El juez Sebastián Casanello esta vez apeló a que hubo "ignorancia deliberada" y la Cámara Federal porteña es quien definirá si revoca por cuarta vez el fallo
La Justicia argentina procesó nuevamente a los "facilitadores profesionales" uruguayos, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, acusados de intermediar en el lavado de sobornos en una trama de corrupción vial.
Esta vez, el juez federal Sebastián Casanello apeló a que hubo "ignorancia deliberada" y la Cámara Federal porteña es quien definirá si revoca por cuarta vez el fallo, informó el medio argentino La Nación. La "ignorancia deliberada" es la doctrina que permite inferir el dolo aun sin prueba directa de conocimiento.
Pérez Montero y Ribeiro Ricci son acusados de actuar como engranajes técnicos que permitieron que un soborno de un millón de dólares que habría cobrado el titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, adquiriera apariencia de legalidad.
Ambos permanecerán en libertad, pero deberán afrontar embargos por $900 millones cada uno, a la espera de que la Cámara Federal porteña defina si revoca los procesamientos que dictó el juez, quien se apoyó en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo.
Al frente del Occovi, Gentili controló los peajes en rutas argentinas durante años. Según reconstruyó la investigación judicial, habría cobrado retornos en licitaciones de los concesionarios de corredores viales, motivo por el que convocó intermediarios especializados en mover dinero negro.
Sin embargo, la Cámara Federal consideró repetidas veces que no había evidencia suficiente para sostener que Pérez Montero y Ribeiro Ricci conocieran el origen ilícito de los fondos. El juez Casanello sostuvo que no es necesario probar que los "facilitadores profesionales" conocían de modo directo el origen espurio del dinero que ayudaron a mover para Gentili cuando existen indicios contundentes de que ambos eligieron no saberlo. Es decir, que actuaron bajo una "ignorancia deliberada".
Los defensores de los acusados afirmaron que el juez no aportó ningún argumento novedoso que justifique que la Cámara Federal cambie de parecer.