Según el reporte del Ministerio del Interior, las principales víctimas de estafa son personas de entre 26 y 55 años, y la mayoría de las damnificadas son mujeres
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Getty Images Las estafas en Uruguay crecieron más de 2.000% de 2013 a 2024, según el informe temático sobre este delito publicado este lunes por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.
En el reporte, el primero de su estilo publicado por esta nueva área de Interior se marca que en los últimos 11 años "las denuncias por estafa registradas en Uruguay crecieron de forma sostenida y acelerada". En 2013 se registraron 38,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, en 2024 esa estadística ascendió a 870,5, una cifra 22 veces mayor.
El principal aumento se registró en 2020, primer año de la pandemia de Covid-19, con 10.893 denuncias de este delito, contra las 1.926 de 2015. En 2024 fueron 31.144 los reportes de estafas, casi 8.000 más que las 23.418 de 2023.
Este aumento llevó a que la estafa pasara de ser el décimo delito con más denuncias en 2013 a ocupar el tercer lugar de la lista en 2024, solo por detrás de los hurtos y las denuncias por violencia doméstica, que se mantienen desde esa época en el primer y segundo lugar.
En el informe sobre delitos del primer semestre de 2025, publicado este mismo lunes por el Ministerio del Interior, las estafas bajaron un 26% con respecto a los primeros seis meses de 2024. Sin embargo, Diego Sanjurjo, encargado de AECA, dijo en la presentación de los datos que este descenso puede deberse a un "retraso" en las denuncias por este delito.
“Nos preocupa mucho desde el Ministerio del Interior. No incluye violencia, positivo en comparación por las rapiñas, pero las pérdidas posiblemente superan a las rapiñas y está generando perjuicios económicos muy grandes”, reconoció.
Sanjurjo agregó en la rueda de prensa que, de acuerdo con las encuestas de victimización que se realizan desde 2024, solo se denuncian una de cada diez estafas, lo que demuestra que este crimen "aumenta mucho más en el mundo real, solo que no se denuncia".
De acuerdo con el informe temático de la AECA, el aumento de las estafas en Uruguay se da en el marco de "cambios sociales y avances tecnológicos que ofrecen oportunidades delictivas nuevas", lo que da lugar a "conductas delictivas omnipresentes que suponen una amenaza global para individuos, empresas y organismos públicos".
Este crecimiento, que también se da "en otras latitudes", se vincula según Interior "con el auge de las tecnologías de comunicación, el uso de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y canales electrónicos de pago, los cuales ampliaron las oportunidades para estafas remotas o automatizadas".
Para la cartera, basada en reportes de Interpol, el Covid-19 "también podría haber fungido como catalizador de esta tendencia", ya que "aceleró la comunicación y digitalización de los servicios en línea, provocando un incremento de las oportunidades para cometer actividades cibernéticas maliciosas a nivel global".
Esta situación también se da en el contexto de una mutación de los delitos contra la propiedad "impulsada principalmente por el crecimiento sostenido de los cibercrímenes y las estafas en línea", que se debe, entre otras cosas, a "la masificación del acceso a internet, la digitalización de servicios financieros, la utilización extendida de dispositivos conectados y el anonimato que proporciona el entorno digital".
Incluso, el informe indica que distintos estudios "asocian el crecimiento de los cibercrímenes y de las estafas en línea con el descenso de delitos como la rapiña y el hurto", algo que entienden se ve en Uruguay. "Delinquir a distancia no solo resulta más seguro y menos expuesto, sino también más eficaz, ya que permite atacar simultáneamente a múltiples víctimas sin necesidad de presencia física", agrega.
De todas formas, también se aclara que "el descenso de los delitos tradicionales no es un fenómeno global" y puede responder a otros factores, por lo que "no existen aún pruebas concluyentes que permitan afirmar con certeza que el crecimiento del cibercrimen esté desplazando directamente a los delitos tradicionales".
La investigación también postula que en este "nuevo escenario", el delito "puede profesionalizarse, internacionalizarse y volverse más eficiente gracias al uso de herramientas automatizadas y técnicas cada vez más sofisticadas".
Según el reporte, los 19 departamentos del país presentaron un aumento de las denuncias por estafa en la última década.
Rivera (con un incremento de 297,6%), Maldonado (259,4%), Salto (253%) y Canelones (221,1%) fueron los departamentos con mayor crecimiento de estos crímenes, mientras que Durazno, Montevideo, Rocha, Maldonado, Paysandú y Rio Negro "mostraron tasas persistentemente altas durante casi todo el período".
El informe de AECA aseguró que el perfil más crítico es el de Rocha, que tiene la tasa más alta del país: 1290,5 de cada 100.000 habitantes denunciaron ser víctimas de una estafa.
De todas formas, el área aclaró que "las estafas suelen involucrar interacciones remotas, donde autor y víctima pueden encontrarse en distintos departamentos o incluso en países diferentes", y las denuncias pueden variar dependiendo de "las diferencias territoriales en el acceso o la disposición a denunciar"
A eso se suma que "en muchos casos" la elección de la víctima "responde más a su exposición digital —como el uso de redes sociales, plataformas de compraventa o servicios en línea— que a su ubicación física".
Por todo esto AECA aclaró que "las tasas departamentales deben interpretarse con cautela", aunque marcó que "sí permite detectar brechas, patrones de exposición, fallas institucionales o necesidades específicas, tanto para prevenir como para mejorar la respuesta del sistema".
En otro plano, el reporte indica que las principales víctimas de estafa son personas de entre 26 y 55 años. Las franjas de 26 a 35, 36 a 45 y 46 a 55 son las únicas con una tasa superior a los 1.000 denunciantes por cada 100.000 habitantes.
Desde la división remarcaron que entre 2019 y 2024 el promedio de edad de las víctimas en Montevideo fue "sistemáticamente superior" al del interior del país: en la capital la mayoría de los damnificados tenían entre 45 y 48 años, mientras que en el resto del país tenían entre 41 y 45.
En cuanto al sexo, AECA enfatizó que "las mujeres presentan consistentemente tasas de victimización más altas que los hombres". En 2024, 767,1 de cada 100.000 mujeres denunciaron ser víctimas de estafa, por encima de los 692,7 hombres.
Esta variable, según el informe temático, podría asociarse a "diferencias en los canales de contacto, los patrones de consumo o la disposición a denunciar".
Por otra parte, el informe postula que el 96% de las denuncias son realizadas por una sola persona aunque se han registrado casos de grandes magnitudes como una denuncia con 329 víctimas en 2022 y otra con 236 en 2023.
A esto se suma que "en aproximadamente uno de cada cinco casos no se identifica una persona física como víctima, situación que se presenta con mayor frecuencia en estafas dirigidas a instituciones, empresas o al Estado". Esto representa una "limitación importante del registro" y "restringe la posibilidad de construir perfiles o analizar modalidades específicas de victimización".
El informe también indica "la relación entre denuncias de estafa e imputaciones penales muestra una brecha persistente y creciente".
En 2024 se registraron "1,5 imputaciones a personas por cada 100 denuncias", lo que representa "una respuesta penal limitada frente al crecimiento del fenómeno".
Según AECA, este subregistro se debería a varios factores, como la "complejidad investigativa del delito, la dispersión de víctimas, la posible dimensión transnacional de los casos y la sobrecarga del sistema fiscal, que no ha crecido al ritmo de las denuncias".
Respecto al perfil de los imputados, Interior indicó que el 35% son mujeres, un porcentaje superior a las formalizadas en general (el 11% del total). De acuerdo a la cartera, distintos reportes internacionales muestran "una mayor presencia de mujeres en delitos vinculados a la estafa, el fraude, la apropiación indebida y otras formas de criminalidad económica o relacional".
Además, los estafadores tienen una edad promedio de 31 a 33 años, hecho que "contrasta con el promedio de edad de las víctimas", cercano a los 45 años.