS una obra por contrato de administración directa, en los años 2017, 2018 2020, en calidad de propietarios de un padrón N° 15.138 ubicado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.
Abelenda, Alonso y Costa señalaron en su denuncia que Buitrago compareció en el juzgado de concurso a verificar los créditos que había invertido en Conexión Ganadera Ltda. resultante de dos contratos de inversión. También señalaron que "declaró públicamente (ante distintos medios de comunicación locales) que confió todos sus ahorros consistentes en US$ 127.000 a Basso por tratarse de un miembro del consejo parroquial de su comunidad, sin aludir al mencionado negocio previo por US$ 260.000. Asimismo, resulta llamativo que haya renovado el contrato por US$ 108.000, un mes después del fallecimiento del Sr. Basso (el 29 de diciembre de 2024), en tanto aparentemente él era su único nexo con esta razón social”, afirma la denuncia.
Los abogados hacen una estimación de la inversión y señalan que más allá que se desconoce el origen de fondos de los US$ 260.000, la primera inversión en Conexión Ganadera por US$ 100.000, generó intereses por US$ 8.000 que no retiró, el presbítero Buitrago habría ahorrado US$ 19.715 adicionales -entre el 29 de diciembre de 2023 y el 30 de octubre de 2024- que destinó a su segunda inversión en terneros, lo que redunda en una suma mensual cercana a los US$ 2.000.
Según informó El Observador, Buitrago figuraba también como socio de Candelaria Basso en una sociedad comercial de un predio rural explotación por terceros que se creó en el año 2017. Cuando declaró en Fiscalía, el fiscal Rodríguez la interrogó sobre esa sociedad y ella dijo que tenía en ese entonces 18 o 19 años: "No sabía para qué era, puse mi firma".
Sobre la actividad de esa sociedad, que continúa operativa hasta ahora, Candelaria Basso dijo no saber nada. Al ser consultada sobre Buitrago dijo que amigo de su padre, que es un sacerdote de Florida, que lo conoció desde muy chica. “No sé cómo lo conocí, pero lo conocí en la iglesia en realidad. Tenía un vínculo cercano a la familia. Era bastante chica cuando firmé eso y sucede lo mismo que con las otras empresas. Era una vinculación empresarial a través de una firma. Nunca trabajé con él”.
También dijo que nunca habló con Buitrago del tema y relató que de muchas de las cosas se fue "enterando a través de la prensa".
Con respecto a la escribana y el contador de Basso, la denuncia menciona que la escribana declaró ante la dependencia policial que asesora al fiscal y dijo que tanto ella como su padre, Osvaldo Della Ventura, habían intervenido como escribanos de Gustavo Basso y que Daniela Cabral era quien se encargaba de los pagos y señas de las diferentes transacciones.
Según mencionan los denunciantes participó en 7 transacciones entre 2013 y 2020, dos hipotecas garantizantes de presuntos préstamos de Basso Pallares al frigorífico Casa Blanca por un total de US$ 2.980.000 y cinco compraventas por un total de US$ 5.960.273.
Abelenda, Alonso y Costa pidieron al fiscal que indague si se cumplió con la normativa antilavado en esas compraventas y en relación al contador piden que se indague si certificó actividades e ingresos que no condicen con la realidad fáctica de las empresas a las cuales asesoraba como contador público.
