La iniciativa propone crear la Ley de Salud Mental Policial, cuyo objetivo es "promover, proteger y garantizar el bienestar psicológico de los funcionarios de la Policía Nacional, activos, retirados y sus familias, mediante políticas de prevención, atención integral, seguimiento, capacitación y promoción de la salud mental".
Según la exposición de motivos, el trabajo policial expone diariamente a los funcionarios a situaciones de violencia, riesgo, sufrimiento humano, incertidumbre y elevados niveles de estrés, factores que incrementan la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental.
Una ley específica para una profesión de alto riesgo
El proyecto parte de que la normativa general sobre salud mental resulta insuficiente para atender las particularidades del trabajo policial.
"La salud mental de los funcionarios policiales no constituye únicamente una cuestión vinculada al bienestar individual de los trabajadores. Se trata de una política pública estratégica con impactos directos sobre la seguridad pública, la convivencia social y el desarrollo nacional", señala la exposición de motivos.
En ese sentido, plantea que un funcionario que se encuentre psicológicamente saludable está en mejores condiciones para actuar con profesionalismo, equilibrio emocional y respeto por los derechos humanos.
Controles psicológicos obligatorios y prevención del suicidio
Entre las principales medidas, el proyecto establece que todos los policías deberán someterse a evaluaciones psicológicas preventivas cada dos años, además de las pruebas psicotécnicas previstas para el ingreso a la institución.
También propone la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio Policial, que tendría carácter permanente y sería coordinado por el Ministerio del Interior junto al Ministerio de Salud Pública, Sanidad Policial, servicios de salud ocupacional y organizaciones sindicales.
El programa tendría como cometido diseñar políticas específicas de prevención, detección temprana, atención y seguimiento de funcionarios con riesgo suicida.
Otra de las novedades es que todo policía que participe o resulte expuesto a eventos críticos —como enfrentamientos armados, homicidios, suicidios, fallecimiento de compañeros, siniestros fatales, rescates complejos o hechos de violencia extrema— tendrá derecho a acceder de forma prioritaria a atención psicológica especializada y, cuando corresponda, psiquiátrica.
El texto aclara que recibir ese tipo de asistencia no podrá utilizarse como antecedente negativo para ascensos, traslados, calificaciones o procesos disciplinarios.
Además, establece que ningún funcionario policial podrá sufrir perjuicio funcional, económico, disciplinario o en su carrera profesional por solicitar asistencia psicológica o psiquiátrica.
Psicólogos las 24 horas y telemedicina
La iniciativa también dispone que la Policía Nacional cuente con psicólogos de guardia durante las 24 horas, además de garantizar la disponibilidad permanente de atención psiquiátrica para situaciones de crisis o certificaciones por motivos de salud mental.
Para mejorar el acceso en el interior del país, propone descentralizar las juntas médicas y promover el uso de herramientas de telemedicina.
El proyecto prevé además la creación de un Observatorio Nacional de Salud Mental Policial, encargado de elaborar estadísticas, investigaciones e informes sobre bienestar psicosocial, certificaciones médicas, eventos críticos, intentos de autoeliminación y suicidios dentro de la fuerza.
Telemedicina de salud mental llegó a Uruguay para quedarse.
Freepik
Ese organismo trabajaría con datos estadísticos y anonimizados y tendría como finalidad generar evidencia para mejorar las políticas públicas en la materia.
La propuesta incorpora además capacitación obligatoria para directores, jefes y mandos intermedios en liderazgo saludable, gestión de recursos humanos, prevención del acoso laboral y salud mental.
De aprobarse, la ley sería aplicada por el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, y el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 120 días para reglamentarla.
Desde 2019 se quitaron la vida 136 policías, según Unipolma
El proyecto de ley será presentado en un contexto de creciente preocupación por la salud mental dentro de la Policía Nacional. Según el presidente de la Unión de Policías de Maldonado (Unipolma), Robert Da Luz, 136 funcionarios policiales se quitaron la vida en todo el país desde 2019, mientras que en lo que va de 2026 ya se registraron siete casos.
Las cifras fueron difundidas este martes al medio local FM Gente, en la antesala del Segundo Congreso de Salud Mental de la Policía Nacional. Da Luz también se refirió al suicidio de un funcionario policial ocurrido el lunes en Minas y sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema que, según dijo, "explotó" a partir de 2019.
El dirigente explicó que desde la Unión de Policías de Maldonado trabajan sobre tres ejes para intentar revertir esta situación: "buen ambiente laboral, salario digno y vivienda digna".
Respecto al primero, cuestionó el protocolo que se aplicaba cuando un policía era certificado por estrés. Según explicó, la primera medida consistía en retirarle el arma de reglamento y luego el proceso para devolvérsela se extendía durante meses.
"Quitarle el arma era rapidísimo: devolverla, una eternidad", afirmó. Según Da Luz, esa situación provocó que algunos funcionarios perdieran una o dos temporadas de trabajo, por lo que el sindicato planteó a las autoridades que ese procedimiento solo se aplique cuando la situación realmente lo justifique.
Sobre la situación habitacional, señaló que muchos policías viven en los mismos barrios donde luego deben intervenir durante el servicio.
"A veces tener que convivir con la misma gente que te toca perseguir es complicado", sostuvo. Como ejemplo, recordó el caso de un funcionario al que un delincuente le dijo: "vos sos fulanito de tal y conozco a tu familia", y que tiempo después también intimidó a su hijo. "No es una cuestión de que vos tengas miedo, es una cuestión de que la familia queda sola", agregó.
Da Luz adelantó además que el congreso contará con la participación de psicólogos, psiquiatras, un coach en educación emocional y una funcionaria policial que desarrolló Claramente, una aplicación orientada a la prevención del suicidio.
