La nueva estructura de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue objeto de fuertes cuestionamientos durante la comparecencia de sus autoridades ante el Senado, particularmente por la desaparición de la Asesoría Letrada como tal y por la integración de la unidad que tramita las denuncias.
En la nueva división de denuncias trabajan dos abogadas presupuestadas que ya integraban la Jutep y una tercera profesional incorporada mediante un pase en comisión solicitado por la mayoría del Directorio. Legisladores opositores cuestionaron que un área técnica tan sensible se complete mediante ese mecanismo, al tiempo que el oficialismo reconoció que se necesitan más abogados para tramitar las 400 denuncias sin atender, aunque también sostuvo que es necesario contratar politólogos y sociólogos.
La Jutep está integrada por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti por el oficialismo, y por Luis Calabria en nombre de la oposición.
En la comparecencia ante la Comisión del Senado que considera el proyecto de Rendición de Cuentas, Ferraris confirmó que la Asesoría Letrada dejó de existir bajo esa estructura y defendió la nueva reorganización: “No es que desaparezcan los servicios jurídicos de la Jutep. (…) Es un Departamento Jurídico Notarial”, dijo. El vocal de la oposición Luis Calabria, que votó contra la reestructura, lo resumió de otra manera: “La asesoría letrada como tal no existe”.
Las dos abogadas presupuestadas que permanecen en la Jutep continúan trabajando ahora dentro de la nueva División Gestión de Denuncias. Esa unidad se completa con una tercera abogada incorporada mediante un pase en comisión solicitado por la mayoría oficialista del directorio.
Ese fue uno de los puntos que generó mayor atención de los parlamentarios. La senadora nacionalista Graciela Bianchi recordó que las anteriores integrantes de la Asesoría Letrada habían ingresado por concurso y señaló que “los pases en comisión son cargos de confianza”.
El colorado Robert Silva planteó que, aun cuando legalmente se recurra a pases en comisión, un organismo de control debería utilizar procedimientos que garanticen mayor independencia en la selección de quienes cumplen funciones técnicas. Recordó que en otros organismos se hacían llamados precisamente porque “no se quería integrar un organismo con pases en comisión de conocidos de los directores de turno, y menos en la Junta de Transparencia y Ética Pública”. Además, sostuvo que los pases en comisión “no pueden ser resueltos como se dijo aquí por la mayoría del directorio”.
El blanco Rodrigo Blás fue más categórico y cuestionó directamente la utilización de ese mecanismo para tareas técnicas: “Tampoco es legal cubrir funciones técnicas con funcionarios en comisión de una persona, no del organismo”, sostuvo. Blás agregó que, si se pide “al contador tal y al abogado tal” y luego se descubre una filiación política, “ya de pique anulamos la capacidad, la libertad y la imparcialidad de esa persona a la que después se encomienda estudiar o investigar”.
La presidenta de la Jutep defendió el mecanismo. Ferraris sostuvo que las funcionarias que tramitan las denuncias son las mismas que integraban la Asesoría Letrada. “Las mismas personas están desarrollando la misma tarea”, dijo y explicó que se recurrió al pase en comisión porque a una de las tres abogadas de esa unidad “se la llevaron en comisión para Presidencia”. Los pases, agregó, “han cumplido la función de apagar el incendio” mientras se sustancian los concursos, ya que “la Jutep no puede parar”.
Calabria controvirtió esa explicación: “A mí no me consta que el pase en comisión haya sido a causa del pase en comisión que se fue. De hecho, a mí no se me trasladó de esa manera”.
La Jutep reconoció que esa área atraviesa un fuerte atraso en al tratamiento de las denuncias a ser evaluadas. Ferraris admitió que existen “más de 400 denuncias atrasadas” y sostuvo que resulta imposible atender ese volumen con apenas dos abogadas presupuestadas.
Al describir las futuras incorporaciones en la Jutep para analizar las declaraciones juradas Ferraris señaló: “estamos pensando en escribanos, sociólogos, algún politólogo, más abogados, naturalmente, porque con tres abogadas haciendo la tramitación de las denuncias, está complicado”.
La senadora Bianchi también cuestionó la desaparición de la Asesoría Letrada: “Me preocupa que desaparezca la asesoría letrada, que estaba compuesta por tres abogadas que accedieron por concurso”. Y Silva observó que en la nueva estructura el asesoramiento jurídico “bajó mucho jerárquicamente respecto a las divisiones que tienen competencia”.
