El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) fue advertido en 2024 por el estudio jurídico Delpiazzo de que el astillero español Cardama presentaba documentación "a los ponchazos" y de forma desprolija e incompleta, aspectos que lo descalificarían en cualquier proceso de licitación.
En noviembre de 2024, el proceso de validación de las garantías del contrato entre el MDN y Cardama, para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV), estaba a punto de finalizar.
Sin embargo, a pesar de que se habían aceptado los borradores de los documentos, los últimos envíos del titular del astillero, Mario Cardama, no superaban el escrutinio del estudio Delpiazzo, encargado de asegurar la legalidad de las garantías, según informó Búsqueda.
En ese marco, el consignado medio reveló mensajes de WhatsApp, audios y correos sobre las conversaciones mantenidas entre el entonces director de Recursos Financieros del MDN, Damián Galo, y el titular del estudio, José Miguel Delpiazzo, donde este último manifestó sus reparos con respecto al astillero.
El 4 de noviembre Defensa recibió desde España documentación "original" sobre lo que se suponía eran las garantías de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce Bank y el reembolso otorgado por Redbridge Insurance.
Tras esto, enviaron los documentos al estudio y el director de Recursos Financieros le consultó un día después a Delpiazzo cómo veía los documentos.
"La verdad… no acreditan nada de lo que les pedimos…", le respondió el abogado.
Después, en un audio de un minuto y medio, Delpiazzo le aseguró a Galo que los documentos remitidos por el astillero no cumplían con los requisitos necesarios, a pesar de que aparentaban ser originales.
Explicó que, aunque los papeles tenían algunos "apostillados", no lograban certificar la autenticidad de los firmantes ni su capacidad para otorgar las garantías.
"Es como mucho papel, como que aparenta cuando lo abrís que cumple, pero después empezás a ver el contenido y no", mencionó.
En ese contexto, Delpiazzo propuso contactarse directamente con los letrados de Cardama para aclarar las inconsistencias. "Lo mejor va a ser que yo hable con el abogado de él, porque me parece que este Cardama va a los ponchazos tirando lo que le parece, y la verdad que es preocupante", expresó.
Al otro día, por correo y WhatsApp, el abogado derivó a la cartera los comentarios formales sobre los documentos.
Sobre la garantía de Redbridge Insurance, señalaron que no se podía certificar la autoridad del firmante, Edmund Santiago, acerca de la aseguradora.
En cuanto al aval del EuroCommerce Bank, expusieron que los documentos no estaban apostillados ni certificaban que la persona que firmaba, Alex Walsh, tuviera facultades para emitir la garantía, además de que la dirección registrada en los documentos no coincidía con los registros públicos.
Ante esto, Delpiazzo reiteró su interés de contactarse con los abogados del astillero, quienes "sin dudas comprenderán estos aspectos" que solicitan.
"Son cosas que pueden parecer formales, pero son de base. Si yo me presento a una licitación con estas garantías, cualquier administración me descalifica si no cumplo estas cosas. No debería costarle nada conseguir esto que le estamos pidiendo", apuntó en un audio.
"Creo que esto que mandó viene más de una confusión que de un ocultamiento o de intentar engañar", agregó.
Tras varios días de intercambio, Delpiazzo logró contactar directamente con un abogado de EuroCommerce Bank, quien se comprometió a enviar el documento necesario para certificar que Walsh tenía la autoridad para emitir la garantía. Pese a esto, no fue suficiente para que Cardama enviara la documentación de forma correcta.
"La verdad que preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor, una y otra vez", apuntó el representante legal.
El dueño del astillero envió un acta de manifestación tomada supuestamente por el notario Luis Calabuig De Leyva que sostenía que el ciudadano español Francisco Sabater Cabanes había declarado que Alex Walsh tenía poder de firma en EuroCommerce Bank. Sin embargo, y según informó en su momento el consignado medio, el notario presentó casi un año más tarde una denuncia penal en España por falsificación de firma.
EuroCommerce con sede en Londres, fue dada de baja en el registro oficial del Reino Unido meses atrás por diversos incumplimientos.
