Pablo Nicolás Bruzzone Castro, de 42 años, y Jorge Maximiliano Percovich Molaguero, de 30 años, estaban trabajando en el ómnibus que usaban como oficina de la fábrica de ticholos “Ticholos del Uruguay S.R.L.” en Empalme Olmos. Eran las 17.30 del 21 de setiembre de 2023, cuando Humberto Radiccioni ingresó armado al ómnibus y luego de una breve discusión les disparó a unos dos metros o tres metros de distancia.
El imputado "segó alevosamente dos jóvenes vidas, sin posibilidad alguna por parte de las víctimas de prevenir el ataque" o defenderse, afirmó la fiscal Silvia Blanc en la acusación a la que accedió El Observador y en la que pidió la pena máxima de 30 años de penitenciaría por un delito de homicidio muy especialmente agravado por la alevosía con que lo cometió.
La fiscal presentó la acusación al cumplirse once meses del crimen por el que Radiccioni fue imputado y por el que cumple prisión domiciliaria en su casa de Atlántida. La fiscal ha insistido con pedir prisión efectiva y ahora en la acusación lo vuelve a plantear.
Los mató porque tenían una deuda pendiente
En el relato que la fiscal hace de los hechos al pedir la condena, señaló que Radiccioni utilizó un revólver Smith & Wesson calibre 38 apuntando "hacia zonas vitales del cuerpo de ambas víctimas". Luego salió del ómnibus y segundos después, volvió a entrar y continuó con los disparos, como quedó registrado en una cámara que hay en el lugar.
Entre la primera y la segunda tanda de disparos, Percovich herido, logró llamar al 911. "Sufrimos disparos en Empalme Olmos, en una fábrica... por favor, dos personas estamos heridos, por favor manden un móvil", pide en la llamada que entró 17:32. Luego se escucha que dice "no, por favor", y se escuchan más disparos.
Luego de los ataques Radiccioni también llamó al 911 y dijo que había disparado a dos personas. Tiró el arma en un espacio verde cerca del portón principal, e ingresó a su casa que estaba en el mismo predio donde funcionaba la fábrica.
En la llamada al 911 Radiccioni afirma que eran socios con las víctimas, que tenía el 50 %, y que desde octubre no le pagaban nada por lo que habían discutido fuertemente varias veces en el día. Luego, ante el agente de la Policía que lo detuvo, volvió a relatar que había tenido una fuerte discusión con las victimas, "porque tenían una deuda de dinero pendiente con él, razón por la cual les disparó", dijo la fiscal.
Un empleado de la Ticholera, que se encontraba trabajando en el momento del asesinato, manifestó haber escuchado dos disparos, por lo que se asomó por una ventana y vio salir a Radiccioni del ómnibus con el revólver en la mano. Relató que la relación entre el imputado y las víctimas era “un tire y afloje” en relación a la fábrica.
La fiscal señala que en 2019, Radiccioni le propuso a Bruzzone, a quien conocía porque le realizaba trabajos como escribano, formar una sociedad para instalar la fábrica de ticholos. Bruzzone le presentó a Percovich, rematador público y se asociaron los tres.
"El 3 de agosto de 2020 fue constituida por documento privado la Sociedad de Responsabilidad Limitada “TICHOLOS DEL URUGUAY SRL”, por Augusto Timoteo Radiccioni Curbelo (hijo del imputado y titular del 50 % del capital social), Jorge Maximiliano Percovich (titular del 25 % del capital social) y Pablo Nicolas Bruzzone Castro (titular del 25 % del capital social)", recoge la fiscal y luego aclara que si bien formalmente la sociedad comercial se encontraba conformada por las víctimas y uno de los hijos de Humberto Radiccioni, "en el día a día, quien ejercía su cuota parte de participación como socio de la sociedad comercial referida era el imputado".
La fiscal insistirá en que cumpla la condena en prisión
Luego de cometido el crimen Radiccioni fue imputado por homicidio con prisión domiciliaria que ha sido extendida en dos oportunidades y está vigente ahora hasta el 24 de octubre. En las audiencias que se realizaron ante el vencimiento de la medida la fiscal pidió que fuera enviado a prisión, sobre todo luego de que en una oportunidad la tobillera había estado apagada 4 horas. Sin embargo, la Justicia mantuvo la prisión domiciliaria.
Se realizaron varias pericias médicas por su estado de salud y fue diagnosticado con síndrome parkinsoniano y lesiones tumorales en la mejilla. También se le realizó una pericia siquiátrica que determinó que el imputado "no presenta síntomas psiquiátricos" y lo definió como "una persona irascible e irritable en situaciones de conflictos vinculares". Concluyó que "no existe del punto de vista psiquiátrico incapacidad para comprender la naturaleza de sus conductas, sin alteración en la conciencia ni de su juicio".
La fiscal señaló que el director del INR, Luis Mendoza, informó que cuenta con la Unidad n.º 1 (Punta de Rieles) para alojar a presos con el tipo de patologías que padece Radiccioni.
En el juicio, la fiscal insistirá en que Radiccioni cumpla la condena en prisión y por eso propuso a Mendoza como testigo para que de fe de ello, al igual que la jefa médica del INR para que explique la asistencia médica que podrá recibir. También convocó a otros seis policías entre los que participaron de la investigación, y los que asistieron a la escena del crimen, a dos empleados de la fábrica y a la escribana que constituuyó la sociedad entre Radiccioni y sus socios asesinados.
