La incursión de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa para ser juzgados en tribunales de Nueva York generó una onda expansiva de reacciones cuya extensión es aún indefinida.
En Uruguay, el ataque motivó comunicados y opiniones de todo el sistema político, comenzando por el gobierno que se expresó primero a través de la Cancillería y luego a través del presidente Yamandú Orsi.
El mandatario reunió al Consejo de Ministros para validar lo actuado por el Palacio Santos y tras discutir por más de tres horas con el gabinete en Suárez y Reyes realizó una breve declaración en la que anunció que el país se sumaba a un bloque de gobiernos progresistas con una declaración en común. Aunque no lo mencionó, también había hablado por teléfono con el líder del gobierno español Pedro Sánchez, uno de los firmantes junto a Brasil, Chile, Colombia y México.
Orsi señaló que, al cuestionar la intervención de un país en el territorio de otro y pedir por una solución pacífica de las controversias, su gobierno lo único que estaba haciendo era mantener una “posición histórica” que se remontaba a 1965, cuando Estados Unidos invadió la República Dominicana y Uruguay tuvo un rol activo en el Consejo de Seguridad de la ONU en el que estaba como miembro no permanente.
Ese posicionamiento fue enunciado por el embajador Carlos María Velázquez, un profesor de historia y derecho internacional que se había formado bajo la influencia intelectual de Luis Alberto de Herrera y había sido designado en Nueva York por el segundo colegiado blanco (1963-1967).
Las actas del Consejo Nacional de Gobierno y del Consejo de Seguridad de la ONU dan cuenta que las palabras de Velázquez no fueron aisladas sino que respondieron a instrucciones acerca de cómo actuar provenientes de Montevideo.
El Poder Ejecutivo –con asesoramiento de los juristas Eduardo Jiménez de Aréchaga y Héctor Gros Espiell– procuró articular los discursos en Naciones Unidas con los que el embajador Emilio Oribe pronunciaba en la OEA, el primer organismo en tratar el caso.
La orientación fue manifestar el “desagrado” de Uruguay frente a la intervención, algo que –además– se encuadraba dentro de la “más estricta tradición jurídica de América Latina”, al decir de Velázquez.
La discusión en ONU
La ocupación estadounidense comenzó el 28 de abril de 1965 y se extendió hasta el 27 de setiembre de 1966. En Naciones Unidas, el caso se debatió con intensidad en el Consejo de Seguridad entre mayo y junio del primer año.
Esos días, Velázquez planteó las razones del país para oponerse. Mencionó que dos artículos de la carta de OEA no habilitaban el uso de la fuerza ni ningún tipo de injerencia y decían que el territorio era inviolable, algo que también estaba contenido en los fundamentos de Naciones Unidas.
“Este nuevo corolario de la doctrina Monroe, no constituye ni una doctrina estrictamente jurídica ni una doctrina americana”, dijo el 4 de mayo al argumentar la posición.
Esta doctrina fue una política exterior estadounidense de comienzos del siglo XIX –con James Monroe como presidente– que buscó que Europa no interviniera ni avanzara en América bajo la premisa de que América era para los americanos y que existía una esfera de influencia estadounidense.
“No puede ser considerada doctrina jurídica puesto que la idea que en ella se expresa, de que si bien las revoluciones constituyen prima facie asuntos internos de cada país que a ellos solo toca resolver, dejan de serlo para transformarse en asuntos que exigen la acción hemisférica cuando su objeto es el establecimiento de una dictadura comunista, va, al parecer, más allá del alcance de todas las normas vigentes en el sistema interamericano y constituye, en su espíritu y en su expresión, una fórmula que mi delegación no puede considerar compatible con el principio de autodeterminación de los pueblos”, expresó Velázquez.
Luego reiteró que el gobierno uruguayo no estaba de acuerdo con “la interpretación contenida en esta doctrina (Monroe)” y que la situación que estaban tratando era prima facie contrata al derecho internacional.
“Mi país conoció desde temprano por su propia experiencia histórica, tan dolorosa como la de nuestros demás hermanos latinoamericanos, la necesidad de que el mundo se halle regido de modo efectivo por el respeto a las reglas del derecho y la moral internacionales, sin todo lo cual, mientras la dura razón de Estado siga desempeñando, como sigue, un papel primordial en el juego de las relaciones internacionales, el destino de los países pequeños seguirá siendo aventurado e incierto”, señaló.
El embajador habló de “razones bien realistas” por las que los “países pequeños” consideraban que la aplicación “estricta y fiel de las normas jurídicas” era una de las “piezas fundamentales de nuestra propia seguridad”.
“Los grandes pueden estirar los textos hasta donde quieran porque, en definitiva, si se trata de tomar decisiones jurídicas basadas en la voluntad, no en la razón, son ellos quienes podrán dictarlas. Los países pequeños necesitamos aferrarnos intransigentemente a las normas, al derecho. Necesitamos saber, por razones de verdadero interés nacional, hasta dónde podemos ir y, eventualmente, y esto es lo más importante hasta dónde se nos puede llevar”, agregó.
Por último, consideró que el respeto del derecho y el ajuste de la conducta internacional a las normas jurídicas constituye el “único camino para la consolidación de los valores de la cultura, de la libertad y de la dignidad. No hay civilización sin derecho, como no hay tampoco libertad sin derecho”.
“Resulta pues, paradójico que se sugiera que para reafirmar la democracia y la libertad violemos el derecho y abramos la puerta a la arbitrariedad; paradójico y tremendamente peligroso para los mismos valores que queremos defender”, sentenció.
