La Fiscalía de Paso de los Toros llevaba adelante una investigación por faena clandestina de lechones y por eso le había dado la orden a la Dirección Nacional de Seguridad Rural de realizar un control de ruta y detener al principal indagado, ahora condenado, el 19 de diciembre pasado.
Tras ser detenido, el imputado llamó a un comerciante conocido que lo había ayudado a colocar los lechones. Le comentó que le habían sacado el auto y los lechones, a lo que el comerciante se ofreció a averiguar del caso y le dijo que iba a llamar al jefe de Policía. Minutos después le devolvió la llamada diciéndole que el jefe no tenía conocimiento pero que iba a averiguar.
Quince minutos después lo volvió a llamar: “Vo, la denuncia vino de Florida (…) lo que estás escuchando, recién hablé con el Jefe de Policía la denuncia vino de la regional de Florida y tenés el teléfono pinchado”. Desconcertado, el detenido le preguntó: “¿quién tiene el teléfono pinchado?”. “Vos tenés el teléfono pinchado”, le informó, según consta en lasolicitud de formalización a la que accedió El Observador.
Ese pinchazo le permitió a la fiscalía conocer que el jefe de Policía John Saravia le había revelado la información. Pero tardó un tiempo en comprobarlo porque el oficial del caso intentó ocultarlo, quién también resultó imputado por la omisión de los funcionarios públicos de denunciar delitos.
Al pedir la imputación, la fiscal destacó que esos hechos “no fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Paso de los Toros, ni tampoco se radicó denuncia al respecto”.
El oficial del caso con fecha 16 de febrero de 2024 elevó un informe a la Fiscalía, en el que mencionó las conversaciones del detenido con el comerciante, “haciendo referencia únicamente a la negociación de 13 lechones, pero en nada hace mención a las comunicaciones relacionadas al Jefe de Policía de Tacuarembó”.
Tres días después se realizaron allanamientos y detenciones de los involucrados en la maniobra de faena clandestina y la fiscal le pidió al oficial del caso más información con respecto a las escuchas. Ese mismo día le entrega las transcripciones totales “de forma desprolija, sin orden cronológico en cuanto a fechas de cada comunicación, y sin ningún tipo de destaque de la información que surgía que comprometía al Sr. Jefe de Policía de este departamento”.
Al darse cuenta de esa situación el equipo fiscal pidió información sobre los teléfonos del comerciante y del jefe de Policía para conocer el histórico de llamadas. Tras cruzar esa información se verificó la triangulación de llamadas existentes entre los teléfonos de Saravia, y de éste con el oficial ayudante a cargo de la Brigada Departamental Rural y con el número del director de Seguridad Rural Willard González.
Además se corroboró que una vez realizadas estas llamadas Saravia se comunicó con el comerciante, que a su vez llamó al detenido y le informó que tenía el teléfono pinchado.
La fiscal Fabiana Corbo señaló en su escrito de pedido de imputación que esas comunicaciones transcurrieron en 17 minutos. La llamada entre González y Saravia duró tres minutos, y la misma duración tuvo la llamada del jefe al comerciante.
Eso fue tema del interrogatorio de la fiscal al comerciante, que declaró como testigo, y dijo que cuando el condenado le ofreció los lechones lo puso en contacto con otro conocido de él que "necesitaba lechones para la fiesta de fin de año y para regalar". Además contó que tenía el teléfono del jefe de Policía porque le había pasado información para un procedimiento de drogas y para informarle de otras cosas de las que se enteraba en la zona.
El tercer imputado de este caso fue justamente el exdirector de Seguridad Rural, quien había sido desplazado en julio pasado por este caso. La investigación probó que ante el requerimiento del jefe le dio la información. Según el artículo 163 del Código Penal comete revelación de secretos el funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, en razón de su cargo, que deben permanecer secretos. Se castiga con suspensión de seis meses a dos años y multa de 10 UR a 3.000 UR.
En este caso la fiscal pidió imputarles el delito de revelación de secretos agravado; para el caso de González la fiscal pidió sumarle el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar delitos. González apeló este último delito y la Justicia no le hizo lugar, informó Subrayado.
