La cantidad de días de licencias por enfermedad en Presidencia se redujo a más de la mitad entre abril y mayo de 2024 y el mismo periodo de 2023, desde la aplicación del nuevo sistema para estos permisos, informó la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).
Según consignó Telemundo, desde que se comenzó a aplicar la ley en ese organismo gubernamental el 1° de abril hasta el cierre del mes de mayo se otorgaron un total de 1.813 días de licencia médica solicitados por 349 funcionarios.
En comparativa, en abril y mayo de 2023 se habían otorgado 4.094 días de licencia, repartidos entre 467 funcionarios. "En Presidencia los números ya son notorios en cuanto al abatimiento de la cantidad de licencias", dijo en una entrevista con Canal 5 Noticias el director de la ONSC, Ariel Sánchez.
Con el nuevo régimen, los trabajadores de la administración central tendrán nueve días de licencia por enfermedad por año sin descuento salarial. A partir del décimo empezarán a cobrar un 75% de su salario, con algunas excepciones. En el ámbito privado, los trabajadores no cobran los tres primeros días que están certificados y cobran el 70% a partir del cuarto.
Sánchez afirmó que el cronograma para la aplicación de esta nueva normativa continuará en julio con los ministerios "con menos de 1.000 funcionarios" (Industria, Turismo, Ambiente, Salud Pública).
Luego, en setiembre, se sumarán los ministerios restantes y las oficinas descentralizadas para las que también aplicará esta modificación, agregó el jerarca.
La nueva legislación, que venía siendo discutida desde el proyecto de ley de presupuesto de 2020, fue denunciada luego de su promulgación en enero de 2024 por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el PIT-CNT ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los trabajadores reclaman que el sistema se aplique para todo los funcionarios públicos (empresas públicas incluidas) y no solo a los de la administración central (Presidencia y ministerios). El problema es que el gobierno no puede por ley obligar a empresas públicas o entes autónomos a aplicar este régimen, sino que lo tiene que votar cada directorio.
El director del Servicio Civil aclaró que la OIT "podrá llegar a recomendar el tratamiento" de este conflicto por la vía de la conciliación, pero "no tiene consecuencia directa ni suspende el proceso".
