Allí habitan unos 11 niños en edad escolar, según el proyecto de resolución de Primaria y que publicó El País. El dato es impreciso: en ninguno de los tres contactos que tuvo Primaria con la comunidad pudo ver y contabilizar a esos pequeños. Es la referencia que, en las reuniones, dieron los padres. Esos mismos padres que argumentaron que sus hijos están siendo educados, solo que a su manera: inscriptos en un colegio norteamericano a distancia y con docentes menonitas locales.
Estos menonitas que dicen “no ser tan cerrados” entienden que sus hijos solo pueden ser educados por menonitas. ¿La razón? La religión entra en todos los aspectos de la vida. Ellos aceptan que 2 + 2 = 4, pero un profesor de Matemáticas ateo (así le dicen a todo no menonita) comparte con los estudiantes un conjunto de valores que va más allá de la enseñanza per se de la asignatura. Es un referente.
En Primaria entendieron la argumentación y les plantearon —sin éxito— replicar la experiencia de otras comunidades menonitas que llegaron a Uruguay al término de la Segunda Guerra Mundial: tienen sus colegios privados autorizados. Esa una manera de que la autoridad educativa esté al corriente de la escolarización de esos niños.
El final de la historia —o mejor dicho los puntos suspensivos de la misma— indica que en el Codicen primó la postura batllista. La mayoría votó por la judicialización del caso. En Uruguay no se permite el homeschooling (enseñanza en el hogar o educación domiciliaria).
La visión del consejero oficialista Juan Gabito, más próxima al liberalismo clásico, fue rechazada. Pero su argumentación reabrió el debate jurídico y filosófico: ¿los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos? ¿Eso incluye que no vayan a la escuela? ¿El derecho es a educarse, al acceso a la enseñanza o a la escolarización?
Homeschooling, ¿sí o no?
La presidenta del Codicen, la colorada Virginia Cáceres, fue categórica y en radio Sarandí dijo: "No hay norma que habilite la educación en casa". No solo eso: el Código de la Niñez dice que los padres deben “velar por la asistencia regular (de sus hijos) a los centros de estudio”.
Esa norma es la misma que citaba su correligionario Robert Silva para argumentar que la LUC impulsada por su gobierno no había quitado la obligatoriedad de la inscripción a un centro educativo. Sucede que la LUC quitó esa referencia de la ley de Educación y solo habla de la obligatoriedad de la educación, sin atarla al centro educativo como tal.
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Virginia Cáceres.
Foto: Leonardo Carreño.
Aquella polémica modificación legal había sido una propuesta del ministro de Educación, Pablo Da Silveira. El jerarca ha dedicado párrafos enteros de sus ensayos filosóficos para argumentar que aquellas máximas que guiaban la educación en el siglo XIX, ahora debían ser revisadas. Por ejemplo: “La escuela materialmente separada del hogar es sólo una de las formas que puede adoptar. La enseñanza no es sinónimo de educación en la escuela sino de educación sometida a control público y evaluada por expertos. La libertad de educación consiste en la libertad de los padres (y, por extensión, de las comunidades locales, culturales o religiosas) de educar a los miembros de las nuevas generaciones en función de sus propias convicciones”. Así lo dice en su libro Padres, maestros y políticos. El desafío de gobernar la educación.
Gabito, siguiendo a Da Silveira, entiende que el cambio que introdujo la LUC, además de una serie de artículos de la Constitución que garantizan que los padres elijan el tipo de educación que quieren para sus hijos, habilitan el homeschooling.
“Los padres tienen responsabilidad por el cuidado de los hijos. Tienen que protegerlos del abandono. Pero el caso de la comunidad menonita sirve como ejemplo de padres que cuidan a sus hijos, que los protegen, pero solo quieren una opción educativa distinta a la que les ofrece el Estado. De última, los alumnos cuando sean más grandes pueden acreditar los saberes como ya lo permite la ANEP con pruebas como Acredita”. Y agregó: “La libertad de culto es realmente libertad si se permite a las personas que la ejerzan”.
La exinspectora Técnica de Primaria, Selva Pérez, es una de las que ha filosofado sobre el asunto. Y en una discusión que en la tradición uruguaya tiende a radicalizarse (entre estatistas y liberales), se posiciona “en el camino del medio”. Tal vez “es momento de reflexionar sobre cómo el Estado puede garantizar que el derecho a la educación de esos niños se esté dando y, a la vez, respetar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación”.
Pérez entiende que la obligatoriedad de la escolarización nació en una época en que “la mayoría de padres eran analfabetos y la formación curricular solo podía darse mediada por profesionales en un centro educativo… eso ahora no es tan así”. Pero, como matiz, dice: “Sí es verdad que los docentes formados no solo tienen la capacidad de darle a los niños algunas pautas para las cuales los padres no siempre están preparados, sino que son capaces de detectar que otros derechos del niño no sean vulnerados”. La escuela es, por lo general, la que sabe si el niño está vacunado, si está alimentado, higienizado, cuidado y no es maltratado.
Más allá de los menonitas
El grupo de Facebook Homeschooling Uruguay tiene más de 800 seguidores y estuvo particularmente activo cuando la LUC modificó la obligatoriedad de inscripción a una escuela. Entre los comentarios aparecen quienes piden educar a sus hijos en la casa para que “no les hagan bullying”, quienes hablan de adoctrinamiento, de "marxismo cultural" y mucha bibliografía cristina. ¿Casualidad?
En su tesis de maestría En el nombre del hijo. Privatización conservadora de la educación en Brasil y Uruguay (2017- 2022), la investigadora Cecilia Sánchez da cuenta sobre cómo los grupos evangélicos empezaron a hacer lobbies para que Brasil habilitara la enseñanza en las casas.
“Allí no está reglamentado, pero se da de facto. Incluso durante la administración de (Jair) Bolsonaro un proyecto de ley llegó a tener media sanción. En Uruguay es diferente porque no hay grandes grupos conservadores, además de la fuerte matriz estatista y de defensa de la laicidad”, explicó Sánchez.
La educación domiciliaria (homeschooling) es legal en 50 Estados de Estados Unidos. La demanda creció durante el comienzo de la pandemia del covid-19, coincidiendo el cierre temporal de las escuelas y el discurso promovido por Donald Trump. También en Reino Unido, donde aumentó 34% en los dos años de emergencia sanitaria.
Y es entonces que el liberalismo y el conservadurismo se encuentran en una misma causa, explica Sánchez: “Hay colectivos que se sienten amenazados y piensan que lo privado los protege… los blinda”.
Pasó con los grupos conservadores en Uruguay que se opusieron a la enseñanza de la salud sexual y reproductiva (aduciendo que eso es parte de lo privado). Pasa con los antivacunas. E incluso con nuevas empresas avocadas al “negocio de la educación”.
Pablo Cayota, director del colegio Santa Elena, lo había dejado en claro en una entrevista con El Observador: “Bienvenida la diversidad de propuestas educativas. El tema de cuando se convierte en un simple negocio, como parecen algunas inversiones en Maldonado, es que flexibilizás la propuesta para quedar atado a los intereses de las familias, como si fuera una etapa previa al homeschooling (que cada padre pueda enseñar a su hijo en su casa sin la obligatoriedad de asistir a clase). ¿El problema? La esencia de una institución de enseñanza es socializante y no individualizante”.
La libertad de educar o la libertad de educarse
Cuando inició la transformación curricular hubo una discusión que, por abstracta, pasó más desapercibida: la ANEP definió un marco curricular en el que dejaba en claro para qué educar.
Esa postura da a entender que la educación no es un efecto volqueta de alguien que “sabe” que les pasa “conocimientos” a los “inexpertos”. Sino que la educación consiste en un conjunto de valores que se construyen en conjunto, en el diálogo con los diferentes, en la socialización, en el saber hacer más allá de saber a secas.
“Lo que buscan los grupos conservadores y los que defienden la libertad a educar sin tener tanto en cuenta el derecho de los hijos es una especie de escuela a medida. Y eso es un problema para la construcción de ciudadanía”, insiste Sánchez.
El consejero Gabito no defiende la razón religiosa de esa escuela a medida. Tampoco dice que deba ser el modelo extendido. Sino que, como abogado y exdocente de Derecho, considera que existen argumentos jurídicos suficientes para habilitar el homeschooling. Incluso existe jurisprudencia. Porque hace dos años, en la misma ciudad de Florida, una jueza le dio la razón a una profesora de Inglés que no enviaba a su hijo a la escuela por motivos filosóficos. El debate, cada tanto, vuelve.
