La Intendencia de Montevideo publicó en las últimas horas las resoluciones de dos casos de irregularidades de funcionarios de la comuna que, tras superarse todos los pasos protocolares, terminaron con severas sanciones.
El primer caso es el de un funcionario que se desempeñaba en el Servicio de Convivencia Departamental y fue echado de la comuna por sus “profusos antecedentes disciplinarios” y por situaciones de “violencia laboral” contra su jefa.
Según consta en la resolución de la IM, su jefa tenía “temor” de él por actitudes violentas, algo que llegó al punto cúlmine el 8 de julio de 2024: ese día el hombre “le manifestó a la jefa operativa que estaba en conocimiento de cuál era su domicilio, sin ningún motivo que justificara el comentario”.
En ese momento, el trabajador fue sumariado y apartado del cargo, para proteger a la funcionaria. Sin embargo, estando impedido de ir a trabajar, en dos ocasiones (febrero y marzo de 2025) el hombre se presentó en la puerta de la comuna e intentó entrar. En la segunda ocasión, como con la huella dactilar no se le permitía el paso, golpeó la puerta hasta que un funcionario le dio acceso.
El mismo funcionario tuvo otro episodio grave: realizó una “denuncia pública” con “graves acusaciones” a través de la “radio institucional”, una señal destinada a “temas laborales” de los inspectores de la intendencia. “Causó un claro perjuicio al buen funcionamiento del servicio y expuso a los demás compañeros inspectores a que las personas con las que deben interactuar por razón de sus funciones (vendedores ambulantes, dueños o empleados de locales en los que estuvieran trabajando, entre otros), escucharan las graves acusaciones que realizaba”, detalló la comuna.
Aún así el hombre no fue destituido, sino que se intentó “insertarlo” en otras áreas, algo que tampoco funcionó por “diversos actos de omisión en el ejercicio de los deberes propios de su cargo”. Finalmente, en las últimas horas la IM solicitó a la Junta Departamental que apruebe su destitución.
Certificados truchos
El segundo caso es el de una funcionaria del Municipio F que ingresó a la comuna en 2022 y no había tenido antecedentes disciplinarios.
Luego de más de un año de investigación -el sumario se estableció en enero de 2025- se comprobó que la funcionaria “adulteró certificados médicos en varias oportunidades, con el ánimo - y así lo hizo-, de gozar de días de licencia médica, y de esa manera obtener un provecho individual ilegítimo, provocando, en contrapartida, un daño a la Administración”.
Fue sancionada con 95 días de suspensión sin goce de sueldo.
El caso también pasó a la órbita de la Justicia a raíz de la denuncia presentada meses atrás por la comuna. Al momento no ha habido avances a nivel fiscal.