La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) reclama a la Dirección General Impositiva (DGI) más de 7 millones de pesos por el pago de los premios por el Mundial de Rusia 2018 al cuerpo técnico de Óscar Tabárez, entrenador de la selección uruguaya en esa competencia.
AUF se encuentra en un juicio contra la DGI en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los premios al cuerpo técnico de la selección uruguaya en Rusia.
La DGI, tras una inspección, reclamó el pago de ese impuesto, que asciende a $7,4 millones y fue abonado por la AUF “bajo protesta” en febrero de 2022, aunque luego reclamó ante el TCA por ese dinero, más multas y recargos.
Este juicio forma parte de la auditoría independiente realizada a la AUF, enfrascada en una demanda contra su ejecutivo por el manejo de sus arcas promulgada por varios clubes, que tiene como trasfondo la disputa por los derechos de televisación.
Sobre el final del informe, realizado por la consultora Grant Thornton, se detallan una serie de juicios que la AUF tiene en curso, algunos como codemandada junto a Tenfield. Dos son de árbitros y jugadores por derechos de imagen y ascienden a US$ 28,6 millones.
La institución tiene provisiones –en caso de tener que pagar– por US$ 17.181 ya que de acuerdo a su Asesoría Letrada “en ninguno de los procesos le asiste razón a la parte reclamante”. A su vez, –señala la AUF– el contrato de cesión de derechos con Tenfield “exonera a la AUF ante este tipo de reclamos, siendo de cargo de Tenfield el pago de dichos derechos si así correspondiera”.
Para Grant Thornton, de todos modos, “existe incertidumbre de un eventual monto de condena”.
¿Cómo sigue la denuncia de AUF a la DGI por el IRPF de los premios a Tabárez?
Según indica la auditoría, es "previsible" que la sentencia del TCA sobre la denuncia de la AUF a la DGI se conozca a fines del año que viene o a principios del 2026.
Tras la presentación de la demanda, en el pasado mes de agosto ambas partes presentaron sus alegatos de defensa.
Estos serán analizados por un Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (PECA), quien dictaminará si dará lugar o no a la demanda. Desde Grant indicaron que esto puede demorar entre tres o cuatro meses.
Si el procurador da lugar a la demanda, el caso pasa a los ministros del TCA, que tienen la responsabilidad de confirmar o anular el acto administrativo impugnado "en todo o en parte", fallo que además es "inapelable". Este proceso dura alrededor de un año.