Diez adultos mayores murieron en un residencia de Treinta y Tres que, según el Ministerio de Salud Pública, estaba “en buenas condiciones”. La cartera había dado trámite a dos denuncias respecto al funcionamiento, pero, tras la investigación, constató que allí “se cumplía la normativa”.
En un comunicado oficial, en el que Salud Pública lamenta la tragedia, aclara que, la última fiscalización del residencial había arrojado buenos resultados. Fue en marzo y entonces los inspectores destacaron que habían sido solucionadas algunas observaciones (formales) apuntadas en una anterior visita.
El residencial en cuestión no se encuentra entre los 221 que están habilitados. Pero sí es parte de los 852 con registro y que el Ministerio fiscaliza. “El proceso de habilitación de un ELEPEM tiene tres instancias diferentes y consecutivas. En una primera etapa el MSP luego de recibir documentación necesaria y de realizar una primera evaluación, emite un certificado de registro; luego el ELEPEM debe lograr un certificado por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos para que luego, por último, el MSP lo habilite”, recordó el ministerio.
Por su parte, la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) pidió la renuncia de mandos medios y superiores del área de Inmayores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del área de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública (MSP). Consideran que existe una "irresponsabilidad de las autoridades" que influyó en el incidente.
"Si seguimos con los mismos funcionarios de siempre haciendo lo mismo, difícilmente obtendremos resultados diferentes", criticó la organización.
Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) investigará de forma "grave y urgente" la forma en la que fue controlado el residencial por parte del MSP, informó a El Observador la directora Jimena Fernández. Sin embargo, las conclusiones a las que pueda llegar esta institución no son vinculantes.
