La fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, donde se tramitan el caso Cardama, la compra de la estancia María Dolores, República Ganadera, entre otros, continuará a cargo del fiscal de Delitos Económicos de 3° Turno, Gilberto Rodríguez, hasta el 11 de setiembre. Según dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía, la fiscal de Corte Mónica Ferrero le comunicó que la subrogación se extendería durante algunas semanas más.
La Fiscalía General de la Nación enfrenta un problema para completar las vacantes que se van generando continuamente por ascensos, traslados o bajas por enfermedad, debido a que cuenta con limitados recursos.
Relevamiento para la fiscalía de Delitos Económicos
Mientras tanto, la fiscalía de Corte hizo un relevamiento entre los fiscales para que los interesados en ocupar ese cargo se postulen. Ese mecanismo ya había sido utilizado cuando se creó la Fiscalía Especializada de Cibercrimen por la ley de Presupuesto de 2025.
En ese caso se designó al fiscal Alejandro Machado, quien fue trasladado justamente desde la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno. Según informó a El Observador la fiscal de Corte Mónica Ferrero al responder a un pedido de acceso a la información pública, el relevamiento se realizó entre el 26 de enero y el 13 de febrero entre fiscales letrados de Montevideo, fiscales adscriptos y fiscales adjuntos de Montevideo. En total se postularon 18 fiscales y los primeros en hacerlo el 2 de febrero fueron Machado, y sus colegas Mirna Busich y Verónica Bujarín.
Si bien, luego del traslado de Machado, la fiscal de Corte la había ofrecido el cargo al fiscal de Flagrancia Diego Pérez y éste había accedido, siempre que pudiera avanzar en determinadas causas que lleva adelante, ello “no se pudo cumplir” por lo que decidió quedarse en su actual cargo.
Esa decisión motivó un enfrentamiento con su exjefe, el actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien opinó que no le sorprendió que se diera "marcha atrás" a la designación de Pérez, y consideró que era “razonable” que le haría "bien al funcionamiento del sistema de justicia”.
Pérez le respondió a Díaz y dijo a El Observador que los comentarios “se inscriben en un mensaje de poder y lo más grave" es que van dirigidos al fiscal "que se designe” en Delitos Económicos. Agregó que le parece "normal" que al jerarca del gobierno le preocupe la causa en la que él, como fiscal, iba a intervenir (en relación a Cardama), "porque tiene marcados intereses específicos en este caso que sin duda vician su opinión".
"La real preocupación que ha motivado los comentarios de Díaz (es que) le consta de sobra que nunca he sido permeable a ningún tipo de presión y eso lo tiene muy claro", agregó Pérez.
Pocos fiscales, certifiaciones y venias
Esta semana la fiscal Ferrero homologó el resultado del tribunal del último concurso que se realizó y de allí surgirán pedidos de venias que enviará al Parlamento. La fiscal de Corte subrogante también está a la espera de la votación de Rendición de Cuentas de la Cámara de Diputados, ya que tiene la expecativa de que se apruebe la creación de dos fiscalías más que pidió.
Actualmente además de la fiscalía de Delitos Económicos, están vacantes las dos fiscalías de Artigas, hay tres fiscales embarazadas que en pocos meses saldrán con licencia maternal y varios certificados por temas de salud, entre ellos la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, titular de la sede que tramita el caso Penadés y se certificó hace más de un año, en julio de 2025. Desde entonces la fiscal suplente Isabel Ithurralde ocupa ese cargo en forma interina.
Por otra parte, este miércoles 26 juraron dos fiscales en nuevos destinos. Se trata de las fiscales Victoria Cristiani, que asumió en Salto, y Ana Inés Iriarte, que lo hizo en Bella Unión. Esas venias habían quedado en suspenso en junio por una polémica generada en el Senado. El día en que la Cámara de Senadores iba a votarlas, a pedido del senador Daniel Caggiani, se sacaron de la agenda. Luego se supo que la tercera fiscal de la lista, Fernanda Delpino, no había accedido al destino que se le propuso y se cuestionó que no se había respetado el orden de prelación del concurso. Finalmente, se aclaró que en ese caso se aplicó el régimen anterior y se siguió la norma.
Delpino es fiscal adscripta en la fiscalía que tramita la denuncia contra el intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra en la fiscalía de Durazno. El titular que era Diego Chaves fue trasladado a Libertad, luego de que sufrió amenazas y asumió en su lugar Paula Goyeni.
