El juez letrado de Tacuarembó Oscar Suárez resolvió prorrogar hasta el 6 de febrero de 2025 la prohibición al director del Hospital departamental, Ciro Ferreira, de acercarse a la instrumentista que lo denunció por violencia de género. Además dispuso que Ferreira realice un tratamiento psicológico con “enfoque en violencia de género” y que la víctima continúe con el tratamiento que inició en enero.
Como parte de la sentencia, el juez les ordenó acreditar en el juzgado una vez por mes que están recibiendo el tratamiento. Asimismo pidió que en un plazo de 90 días se realice un informe de valoración de riesgo por parte del equipo técnico, según surge de la sentencia a la que accedió El Observador.
Ferreira que es cirujano, es el director del Hospital de Tacuarembó desde 1992. Bajo su gestión el hospital ha llevado adelante un proceso de modernización y ha hecho punta con el Centro de Neurocirugía, inaugurado en 2001.
La denunciante es una instrumentista que ejerce desde hace más de 20 años y también trabaja en la mutualista del departamento donde coincide con Ferreira a quién denunció ante la Policía el 12 de diciembre de 2023 luego de que este la persiguiera por el hospital gritándole, informó el periodista Eduardo Preve en la red X.
Según consta en esa denuncia el director se presentó a las 6.15 de ese día en block quirúrgico y luego de que ella la respondiera: “Ya me hiciste bastante daño", empezó a seguirla por el hospital en un "episodio de ira" hasta que salió a la calle, dónde se escondió. Desde allí se trasladó a la unidad especializada de violencia de género de la Jefatura para radicar la denuncia. El 18 de enero se realizó audiencia judicial con abogado y desde entonces se mantienen vigentes las medidas que ahora fueron extendidas por seis meses más.
El juez consideró que ante los "insultos, agresiones e intento de doblegar la voluntad de la víctima" se demuestra que subsiste "una relación conflictiva que torna verosimil una situación de violencia basada en género".
Ferreira representa "un daño de alto impacto"
Para tomar la resolución el juez evaluó un informe de la psicóloga que viene tratando a la denunciante, quien señaló que “ha venido trabajando el miedo que le tiene al Sr. Ferreira”. Planteó que si bien la paciente se esfuerza en poner en práctica las estrategias planteadas en la terapia, “necesita más tiempo sin estar expuesta a quien le produce daño. Tiempo para poder lograr autonomía y poder aplicar de una forma eficaz herramientas de autocuidado y protección".
La profesional evaluó también que la presencia de Ferreira representa "un daño de alto impacto por la cronicidad y asiduidad de explosión ante quien le produce afición y dolor, ya que su agresor es su jefe en los distintos lugares de trabajo. Necesita de año o más, para lograr avances”.
En su informe dejó constancia de que la paciente consultó a partir de enero de 2024 por episodio de estrés reactivo e intensa angustia por “maltrato laboral” y violencia de género, por lo cual presentó la denuncia y fue asistida en policlínica de violencia de género.
“Se le otorgó licencia médica por un período corto de tiempo por trastorno de ansiedad con síntomas de estrés parasimpático leve. Cuando fue controlada en marzo ya se había reintegrado a trabajo. En último control realizado a mediados del mes de junio se encontraba bien... Aún mantiene cierto temor de encontrarse con la persona a la cual denunció, pero trataba de organizar sus horarios para evitar cruzarse”.
El juez también tuvo en cuenta que como consecuencia de la investigación administrativa Ferreira “fue sancionado con dos días de suspensión y se lo exhortó a no reiterar conductas similares, bajo apercibimiento de imponer sanciones más severas”.
También tuvo en cuenta la actitud del denunciado en audiencia, que “si bien actuó en forma correcta, no mostró el mínimo de empatía con la situación, queriendo justificar su accionar con su profesión, la importancia de su labor como médico cirujano, la presión a la que está sometido en cada cirugía y hasta detalló supuestos errores cometidos en su trabajo por la denunciada”.
“No quedando dudas a este decisor del fuerte temperamento de Ferreira (…) que se maximiza con su posición de poder, que deja a la denunciante en una situación extrema de vulnerabilidad, que trató de controvertir, restándole trascendencia y justificando una situación de presión laboral en el marco de una cirugía de la que deviene incomprensible que un galeno con la vasta experiencia como la del denunciado pueda dejarse influir hasta tal punto de no gestionar sus emociones debidamente”,afirmó el juez.
También apuntó a que la ley de género (19.580), establece como criterio de actuación, privilegiar los derechos humanos fundamentales de la mujer, ante el fenómeno cultural de la violencia de género y ofrecer una protección que sea oportuna y llegue "antes que el daño se produzca o si éste ya se está verificando, se proceda a su eliminación".
El juez consideró necesario entonces prorrogar las medidas dado que la denunciante se encuentra en un proceso de reparación del daño de la violencia vivida, que aun no ha podido superar pese al apoyo de especialistas mientras que el denunciado en "posición de poder ha pretendido a lo largo de todas las etapas (declaraciones en audiencia y ante la valoración de riesgo) justificar su accionar".
El juez determinó que las medidas a adoptarse deberán impedir al denunciado mantener contacto con la denunciante y asimismo ordenar a la mutualista y a ASSE, a que adopte las medidas necesarias para que no se afecte el derecho al trabajo ni la carrera funcional de la víctima.
