"Hasta yo mismo tenía la duda", reconoció Bruno a El Observador. Según su relato, cuando comenzó a revisar el expediente y a buscar personas que habían presenciado lo ocurrido llegó a una conclusión distinta de la hipótesis inicial: "Fue de forma consensuada, totalmente consensuada".
La noche en el Parque Roosevelt
La sentencia permite reconstruir cómo comenzó todo. Era el 9 de setiembre de 2025 y los tres imputados habían terminado sus funciones como militares. Junto con otros compañeros fueron hasta una plaza del polideportivo de Paso Carrasco, ubicada en Parque Roosevelt, a pocas cuadras del Batallón de Ingenieros de Combate Nº6.
Allí estuvieron tomando mate, vino y escuchando música. Cerca de las 23:50 se acercaron a una joven de 19 años para pedirle su celular y poner música. Después, uno de ellos volvió a acercarse. La reconstrucción que Fiscalía y defensa terminaron acordando señala que ese militar y la joven mantuvieron relaciones sexuales.
Luego se sumaron los otros dos, y es en ese punto donde el desenlace judicial se distancia de la acusación que había marcado el comienzo de la causa: la sentencia establece que las relaciones fueron consentidas.
La situación, sin embargo, ocurría en una plaza y podía ser observada por otras personas. Una amiga de la joven vio lo que sucedía, se acercó y le preguntó si quería preservar su privacidad. Ante la respuesta afirmativa, le señaló que estaban realizando actos obscenos en un lugar público y llamó al 911: la Policía llegó y detuvo a los tres militares.
Bruno sostiene que el caso quedó condicionado desde aquellas primeras horas por una idea que, según su interpretación, resultaba difícil de aceptar para quienes intervinieron inicialmente: que una joven hubiera querido mantener relaciones sexuales con varios hombres.
"Fue una lucha contra el prejuicio", dijo. "Les parecía inverosímil que una chica quisiera tener sexo con tres al mismo tiempo", agregó el abogado, quien asegura que durante meses la defensa intentó demostrar que la hipótesis del consentimiento no era incompatible con lo que efectivamente había ocurrido.
"Todo este prejuicio nosotros lo tuvimos que batallar en los juzgados para demostrar que, aunque usted no lo crea y le parezca inverosímil, fue así", afirmó.
Esa interpretación pertenece a Bruno. La sentencia no establece que la Fiscalía o la Justicia hayan actuado por prejuicios de género, ni cuestiona en esos términos a quienes intervinieron en las primeras etapas del expediente.
La búsqueda de las pruebas
Para Bruno, uno de los capítulos centrales de la historia ocurrió lejos de las audiencias judiciales. El abogado sostiene que fueron la defensa y las familias de los militares quienes salieron a buscar a personas que habían estado aquella noche en el lugar y podían reconstruir lo sucedido.
Según relató, durante meses reclamaron que determinados testigos fueran ubicados. Finalmente, aseguró, los localizaron ellos mismos. "Nosotros mismos con los familiares conseguimos los testigos que por fin aparecieron", señaló.
Bruno también sostiene que la defensa buscó registros de cámaras que consideraba relevantes y que mostraban el comportamiento de la joven después del episodio. "La propia cámara que se visualiza, saliendo lo más tranquila de comprar cerveza, también la buscamos nosotros", dijo, antes de remarcar: "La defensa produjo la prueba", distinguió.
La sentencia, entregada a El Observador, no detalla quién obtuvo cada una de las evidencias que se incorporaron durante toda la investigación, por lo que no es posible atribuir documentalmente esos elementos exclusivamente a la defensa. Lo que sí permite comprobar el fallo es hasta dónde había cambiado la causa cuando llegó el momento de la condena.
El expediente todavía estaba caratulado por "un delito de abuso sexual especialmente agravado", pero esa ya no fue la acusación que Fiscalía llevó al proceso abreviado. El Ministerio Público pidió que los tres militares fueran condenados por ultraje público al pudor y la defensa no formuló reparos ni sobre esa calificación jurídica ni sobre la pena solicitada. El juez terminó concluyendo que los hechos configuraban ese delito y no uno de naturaleza sexual contra la joven.
Los pedidos para que salieran de prisión, rechazados
Mientras la investigación avanzaba, los tres militares estuvieron privados de libertad. Bruno asegura que en dos oportunidades pidió que pudieran continuar el proceso bajo arresto domiciliario porque, según entendía entonces la defensa, las pruebas ya comenzaban a apuntar hacia una relación consentida.
"Una y otra vez le decíamos a la juez que merecían estar en su casa mientras se ventilaba todo, porque todo apuntaba a que en realidad había sido todo consensuado", recordó. Los planteos, según Bruno, fueron rechazados.
El abogado cuestiona con dureza aquella etapa y atribuye parte de esas decisiones a prejuicios de quienes intervenían en el expediente. Incluso vincula el cambio posterior en la causa con el relevo de juez y fiscal. Se trata, nuevamente, de una valoración de la defensa que no aparece recogida como conclusión en la sentencia.
Bruno también cuestiona las declaraciones iniciales de la joven. Sostiene que "al principio no quería denunciar" y que posteriormente fue modificando su relato hasta incurrir, según su interpretación, en un "falso testimonio".
La resolución judicial obliga a hacer una distinción importante: la joven no fue condenada por falso testimonio ni por realizar una denuncia falsa, y el fallo tampoco establece que haya cometido esos delitos, sino que es una valoración que corresponde exclusivamente al abogado de los militares.
Lo que sí terminó establecido en el proceso abreviado fue que el encuentro sexual había sido consentido. "Cada uno de los testigos que estaban presentes dijeron lo mismo", afirmó Bruno. Para el abogado, las características del episodio hicieron que esa posibilidad resultara inicialmente difícil de aceptar: "Eran tres militares, hombres, con una chica de 19 años en un parque. La sociedad no podía creer que estuvieran haciéndolo de forma consensuada".
La condena y lo que puede pasar ahora
El giro de la causa no significó que los militares quedaran absueltos. Los tres aceptaron los hechos establecidos en el proceso abreviado y fueron condenados como autores de un delito de ultraje público al pudor a 24 meses de prisión. Para determinar la pena, la Justicia consideró como atenuantes la confesión y que ninguno tenía antecedentes, mientras que computó como agravante "el carácter público del agente, al ser los tres militares".
Parte de la pena ya se encontraba cumplida por el tiempo de prisión preventiva y medidas domiciliarias. El saldo pasó a un régimen de libertad a prueba que incluyó, entre otras obligaciones, fijar domicilio, someterse a orientación y vigilancia, presentarse semanalmente en una seccional y realizar servicios comunitarios.
Bruno aseguró que esos trabajos ya fueron cumplidos. Pero para sus clientes todavía queda otra consecuencia, esta vez fuera de los juzgados: los tres enfrentan un procedimiento que podría terminar con su baja del Ejército.
El abogado intenta ahora que las autoridades militares miren la historia completa de la causa y no únicamente la existencia de una condena penal. "Estamos apelando a la conciencia de la comandancia, de las autoridades principales del Ejército", señaló.
Su planteo es que se considere como una situación excepcional que los jóvenes hayan sido detenidos e investigados inicialmente por un presunto abuso sexual y que, meses después, la propia plataforma de hechos aceptada por Fiscalía estableciera que las relaciones habían sido consensuadas.
La Justicia, finalmente, no los absolvió. Los condenó por lo que ocurrió aquella noche en el Parque Roosevelt, pero no por el delito por el que el caso había comenzado. La sentencia, en definitiva, quedó consentida por todas las partes.
