El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se mostró en contra de las "aprobaciones fictas" a proyectos luego que El Observador informara que diez iniciativas –entre ellas cuatro barrios privados– fueron autorizadas por demoras de su cartera.
En una rueda de prensa, el ministro señaló que en la última Rendición de Cuentas envió un artículo para impedir esas aprobaciones, pero "no fue votado".
"Tomamos la medida de que quienes tuvieran expedientes demorados tenían que dar las explicaciones del caso so pena de una investigación administrativa. Lo que hacemos es no llegar a ese período (de aprobación ficta) y esa es la indicación que he dado como ministro", dijo Bouvier.
Las aprobaciones fictas
El Observador informó a fines de mayo que Ambiente otorgó entre 2020 y 2023 diez aprobaciones fictas (automáticas) a diferentes proyectos de ordenamiento territorial pese a que algunos tenían observaciones de sus servicios técnicos y otros contaban con informes que sugerían rechazarlos.
Los proyectos, que incluyen desde el desarrollo de barrios privados en Canelones hasta modificaciones para construir sobre una laguna, fueron presentados por diversas intendencias y terminaron recibiendo el visto bueno porque a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y a la Dirección General de Secretaría se les venció el plazo que tenían –por ley– para expedirse.
El Observador accedió a la información tras revisar, en las últimas semanas, una veintena de expedientes que totalizan más de 20 mil páginas y que fueron tramitados por las intendencias. El acceso fue concedido mediante dos solicitudes de información pública.
La documentación también muestra que, en otras tres ocasiones, los proyectos fueron aprobados por las autoridades contra la opinión de los servicios técnicos pero con informes favorables de asesores.
El artículo 47 de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (18.308) establece que “todos los instrumentos de ordenamiento territorial, a excepción de los del ámbito nacional, deberán contar con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”, la cual debe ser aprobada por la Dinacea (exDinama) de Ambiente.
La normativa agrega, en su artículo 25 –y en el 9 del decreto que la reglamentó–, que la administración tiene 30 días para expedirse y que si se vence el plazo sin que se pronuncie “se entenderá como emitido en sentido favorable”.
Los diez proyectos fueron aprobados porque los pedidos de modificaciones –con sugerencia de rechazo en algunos casos– no fueron enviados a tiempo por parte de Ambiente.
Al ser fictas, las autorizaciones no tienen resolución de aprobación, sino simplemente una comunicación interna del ministerio a las intendencias que las habilita a continuar con los desarrollos. Obtener la EAE es el primer paso para desarrollar un proyecto, ya que muchas veces supone una recategorización de los suelos.
La identificación de las aprobaciones fictas motivó algunos cambios en la gestión de expedientes –para evitar que fueran recibidos al filo del plazo– algo que, de todas formas, no impidió que las situaciones volvieran a ocurrir.
